Las leyes de identificación de votantes y la redistribución de distritos podrían dejar fuera de las elecciones de mitad de mandato a las minorías, personas de bajos ingresos, adultos mayores, residentes de zonas rurales y a quienes votan por primera vez
Los Ángeles.- Los nuevos desafíos legales, las propuestas de requisitos de identificación para los votantes y los cambios en la administración electoral podrían privar de derechos a los votantes más vulnerables, dijeron defensores de los derechos civiles.
Durante la videoconferencia “Are Our Votes Safe? Voting Rights, Voter ID, and the 2026 Election”,organizada por American Community Media, los expertos opinaron que amedida que avanza la temporada electoral de 2026, los derechos al voto y el acceso a las elecciones vuelven a situarse en el centro del debate nacional porque se plantean interrogantes sobre quién puede votar, cómo se emiten las papeletas y si se contabilizarán todos los sufragios válidos.
Agregaron que además dealas minorías, otros sectores perjudicados serían las personas de bajos ingresos, los adultos mayores, los residentes de zonas rurales y quienes votan por primera vez.
Mucho en juego
Thomas A. Saenz, presidente y asesor jurídico general del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), destacó que las próximas elecciones de mitad de mandato son de vital importancia porque está en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado, así como elecciones cruciales a nivel estatal y local.
“Podría ser la elección más importante que hemos enfrentado hasta la fecha en este país”, expresó. “Tradicionalmente, las elecciones de mitad de mandato han registrado una participación menor que las presidenciales”.
Añadió que esto es algo que debe cambiar este año.
“Necesitamos ver una mayor participación, especialmente debido a los esfuerzos emprendidos por muchos sectores para privar de su derecho al voto a los electores de color en este país”, dijo Saenz.
En el ámbito legal, agregó que se observan dos tipos distintos de cuestiones relacionadas con el voto.
“Una de ellas ha recibido mayor atención debido a una decisión reciente de la Corte Suprema en el caso *Callais contra Luisiana*, que modificó significativamente el criterio aplicado a las impugnaciones, basadas en la Ley de Derecho al Voto, contra los procesos de redistribución de distritos”, indicó.
Añadió que esto se refiere exclusivamente a la creación de distritos electorales para el Congreso, legislaturas estatales, juntas escolares, concejos municipales y similares.
“En otras palabras, se trata de aquello sobre lo que la gente votará: específicamente, qué contiendas para miembros del Congreso o legisladores estatales tendrán ante sí al completar su boleta en noviembre, o incluso en una elección primaria, si esta aún no se ha celebrado”, dijo. Saenz subrayó que, si bien los derechos de voto individuales no se ven afectados, la redistribución de los límites distritales podría influir en los resultados electorales.
“Hemos visto las consecuencias tras el fallo *Callais*, en el que una mayoría de seis contra tres decidió dificultar considerablemente la creación de distritos de mayoría minoritaria bajo la Ley de Derecho al Voto”, comentó.
Como resultado, agregó, fue que en las semanas posteriores a la decisión, varios estados del Sur optaron por realizar cambios muy avanzados ya en el proceso.
“En algunos casos, las elecciones primarias ya estaban en curso y la gente había comenzado a emitir su voto por correo”, dijo.
No obstante, recordó que la Corte Suprema permitió a estos estados rediseñar sus distritos electorales para el Congreso a última hora, por lo que dichas elecciones primarias se celebrarán ahora con una nueva delimitación.
“Eso tiene como consecuencia la eliminación de varios escaños congresionales de mayoría negra en el Sur”, expresó. “Esto significa que, a menos que se produzca una gran oleada de participación por parte de votantes de color, algunos de nuestros congresistas negros de larga trayectoria podrían perder sus escaños en noviembre; por tanto, es un asunto muy importante, aunque no afecta directamente a los votantes individuales de manera que les impida emitir su voto”.
Sin embargo, Saenz dijo que el mensaje importante es que la gente debe seguir votando porque siempre que se rediseñan los límites aumenta la posibilidad de que se produzca una sorpresa electoral.
Explicó que al dispersar a los votantes se corre el riesgo de una sorpresa electoral en uno o varios de estos distritos.
“Pero lo segundo que está ocurriendo son los intentos de restringir el derecho a registrarse para votar, el derecho a emitir el voto y el derecho a que se contabilice dicho voto”, señaló.
Manifestó que parte de esto proviene del nivel federal y el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad alguna para regular las elecciones.
Dijo que las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump sin intervención del Congreso no tienen efecto alguno porque de acuerdo a la Constitución, el presidente carece de toda autoridad para regular las elecciones.
“Por esta razón, Trump está presionando tanto ahora para conseguir una legislación federal que exija identificación para votar, restrinja la posibilidad de votar a distancia y medidas similares.
“No obstante, bajo nuestra Constitución, esto requeriría una acción legislativa por parte del Congreso”, explicó. “Solo el Congreso tiene la autoridad para regular las elecciones federales; por lo tanto, incluso la ley SAVE, que nunca debería aprobarse, afectaría técnicamente solo a las elecciones federales”.
Dijo que el problema es que en todos los estados del país se celebran conjuntamente las elecciones federales con las estatales y locales, por lo que no es posible aplicar dos conjuntos de normas distintas para una misma elección.
“Resultaría excesivamente costoso, así que, si el Congreso tomara medidas, estas podrían afectar a todas las elecciones incluidas en la boleta de noviembre de este año”, señaló. “No obstante, cabe reiterar que el presidente carece de autoridad en esta materia y la competencia del Congreso se limita a las elecciones federales, aun así, queremos evitar que el Congreso adopte medidas que restrinjan el derecho al voto”.
Dijo que el mayor peligro reside en las leyes estatales y en la administración local.
Saenz dijo que MALDEF y otras organizaciones ponen a disposición del público, a través de internet,información sobre los requisitos legales vigentes en estados específicos para ejercer el voto, ya sea en relación con la identificación electoral, los plazos de inscripción previa u otras medidas similares.
“Lo que hace falta es contar con un electorado plenamente informado, de modo que la mayor cantidad posible de personas esté en condiciones de votar en las elecciones de noviembre”, indicó.
El activista también instó a mantenerse alerta frente a la desinformación y resaltó la necesidad de contar con información precisa para los votantes a fin de garantizar la participación en los comicios de noviembre.
“Cuando lleguen las elecciones de noviembre, tendremos que hacer frente a los intentos de disuadir la participación mediante la difusión de información errónea y desinformación sobre la fecha de los comicios, los lugares de votación y los requisitos para emitir el voto.
“Hemos visto desinformación que afirma que solo ciertos grupos de personas pueden votar, o que solo determinadas personas pueden hacerlo en su centro de votación local”, comentó.
Saenz expresó que también circula información incorrecta sobre la ubicación de dichos centros.
“Lo más importante es asegurarse de antemano de que la ciudadanía sepa que es posible verificar estos datos”, agregó. “En la mayoría de los casos, se puede confiar en la información proporcionada con semanas de antelación por el funcionario encargado del registro de votantes o el secretario del condado, o por quienquiera que administre las elecciones”
Saenz dijo que otra posibilidad futura es la de que algunos administradores electorales se vuelvan cómplices en intentos de alterar los resultados reales de una elección, optando por no contabilizar ciertas papeletas o votos legítimos con el fin de cambiar el desenlace de los comicios.
Dijo que eso resulta familiar porque en 2020, Donald Trump intentó manipular el recuento en Georgia y otros lugares en busca que el Secretario de Estado altera las cifras para cambiar el resultado a su favor.
“Debemos estar alerta ante esa posibilidad, aunque no ocurrirá hasta después del día de las elecciones. Por tanto, es importante preverlo, pero en realidad no sucederá hasta que se celebren los comicios”, dijo.
Dijo que actualmente se están tomando medidas respecto a si las papeletas enviadas por correo deben recibirse para el día de las elecciones o si, como ya se permite en varios estados, pueden recibirse y contabilizarse incluso si llegan unos días después de la fecha electoral.
“No obstante, eso es una previsión de lo que está por venir. Lo importante ahora es que la gente esté lo mejor informada posible sobre los requisitos para votar, registrarse antes de una fecha determinada u obtener una identificación de votante específica”, dijo Saenz.
Ofrecen recursos y ayuda económica
Da Hae Kim, gerente de defensa de políticas de VoteRiders, dijo que el organismo busca combatir las leyes restrictivas que exigen identificación y pruebas documentales de ciudadanía (DPOC) ofreciendo asistencia gratuita para obtener identificaciones y abogando por una ampliación equitativa del electorado.
La activista destacó que 38 estados exigen algún tipo de identificación para votar, lo que afecta a casi 21 millones de ciudadanos en edad de votar que no poseen una licencia de conducir vigente y a otros 29 millones cuyos datos presentan errores.
“Los ciudadanos de color se ven afectados de manera desproporcionada, ya que cuatro millones de ellos carecen de cualquier prueba documental de ciudadanía. Vote Writers ofrece recursos y ayuda económica para facilitar la obtención de las identificaciones necesarias, subrayando que el fraude electoral es mínimo y que las leyes vigentes garantizan la seguridad del proceso”, aseguró.
Pierden eficiencia y se gana desconfianza
Annelise Pierce, fundadora y editora jefa de Shasta Scout, informó que en el condado de Shasta, California, caracterizado por posturas conservadoras y movimientos secesionistas intensificados por la pandemia de COVID-19, la eliminación de los dispositivos electrónicos de verificación de votantes provocan problemas logísticos y desconfianza de los electores.
En 2023, la junta del Condado sustituyó un contrato con la empresa de votación electrónica Dominion Voting Systems y optó por el recuento manual, una medida que el estado bloqueó ese otoño con una prohibición del recuento manual aprobada rápidamente, a pesar de la oposición estatal.
Con la llegada del nuevo registrador, Clint Curtis, se implementaron muchos cambios en los procedimientos electorales locales, entre ellos, la Medida B, aprobada con 30 mil votos de un total de 116 mil electores registrados.
“La Medida B, impulsada por activistas que alegaban fraude electoral local fue aprobada el 2 de junio y exige la presentación de una identificación para votar, elimina la mayor parte del voto anticipado, limita quién puede emitir un voto por correo, exige el recuento manual de todas las papeletas a nivel de distrito electoral y separa los registros electorales locales de la supervisión estatal”, señaló.
Expresó que la medida busca separar los padrones electorales locales de los registros estatales, aunque se enfrenta a impugnaciones legales.
“Los cambios introducidos por el nuevo responsable del registro electoral han provocado problemas logísticos y una disminución de la confianza de los electores”, añadió Pierce. “Los procesos electorales del condado han perdido eficiencia y accesibilidad, evidenciando más bien fallos en la gestión y la capacitación del personal que una intención maliciosa deliberada”.
