Por: Las expertas en Elecciones del Brennan Center, Wendy Weiser, vicepresidenta para la democracia en el Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), y Jasleen Singh, abogada sénior y gerente en el Programa de Democracia del Brennan Center.
Durante las elecciones presidenciales de 1863, en pleno apogeo de la Guerra Civil, tropas federales irrumpieron en los centros de votación, según informes, en Delaware, Kentucky, Maryland y Missouri e impidieron que las personas que consideraron desleales votaran. Esto provocó un intenso debate nacional que culminó con la aprobación del Congreso de una ley de 1865 que prohíbe la presencia de “tropas u hombres armados” federales en “cualquier lugar” donde se están celebrando unas elecciones.
La meta principal de esta ley, según sus promotores, fue “evitar que el presidente y sus funcionarios interfirieran en las elecciones”, las cuales son administradas por los estados. Argumentaron que mantener alejados de los centros de votación a los agentes federales armados era necesario para preservar la democracia, aun en medio de una guerra civil.
Esta ha sido la ley vigente y la política respetada por cada administración presidencial por más de un siglo. Hasta ahora.
De cara a las elecciones de medio término, altos funcionarios de la administración Trump se han negado públicamente a descartar la posibilidad de enviar agentes federales a los centros de votación. En septiembre, el secretario Markwayne Mullin del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se podrían enviar agentes de inmigración a los centros de votación para “ejecutar una orden judicial” como parte de los operativos migratorios o si “existe alguna amenaza” en los sitios de votación, añadiendo que “estaremos donde tengamos que estar”.
“ICE no está allí para patrullar los centros de votación”, disimuló Mullin. “Estamos allí para hacerle frente a amenazas específicas”.
Del mismo modo, Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), declaró: “Si hay una razón para acudir allí porque hubo una infracción, sí lo haremos. De lo contrario, no”.
Nos resulta evidente, y a otros expertos en derecho también, que ––salvo situaciones extremas–– enviar a agentes de ICE o del FBI a los sitios de votación sería rotundamente ilegal según la ley de 1865, y otras más. Como señaló acertadamente Daniel Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en agosto: cualquier solicitud para desplegar tropas militares a los sitios de votación sería una “orden ilegítima”. Lo mismo se sostiene para cualquier otro tipo de agentes federales armados.
La única excepción a esta prohibición es el despliegue con fines de “repeler a enemigos armados de los Estados Unidos”. El Congreso de 1865 originalmente incluyó una segunda excepción, permitiéndole a los agentes federales armados “mantener la paz en los centros de votación”. Pero el Congreso derogó esa excepción en 1909 porque los legisladores temían que las autoridades federales podrían utilizar cualquier tipo de disturbio como pretexto para desplegar las fuerzas federales.
En otras palabras, a menos que una potencia extranjera hostil ataque los sitios de votación con armas, es un delito que cualquier agente federal armado acuda a estos centros, incluso para sofocar un altercado. Y, definitivamente, tampoco está permitido presentarse para realizar operativos policiales de rutina o de inmigración.
Si enviar a ICE a las urnas es tan claramente ilegal, entonces, ¿por qué altos funcionarios de la administración se niegan a descartar tal posibilidad? El contexto es fundamental. El gobierno federal ha realizado operativos de inmigración indiscriminados y a menudo violentos en comunidades de todo el país.
Al mismo tiempo, la administración ha difundido teorías conspirativas sobre la votación ilegal generalizada, que a menudo están dirigidas contra las comunidades no blancas. La administración ha desviado a miles de agentes de seguridad nacional, alejándolos de importantes labores de seguridad transnacional, para ponerlos a buscar a los casi inexistentes votantes que no son ciudadanos.
Estos esfuerzos no están revelando ningún problema significativo. Las leyes federales y estatales ya prohíben que las personas no ciudadanas voten en las elecciones estatales y federales, y nuestro sistema electoral hace un gran trabajo en garantizar que solo las personas ciudadanas que cumplen los requisitos voten. Las excepciones son extremadamente infrecuentes, como ya lo han confirmado docenas de estudios, evaluaciones electorales y minuciosas investigaciones.
Esta campaña de intimidación está teniendo consecuencias. Según una encuesta realizada el mes pasado por la Universidad de California, en San Diego, un alarmante 40 % de la ciudadanía en edad de votación esperan que los agentes de ICE estén presentes en los sitios de votación este noviembre. Los votantes de raza negra, hispanos y asiáticoamericanos son tres o cuatro veces más propensos que los votantes blancos a temer que ICE los interrogue en los centros de votación o que miembros de su mismo grupo racial o étnico enfrenten intimidación en las urnas. El temor es real.
Pero, a pesar de todas las amenazas de la administración, los votantes no deben sentirse intimidados. La ley que protege a los sitios de votación de la presencia de las fuerzas federales es una defensa inquebrantable. Cualquiera que viole esa ley estaría cometiendo un delito federal. Las leyes federales y estatales también prohíben cualquier intento de intimidar a los votantes, dónde sea que ocurra.
Diversos grupos de derechos civiles y sindicatos ya han presentado demandas para exigir la rendición de cuentas al gobierno federal por sus intentos de intimidación, incluyendo el Brennan Center, donde trabajamos. Otros abogados en todo el país están listos para acudir a los tribunales para proteger las elecciones en caso de que los agentes federales se presentan ilegalmente en los centros de votación.
Más allá de los tribunales, las autoridades electorales, los funcionarios de los gobiernos estatales, la policía y las organizaciones de protección al votante están preparadas para responder a cualquier caso de intimidación al electorado. Esto incluye planes para mitigar conflictos y planes de contingencia, tales como cambiar los centros de votación si es necesario, para garantizar que todos y todas las estadounidenses puedan seguir votando de forma segura. Los votantes están decididos y no se dejan amedrantar. De hecho, millones de ellos ya emitieron su voto a través de la votación por correo o anticipada.
Nuestro consejo para los votantes preocupados: haz un plan para votar anticipadamente si puedes. Las personas votantes tienen varias opciones para ejercer el voto con confianza. Además de acudir a las urnas el día de las elecciones, pueden votar anticipadamente en persona, o votar con una boleta de voto por correo y depositarla con seguridad en un buzón de devolución, en una oficina electoral o enviarla por correo. También puedes salir a votar con un grupo cercano de tus seres queridos o vecinos.
Es indignante que el gobierno federal se niegue a descartar la idea de desplegar agentes federales en los centros de votación. A nuestro parecer, esto forma parte de una campaña para intimidar a los votantes y socavar nuestras elecciones.
La única forma en la que podrán tener éxito es si las personas votantes no ejercen su voto.
