Los Ángeles.- Entre el temor y ansiedad que paraliza a millones de inmigrantes y familias de estatus migratorio mixto, entra en vigor la nueva norma de carga pública de la Administración Trump el 18 de septiembre, que de acuerdo a expertos, tiene un impacto disuasorio.
Durante una conferencia organizada por American Community Media, los ponentes analizaron lo que está en juego para los residentes de California y el impacto de la nueva norma en las diversas comunidades del estado respecto al acceso a beneficios públicos federales.
El arma de la Administración Trump
Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Protecting Immigrant Families Coalition, dijo la Administración Trump utiliza la norma de carga pública como arma para desestabilizar a las familias inmigrantes de color y de bajos ingresos y empujarlas, junto con sus hijos nacidos en Estados Unidos, a situaciones de carencia.
Explicó que la nueva normativa, que deroga el reglamento de carga pública de 2022, incluidas las protecciones basadas en el sentido común, abre la puerta a que el proceso de evaluación se base en políticas partidistas e incluso en prejuicios personales de los funcionarios del DHS.
“En esencia, los funcionarios del DHS ahora pueden tomar en cuenta cualquier programa de red de seguridad social, incluidos programas críticos como Medicaid y WIC, bajo la nueva política, prácticamente no existen programas exentos, salvo los beneficios de jubilación del Seguro Social y otros beneficios universales obtenidos por derecho propio”, señaló.
Cadena dijo que, incluso, los funcionarios del DHS pueden examinar la situación de cualquier miembro de la familia y evaluar dichos beneficios.
“El uso de programas como CHIP y Head Start por parte de hijos que son ciudadanos estadounidenses podría interpretarse como un indicio de que el solicitante de la tarjeta de residencia (green card) tiene bajos ingresos, lo que a su vez desencadenaría una determinación de carga pública”, comentó.
También agregó que las directrices del DHS alientan a los funcionarios a rechazar solicitudes de residencia basándose incluso en discapacidades u otras condiciones de salud.
“Sabemos que la verdadera amenaza es el efecto disuasorio que esto genera, alejando a las familias inmigrantes de los beneficios que necesitan”, añadió. “Esta nueva política de carga pública pretende obligar a las familias a elegir entre solicitar la residencia, ya sea ahora o en el futuro, y acceder a servicios básicos esenciales, como alimentación, vivienda y atención médica”, indicó.
Cadena dijo que es conocido quelas consecuencias son graves, porque ya se ha visto anteriormente.
Señaló que esta nueva normativa de carga pública resulta mucho más peligrosa en el momento actual, cuando la administración está llevando a cabo acciones agresivas, incluso con despliegue de fuerza armada, contra las comunidades inmigrantes.
“Se está infringiendo la ley al deportar a ciudadanos estadounidenses, compartir información privada y personal con el ICE y realizar redadas en lugares que antes se consideraban seguros, como guarderías y hospitales”, dijo. “Por ello, prevemos que el efecto disuasorio será mucho más profundo”.
Cadena opinó que la nueva política de Trump es totalmente incompatible con los valores como nación y con la voluntad del pueblo estadounidense porque las decisiones sobre la norma de carga pública son trascendentales, y las familias deberían poder optar por permanecer unidas.
Dijo que el gobierno de Estados Unidos no debería tomar estas decisiones importantes basándose en criterios secretos, en políticas partidistas o agendas políticas, ni en prejuicios relacionados con la salud, la discapacidad o la raza.
“Sabemos que esta política contradice la opinión pública, ya que el 83 por ciento de los estadounidenses está a favor de que los inmigrantes con estatus legal tengan acceso a las redes de protección social”, comentó.
La ejecutiva expresó que lo que se puede hacer es instar a los líderes electos a que tomen medidas.
Informó que más de 50 miembros del Congreso, incluidos 15 integrantes de la delegación de California y sus dos senadores, sumando un total de 15 senadores estadounidenses, ya han copatrocinado una iniciativa legislativa para bloquear la implementación de esta normativa.
“Por tanto, este proyecto de ley debe ser una prioridad para los líderes electos, especialmente para la dirección demócrata durante las negociaciones presupuestarias de fin de año”, comentó. “En segundo lugar, los líderes estatales también tienen un papel fundamental que desempeñar”.
Dijo que en 2019, una coalición de más de 20 fiscales generales presentó una demanda para bloquear la primera política de carga pública de Trump.
“Esperamos y confiamos en que esos líderes vuelvan a actuar porque las familias inmigrantes son esenciales para la fortaleza y el carácter de nuestra nación y de nuestras comunidades”, expresó Cadena. “Por ello debemos tomar medidas inmediatas para protegerlas de esta política perjudicial y desacertada”.
Efecto disuasorio
Ariel Brown, del Immigration Legal Resource Center (ILRC), opinó que la nueva norma de carga pública, comparada con la regla anterior implementada durante el primer mandato de Trump, es más estricta.
“La nueva normativa es más subjetiva y propensa a sesgos, lo que genera confusión y un efecto disuasorio entre los inmigrantes que utilizan programas de asistencia social”, dijo.
Brown explicó que la nueva norma, al igual que la anterior, va a generar (y ya está generando) mucha confusión, y eso es algo deliberado.
“Provocará un efecto disuasorio, tanto en lo que respecta al uso de programas vitales de protección social a los que los inmigrantes tienen derecho y que realmente necesitan, como en cuanto a las vías migratorias que pueden seguir legítimamente”, comentó.
Aseguró que esta regla no se aplica a refugiados, asilados, titulares de visas T y U ni a la renovación de la tarjeta de residencia permanente (*green card*).
“Queremos mitigar en la medida de lo posible esa confusión y ese miedo recordando a la gente que esta norma no se aplica a todos los inmigrantes”, expresó, “no afecta a refugiados, asilados, titulares de visas T y U, residentes permanentes (titulares de green card) que solicitan la renovación de su tarjeta o la ciudadanía estadounidense, ni a muchos otros grupos”.
El representante del ILRC añadió que tampoco afecta a quienes no tienen una vía migratoria inmediata ni planean presentar ninguna solicitud de inmigración.
“Esto implica consultar a un representante legal de confianza, un abogado o un representante acreditado para evaluar sus opciones, ver si tienen algún trámite pendiente en el futuro cercano y, dependiendo de la vía que pudieran seguir, si es que tienen alguna, determinar si dicha vía conlleva o no una prueba de carga pública”, dijo.
Recalcó que la norma de carga pública no se aplica a todos los inmigrantes ni a todas las solicitudes de inmigración.
“Quiero subrayar que la regla de carga pública no modifica los criterios de elegibilidad para los programas de beneficios públicos.
Prevén impugnaciones legales
Brown pronóstico que se prevén impugnaciones legales similares a las que enfrentó la norma anterior, alegando arbitrariedad, falta de análisis de costos y una posible intención discriminatoria.
“Los plazos, las demandas y los desafíos legales en comparación con la primera administración Trump parecen ser algo más lentos esta vez, pero sabemos que habrá organizaciones, estados y otros grupos que lucharán para bloquear esta norma, a pesar de que está previsto que entre en vigor dentro de tres días”, expresó.
Dijo que durante la primera administración Trump se vio una gran oleada de demandas en todo el país impugnando aquella primera norma sobre la carga pública.
Brown dijo que en ese entonces también se argumentó que el gobierno no evaluó correctamente los costos y los perjuicios que la medida conllevaría y que se sostuvo que el procedimiento seguido para implementar estos cambios infringía la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Algunas demandas también invocaron el principio de igualdad de protección ante la ley, basándose en el impacto desproporcionado que se preveía para los inmigrantes no blancos procedentes de África y América Latina, y alegando que la norma estaba motivada por una intención discriminatoria indebida”, agregó.
También dijo que un factor que complicó la situación durante la primera administración Trump fue la coincidencia con la pandemia de COVID-19.
“Esto hizo que resultara aún más grave el hecho de que la norma disuadiera a las personas de acceder a servicios de salud críticos y vitales, además, probablemente contribuyó a algunas de las rápidas decisiones judiciales que observamos respecto a aquella primera norma de Trump”, finalizó Brown.
Millones de menores afectados
Sarah Dar, vicepresidenta de Políticas y Defensa de Derechos de The Children’s Partnership, indicó que más de 3,7 millones de menores de 18 años podrían verse afectados potencialmente con la nueva norma de carga pública.
“El 44 por ciento de los 8,6 millones de menores de 18 años del estado viven con al menos un progenitor nacido en el extranjero. Más de la mitad de estos niños son bilingües y más de un millón tiene un progenitor indocumentado”, comentó.
Dijo que una encuesta rápida realizada por el Centro de Stanford para la Primera Infancia reveló que al 61 por ciento de los padres de California le preocupa que las medidas de control migratorio afecten su participación en servicios de cuidado infantil, y que el 66 por ciento manifiesta sentirse menos seguro.
En total, se estima que más de un millón de niños californianos tienen un progenitor indocumentado, y más de uno de cada cuatro niños en familias inmigrantes son ciudadanos estadounidenses cuyos padres no lo son (un tipo de familia de estatus mixto, aunque, como saben, existen muchas variantes de este tipo de familias).
“Aquí en California hay una gran cantidad de niños que podrían verse afectados por esta medida; no necesariamente porque ellos mismos deban someterse a la prueba de carga pública, sino porque algún miembro de su hogar podría tener que hacerlo”, comentó.
Dar recordó que esta nueva normativa permite a las autoridades migratorias considerar si alguien en el hogar ha recibido algún tipo de beneficio sujeto a comprobación de recursos económicos y tomarlo en cuenta en su contra.
“Para muchos padres y familias, esto representa una gran preocupación”, añadió. “Se trata de situaciones en las que tienen un hijo ciudadano estadounidense o un hijo elegible para servicios sujetos a pruebas de recursos económicos, y les inquieta que el uso de dicho beneficio afecte su caso migratorio; este es un factor de gran peso en California, mucho más que en cualquier otro estado del país. Y esto se suma a los desafíos que estas familias ya enfrentan”.
Dijo que los niños de familias inmigrantes constituyen una proporción desproporcionada de la población infantil en situación de pobreza.
Agregó que el 17 por ciento de los niños en familias inmigrantes vive por debajo del umbral federal de pobreza, frente al 13 por ciento de los niños cuyos padres nacieron en Estados Unidos.
“Por tanto, la situación no hará más que agravar estas cargas si las personas ya no pueden contar con los servicios que les ayudan a salir adelante”, comentó.
Dar dijo que de acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Stanford para la Primera Infancia (*Stanford Center on Early Childhood*) con niños pequeños de cero a tres años entre septiembre de 2025 y junio de este año, junio de 2026, el 61 por ciento de los padres encuestados en California expresaron su preocupación de que las medidas de control migratorio pudieran afectar su acceso a servicios de cuidado infantil.
Explicó que el 66 por ciento manifestó sentir una menor seguridad y un menor sentido de pertenencia debido a dichas medidas en sus comunidades.
“Y el 62 por ciento señaló la pérdida de empleo o las dificultades económicas como formas en que las medidas de control migratorio están afectando a su comunidad, mientras el 58 por ciento reportó una disminución de la confianza en las instituciones”, dijo Dar.
Cheryl Branch, directora ejecutiva de Los Angeles Metropolitan Churches, destacó la labor de las organizaciones religiosas y comunitarias a la hora de proporcionar recursos y asesoramiento jurídico, subrayando la importancia de las redes de apoyo locales, a los miembros de la diáspora negra impactada por la nueva norma de carga pública.
Por su parte, Daniel Torres abordó la respuesta del estado de California y detalló los esfuerzos para educar y apoyar a las familias mediante colaboraciones y servicios legales.
También recalcó que la intención de la política era precisamente generar ese efecto disuasorio, lo que podría suponer un ahorro anual de 13 mil millones de dólares para el gobierno federal.
