Rob Bonta, fiscal general de California, explicó que confía en la solidez de la demanda que California y una coalición de 22 estados implementaron ante la Corte Suprema para bloquear la norma de «carga pública» de la administración Trump que implementó el 18 de septiembre.
Durante una videoconferencia organizada por American Community Media, Bonta explicó que el litigio está en sus etapas iniciales porque lo presentaron apenas hace dos semanas.
“Pero confiamos en la solidez de nuestro caso y seguiremos impulsándolo”, expresó. “Creemos que la ley y los hechos nos respaldan”.
Explicó que en caso de obtener una orden favorable al principio, el gobierno federal podría apelar o desistir.
“Han hecho ambas cosas en el pasado, así que todo depende de ellos y de cómo reaccionen ante lo que esperamos lograr en este caso: una orden judicial a nuestro favor”, dijo.
Bonta afirmó que es importante contar con el respaldo de varios estados en esta demanda porque le otorga mayor peso a la demanda.
“A veces, California actúa por su cuenta, pero nuestra preferencia es colaborar con otros estados que comparten nuestra postura”, señaló. “Hay 24 fiscales generales demócratas en el país y trabajamos juntos en casos que afectan a los ciudadanos a quienes representamos”.
El fiscal dijo que en este caso los 22 estados forman un gran equipo, con una amplia coalición, experiencia, conocimientos estratégicos y una considerable fuerza operativa y recursos compartidos.
“Hemos comprobado que somos mucho más eficaces actuando en conjunto que por nuestra cuenta o de manera independiente”, expresó. “Este es un ejemplo de cómo utilizamos nuestra autoridad colectiva para hacer frente a una medida ilegal que perjudica a nuestras comunidades inmigrantes”.
Bonta dijo que es difícil saber lo que pasará si el caso llegue a la Corte Suprema.
“La mayoría de los casos no llegan a la Corte Suprema de EU, la gran mayoría se resuelve en los tribunales federales de primera instancia, a veces con la intervención de tribunales de apelación intermedios, como los tribunales de circuito, y la Corte Suprema sólo interviene en raras ocasiones, aunque obviamente lo hace en asuntos de gran trascendencia.
“Ya lo he dicho antes y lo repito. Confiamos en cualquier tribunal. Creemos que los hechos y la ley nos asisten”, manifestó. “Somos conscientes de que la Corte Suprema no siempre ha fallado a nuestro favor. Gran parte de esto ha ocurrido en lo que llamamos el «expediente en la sombra» o expediente de emergencia, donde se les solicita suspender una orden dictada a nuestro favor por un tribunal inferior”.
Dijo que han logrado victorias en este ámbito de urgencia es, por ejemplo, en el caso sobre el voto por correo del Servicio Postal de EU la semana pasada.
“La orden de emergencia de la Corte Suprema nos favoreció al mantener vigente la orden del tribunal inferior que bloqueaba la interferencia ilegal de la administración Trump en el voto por correo. Por tanto, nos sentimos seguros ante cualquier tribunal”, comentó.
Incluso, dijo que es muy posible que este caso se resuelva sin necesidad de llegar a la Corte Suprema de EU.
“Pero, si eso sucede, nos sentimos seguros porque se trata de una medida tomada por la administración federal en la que, si simplemente se analiza la ley y se aplica a los hechos, deberíamos prevalecer, y eso es precisamente lo que la Corte Suprema de EU debería hacer”, dijo.
Lucha
Bonta agregó que los tribunales han sido un freno importante contra las acciones ilegales de la administración Trump, es decir, del poder ejecutivo.
“La diferencia que quisiera señalar, y el peligro y el daño que la medida HR-1 causa a nuestras comunidades en California y en otros lugares, radica en que se trata de una ley aprobada por el Congreso, y el Congreso tiene la facultad de ejercer su autoridad”, comentó.
Dijo que a pesar de que Trump no recurrió al Congreso, con la HR1 sí colaboró con el Congreso para imponer algo muy doloroso al público estadounidense, incluso en temas de salud y para las comunidades más vulnerables.
“Prefiere actuar rápido y a su manera, y a menudo lo hace intentando ejercer una autoridad que no posee”, dijo Bonta. “Ahí es donde interviene la ley, nosotros podemos actuar para bloquearlo y detener esas acciones ilegales que afectan a la gente y a nuestras comunidades inmigrantes”.
Resaltó que la demanda sobre la norma de «carga pública» es un ejemplo de ello.
“Creemos que saldremos victoriosos”, comentó. “Y cuando eso ocurra, será importante compartir los resultados y aclarar cuáles son las reglas vigentes y cuáles no, para evitar precisamente lo que usted mencionaba: el caos y la confusión”.
Dijo que las acciones referentes a la norma de carga pública causan confusión y provoca que las personas tengan incertidumbre y miedo y tomen decisiones equivocadas.
“Como el caso evoluciona tan rápido y el proceso judicial tiene distintas etapas. La situación oscila constantemente, y es comprensible que algunas personas se sientan desconcertadas o confundidas sobre lo que está sucediendo, cuál es el estado actual de la ley y qué normas deben seguir.
“Por ello, nuestra labor es informar sobre la situación actual”, comentó. “Nos parece importante comunicar cuándo hemos logrado detener alguna medida de la administración Trump que haya generado miedo, caos o confusión, y lo haremos también en este caso”.
Objetivo que quita el sueño
“Lo que me quita el sueño es que sabemos que el objetivo de esta política es afectar a personas a las que no debería aplicarse, es lo que llamamos el ‘efecto disuasorio’”,expresóKim Johnson, secretaria de Salud y Servicios Humanos de California respecto a la norma de “carga pública».
Agregó que la idea de que cualquier californiano se quede sin alimentos, sin atención médica o sin cubrir sus necesidades básicas, cuando existen recursos disponibles para ello, es, sin duda, algo que no me deja dormir”.
Aseguró que el estado cuenta con recursos dirigidos a todos los californianos y que, en este momento, se hace todo lo posible por ayudar a las personas a gestionar la obtención de la ayuda que necesitan, en el momento en que la necesiten.
La diversidad de California es su fortaleza
Johnson dijo que le da esperanza queahora los californianos tengan una perspectiva diferente sobre la necesidad de ofrecer beneficios públicos y protección a los inmigrantes.
“Creo que todos tenemos ahora una perspectiva diferente sobre cómo la salud de nuestros vecinos repercute en nuestra propia salud y en la de nuestras familias”, expresó.
Resaltó que la gran diversidad del estado de California es la fortaleza, y que aprendieron, durante la temporada di Covid 19, que existe una conexión entre todos los residentes.
“Esta es una oportunidad para seguir liderando como siempre lo hacemos: demostrando que, al ampliar el acceso a la atención médica, logrando la tasa más baja de californianos sin seguro en toda la historia bajo esta administración, y al mejorar nuestra salud general gracias al apoyo mutuo que nos brindamos, avanzamos en la dirección correcta”, señaló. “Creo que ese es el camino a seguir y que hemos demostrado que esto nos beneficia a todos”.
Política cruel
Johnson, opinó que la nueva norma de “carga pública” se trata de una política cruel que otorga a los agentes de inmigración discrecionalidad prácticamente ilimitada, y lamentable, para negar la residencia permanente a una persona porque solicitó, obtuvo o recibió beneficios de un programa de asistencia pública, sin importar el motivo ni la duración de dicha ayuda.
“Está diseñada para obligar a las familias inmigrantes a renunciar a la atención médica y a los programas de asistencia alimentaria, incluso cuando los necesitan, por temor a que su uso ponga en peligro su estatus migratorio”, expresó.
Resaltó que lo que es más importante para de esta norma, en la que el Estado de derecho es nuestra guía fundamental, es ilegal.
Explicó que el concepto de “carga pública” se ha referido a una persona que depende principalmente del gobierno, que significa depender del gobierno para la gran mayoría del sustento económico y para cubrir las necesidades básicas de supervivencia.
“No se refiere a la asistencia alimentaria, ni a la ayuda para pagar el alquiler, ni al uso de Medi-Cal para llevar a un hijo al médico», señaló. “No es lo mismo que utilizar beneficios públicos para llegar a fin de mes durante un periodo de inestabilidad a corto plazo o por un tiempo limitado”.
La secretaria de Salud y Servicios Humanos de California destacó que tampoco implica el uso prolongado de un beneficio público que ayuda a afrontar un aspecto específico de los desafíos de la vida.
Dijo que los programas de beneficios públicos existen para que las familias puedan garantizar alimentos nutritivos en la mesa y mantener un techo bajo el cual vivir, y para que, en tiempos difíciles, los niños reciban atención médica preventiva antes de que un problema de salud se convierta en una emergencia.
Pero Johnson añadió queesta norma considera todo esto como motivo para negar la residencia permanente (tarjeta verde) a los inmigrantes.
“Y va aún más allá”, comentó.“Establece que, si un niño es ciudadano estadounidense pero sus padres no lo son, los beneficios que ese menor recibe legalmente pueden utilizarse en contra de sus padres. La administración quiere castigar a las familias inmigrantes por utilizar beneficios a los que sus hijos tienen pleno derecho legal y de los que dependen”.
Dijo que el Congreso nunca tuvo la intención ni autorizó que los funcionarios de inmigración tuvieran una discrecionalidad ilimitada para negar el estatus legal a una persona por utilizar programas gubernamentales.
“Por ello, solicitamos al tribunal que anule esta regla ilegal y las directrices que la acompañan. Porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Lo hemos demostrado una y otra vez”, expresó.
Dijo que la medida podría afectar a millones de familias, tanto de ciudadanos estadounidenses como de personas que no lo son.
Johnson informó que durantela primera administración Trump, uno de cada cuatro adultos inmigrantes de bajos ingresos en California evitó utilizar programas públicos por temor a las consecuencias que ello pudiera acarrear para su estatus migratorio.
También comentó que entre quienes se abstuvieron de usarlos, casi la mitad eran ciudadanos estadounidenses o titulares de la tarjeta de residencia permanente (*green card*).
“Casi la mitad. Eso significa padres que luchan por poner comida en la mesa, familias que pierden su vivienda, padres e hijos que faltan a citas médicas necesarias”, expresó. “Eso es lo que provoca el miedo y la confusión. Alejan a las personas de la asistencia a la que tienen derecho legal, agregó. “Ya nos hemos enfrentado a esta administración cuando ha actuado ilegalmente para perjudicar a las comunidades inmigrantes. Hemos ganado. Y tenemos la intención de volver a hacerlo en esta ocasión”.
