Los Ángeles.- Más de 66 millones de estadounidenses que viven en zonas rurales del país enfrentan una crisis creciente en cuanto a la asequibilidad y el acceso a la atención médica, denunciaron expertos.
La crisis se manifiesta con mayor gravedad en el cierre de hospitales rurales: según datos de mayo de 2026 del Centro para la Calidad de la Atención Médica y la Reforma de Pagos (Center for Healthcare Quality and Payment Reform), 720 hospitales rurales corren peligro de cerrar.
De ellos, 294 se encuentran en riesgo inmediato y podrían cerrar en un plazo de 2 a 3 años. Los pacientes con necesidades urgentes se ven obligados a recorrer distancias mayores para acceder a servicios de atención de urgencia.
Durante la conferencia “Rural Health Care at a Breaking Point: Who Can Afford to Stay Healthy?” Organizada por American Community Media, los ponentes agregaron que aproximadamente el 8,4 por ciento de quienes viven en zonas rurales carece de seguro médico y esprobable que sientan un nuevo impacto a medida que entren en vigor los cambios en Medicaid y en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).
En general, cerca de cinco millones de estadounidenses perdieron su cobertura de seguro médico, ya que las primas mensuales aumentaron una media del 25 por ciento en enero.
Las organizaciones de defensa de la salud prevén que las primas volverán a subir un 15 por ciento en enero de 2027.
“Los problemas de atención sanitaria en las comunidades rurales se han agravado y puesto aún más en peligro debido a los cambios normativos que estamos presenciando”, dijo la doctora Katherine Hempstead, asesora principal de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson. “Las zonas rurales enfrentan desafíos de salud inherentes, incluso antes de estos profundos cambios en las políticas que analizamos hoy”.
Explicó que en general, las comunidades rurales presentan tasas de pobreza más elevadas que las no rurales, y muchas de ellas sufren un descenso demográfico y un envejecimiento extremo de la población.
Dijo que por norma general, la salud de la población rural es más precaria que la de la urbana.
Añadió que se observan mayores tasas de enfermedades crónicas, tabaquismo y causas externas de muerte, como el suicidio y la sobredosis de drogas.
“Además”, comentó, “se observan factores determinantes sociales de la salud, tales como una nutrición deficiente, dificultades para acceder a alimentos nutritivos, riesgos laborales y exposición a productos químicos, y las elevadas tasas de cáncer”.
Hempstead dijo que entre los numerosos desafíos de salud poblacional que se presentan en este tipo de entornos, se encuentra un sistema de salud financieramente muy frágil.
“Muchos pequeños hospitales rurales operan con márgenes mínimos o negativos”, expresó.
La asesora dijo que otro problema en las comunidades rurales es la persistente escasez de profesionales sanitarios, con una proporción de personal por habitante muy inferior a la de otras zonas.
El impacto de la ley ACA
Hempstead dijo que el impacto de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), tiene una normativa que está teniendo repercusiones realmente profundas y, según muchos, catastróficas, especialmente para el programa Medicaid.
“Se prevé que esta ley provoque una reducción de un billón de dólares en el gasto federal destinado a Medicaid a nivel nacional durante la próxima década”, comentó. “Esto conlleva una pérdida considerable de cobertura”.
Dijo que se estima que aumentará en 283 mil millones de dólares la demanda de atención no remunerada.
“Esto sucede porque las personas pierden su seguro, pero siguen teniendo problemas de salud, por lo que acuden a los centros sanitarios sin capacidad de pago”, indicó.
La asesora dijo que esto supone una carga enorme para los proveedores de servicios de salud en todas partes, pero especialmente en las zonas rurales.
Informó que de acuerdo a las proyecciones, debido a los cambios tanto en Medicaid como en el mercado individual (el mercado de seguros de la ACA), entre 10 y 15 millones de personas se quedarán sin seguro en los próximos 10 años, lo que representa un aumento masivo de la falta de cobertura.
“Si tenemos en cuenta que actualmente hay unos 30 millones de personas sin seguro, se trata de un incremento enorme”, señaló. “Por lo que las repercusiones en las zonas rurales el efecto es bastante profundo, ya que en estas áreas la dependencia de la cobertura pública es mayor”.
‘Mejoralito’
Hempstead indicó que el Fondo de Transformación de la Salud Rural es una especie de medida paliativa, un premio de consolación o una oferta incluida al final de aquella gran ley integral para intentar compensar, al menos en parte, algunos de los impactos, que se preveían desastrosos, en las zonas rurales.
Dijo que la subvención federal de 50 mil millones de dólares se distribuye a los estados durante un periodo de cinco años, comenzando en 2026 y finalizando en 2030.
“Su asignación se realizó mediante un sistema mixto, en parte automático y en parte basado en solicitudes y estimaciones de necesidades”, expresó.
Dijo que de acuerdo a lo que observan con la entrega de algunas de estas subvenciones del programa de transformación de la salud rural en distintos estados, no constituye realmente una solución al problema generado por la ley *One Big Beautiful Bill Act*.
“Enprimer lugar, la cuantía es insuficiente, esa cifra elevada representa apenas el cinco por ciento de un billón”, expresó.
Además, comentó, existe un límite en cuanto a qué parte de esos 50 mil millones puede destinarse directamente a pagar a los hospitales porque gran parte del resto se invierte en proyectos de investigación, proyectos piloto o diversos programas destinados a transformar la prestación de servicios de salud en zonas rurales.
“En segundo lugar, el enfoque es demasiado preliminar o lejano a la atención directa, y por último, cabe destacar que se trata de una solución a corto plazo. El Fondo de Transformación de la Salud Rural dejará de existir en cinco años, pero los problemas derivados de la ley *One Big Beautiful Bill Act* persistirán”, manifestó Hempstead.
Un panorama serio
Neale Mahoney, profesor de Economía en la Universidad de Stanford y becario George P. Shultz en el Instituto Stanford de Investigación de Política Económica, opinó que la situación en el área rural del país el panorama es muy serio.
Dijo que entre algunas de las herramientas políticas que los representantes electos están considerando para intentar revertir esta tendencia es revertir los recortes a Medicaid y los requisitos burocráticos excesivos que amenazan con dejar a 7,5 millones de personas sin cobertura de seguro.
“Ampliar los créditos fiscales mejorados para las primas en los mercados de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) para proteger a los 23 millones de personas que actualmente utilizan estos subsidios, especialmente a los pequeños agricultores familiares”, explicó.
El profesor, quien ha trabajado en políticas de salud durante dos administraciones de la Casa Blanca y asesorando activamente a los responsables de formular políticas, principalmente a nivel federal, resaltó que a veces lo que pasa desapercibido debido a la preocupación por los recortes en la cobertura es la calidad de la cobertura que ofrecen los seguros.
“En las zonas rurales, el 92 por ciento de la población cuenta con cobertura de seguro, pero para muchas de estas personas, el seguro no responde cuando más lo necesitan.
“He escuchado en muchas conversaciones: ‘nuestro seguro no actúa como un seguro’, ‘pagamos cientos, o incluso miles de dólares al mes por la póliza, pero cuando ocurre un percance, el seguro no está ahí para cubrirnos, y terminamos viendo cómo nuestra estabilidad financiera se desmorona’’, comentó.
Expresó que por esa razón está cobrando fuerza un debate político sobre cómo lograr que el seguro responda realmente cuando lo necesitamos.
Mahoney también sugirió soluciones políticas como establecer límites a los gastos de bolsillo en Medicare para evitar la bancarrota por motivos médicos, así como explorar una opción pública o el sistema «Medicare para Todos» (Medicare for All) para desvincular el seguro médico del empleo.
“Debería existir una modalidad de seguro médico sólida y de confianza, de alta calidad y que fomente la competencia en todos los mercados, garantizando así la seguridad de todas las familias.
“Creo que estos problemas se manifiestan con mayor intensidad en las zonas rurales, donde a menudo las pequeñas empresas solo tienen una o dos opciones de planes de seguro para elegir en el mercado de contratación, lo que otorga a dichas aseguradoras un enorme poder de mercado”, señaló Mahoney.
Las disparidades en Tennessee
La doctora Amy Gordon Bono destacó fallos sistémicos en el acceso a la atención y en la solvencia hospitalaria de Tennessee.
“Los residentes enfrentan una gran crisis de acceso a la cobertura médica impulsada por la falta de seguro médico y la limitada expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act)”, señaló.
Tennessee ocupa el quinto lugar a nivel nacional en muertes prematuras de adultos (de 18 a 64 años) y es el estado con la peor tasa de mortalidad materna y las mujeres negras enfrentan una tasa de mortalidad materna casi tres veces superior a la de las mujeres blancas; muchas de estas muertes se consideran evitables.
“Además, la falta de seguros patrocinados por el empleador deja a los trabajadores de bajos ingresos en una situación de vulnerabilidad antes de que alcancen la elegibilidad para Medicare y la viabilidad económica de los hospitales rurales se encuentra bajo una amenaza significativa debido a los cambios en los modelos de reembolso y a la atención no remunerada”, dijo Bono.
También indicó que el 36 por ciento de los hospitales rurales de Tennessee atraviesa graves dificultades financieras, y al menos 12 corren un riesgo inmediato de cierre.
“Si bien, la atención no remunerada a personas sin seguro es un factor influyente, las pérdidas derivadas de los pagos de seguros privados se señalan como una causa principal de los cierres”, expresó.
Bono dijo que el sistema Ballad Health sirve como ejemplo de fallo de mercado derivado de la consolidación mediante un acuerdo de Certificado de Ventaja Pública (COPA, por sus siglas en inglés).
“Este monopolio provocó un aumento de los tiempos de espera en urgencias y reducción de personal, incumplimiento de los estándares de calidad y de las obligaciones de atención benéfica exigidos por el estado y mayores distancias de desplazamiento para acceder a servicios especializados, como unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) o centros de traumatología”, comentó.
Bono subrayó que las decisiones políticas actuales sobre la financiación de Medicaid y la consolidación del mercado seguirán afectando negativamente a las comunidades rurales si no se abordan.
