Los Ángeles.- El memorando de política que exige a los inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente (el ajuste de estatus) desde sus países de origen que emitió recientemente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), además de ser incongruente con las leyes y políticas vigentes, genera miedo y zozobra, dijeron expertos en políticas públicas.
Durante una conferencia de prensa organizada por American Community Media, los ponentes: Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de EE. UU. en el Migration Policy Institute, y Xiao Wang, cofundador y director ejecutivo (CEO) de Boundless Immigration, anticiparon que probablemente la medida será impugnado ante los tribunales.
El memorando contempla algunas excepciones para los solicitantes con «circunstancias extraordinarias», pero deja dichas interpretaciones a discreción del funcionario consular.
Esta política ha generado temor en la comunidad inmigrante, sobre todo a quienes consideran la posibilidad de salir de Estados Unidos para tramitar su solicitud en el extranjero, entre los que se encuentran aquellos que han permanecido en el país más allá del tiempo permitido por su visa, quienes corren el riesgo de enfrentar una prohibición de reingreso de 10 años.
“Obviamente, existe mucho pánico en torno a este memorando”, expresó Joseph.
Agregó que el ajuste de estatus constituye una vía legal y no unrecursoextraordinario, además, criticó el enfoque engañoso del memorando.
Recordó que el 21 de mayo de 2026, el USCIS emitió un memorando titulado «Ajuste de estatus como cuestión de discrecionalidad y gracia administrativa”.
“El propio título presenta el ajuste de estatus como algo extraordinario, una excepción, algo inusual; es decir, algo contrario al curso de acción normal, que sería el trámite consular”, explicó. “?Es correcto? ¡Absolutamente no!”.
El ajuste de estatus es una cuestión tanto de elegibilidad como de discrecionalidad, dijo.
Joseph explicó que la ley sobre el ajuste de estatus establece que el Fiscal General puede, a su discreción, ajustar el estatus de una persona (por lo que existe un componente discrecional), pero hay una diferencia entre el ejercicio individualizado de la discrecionalidad y una afirmación categórica y general de que el ajuste de estatus es un recurso extraordinario y que dicha discrecionalidad sólo debe ejercerse en circunstancias extraordinarias.
“Lo cierto es que el ajuste de estatus no es un recurso extraordinario, es un procedimiento previsto específicamente en la ley, concretamente en la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, comentó. “El Congreso lo ha establecido como una vía, una vía legal para obtener la residencia permanente”.
Opinó que lapreocupación radica en que estos funcionarios interpreten dicha señal como una autorización para ejercer su discrecionalidad de forma negativa; esa es realmente la inquietud.
“Los funcionarios siempre han tenido discrecionalidad en los casos de ajuste de estatus, incluso antes de este memorando, la preocupación ahora es que el documento condiciona el ejercicio de esa discrecionalidad de una manera que podría perjudicar a muchas personas que están atravesando este proceso”, expresó.
Joseph destacó que dicha medida no debería afectar a asilados, refugiados, menores inmigrantes especiales, refugiados bajo la ley NACARA, refugiados haitianos ni a personas con procesos pendientes ante los tribunales de inmigración.
“Recordemos que, respecto al ajuste de estatus, el memorando hace referencia específica a la sección 245 de la ley, por consiguiente, en cuanto al alcance de la norma, consideramos que debería limitarse únicamente a aquellas personas que solicitan el ajuste de estatus bajo la sección 245 de la ley.
“Esto es importante porque los asilados y refugiados ajustan su estatus bajo una disposición legal completamente distinta: la sección 209. Por lo tanto, sostenemos que los asilados y refugiados no deberían verse afectados por este memorando”, dijo.
Existe jurisprudencia sólida, tanto de la Corte Suprema como del Primer Circuito, que establece básicamente que cuando el gobierno aplica una nueva norma y actúa como si se tratara simplemente de un ejercicio de discrecionalidad, dicha acción no está exenta de revisión judicial.
Debido a eso, Joseph tambiénanticipó posibles impugnaciones legales, mencionando a posibles demandantes como jóvenes que superan el límite de edad permitido, titulares de visas K-1 y personas sujetas a la prohibición de entrada que afecta a 75 países.
“Por ello, nos sentimos bastante optimistas respecto a los posibles desafíos legales basados en esta jurisprudencia”, comentó.
Dijo que la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) que representa está buscando actualmente demandantes y casos de ejemplo.
“Se está planificando el litigio y preveo que las demandas se presentarán muy pronto”, dijo Joseph.
Los afectados
Gelatt opinó que muchas personas que buscan regularizar su situación migratoria a través de lazos familiares se verán afectadas debido al impacto de la nueva política sobre la inmigración.
“Cada año, cientos de miles de personas obtienen la residencia permanente (la «tarjeta verde») gracias a un cónyuge, padre o hijo ciudadano estadounidense, y este memorando pone en duda si podrá continuar este proceso de ajuste de estatus, tan frecuente, derivado de vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses.
“El caso más común es el de personas que ajustan su estatus a través de un cónyuge ciudadano estadounidense, pero también hay hijos adultos que llegan a EU y permanecen en el país por diversas vías”, comentó.
Gelatt indicó que es posible que a las personas con visas temporales válidas, como las de prometido o las H-1B, les vaya mejor.
“Para quienes tienen visas de estudiante o carecen de estatus, este cambio podrían enfrentar desafíos importantes, tales como retrasos en los trámites consulares y una posible separación familiar», añadió.
Esta medida se suma a las restricciones de viaje y suspensiones de visas ya existentes, que afectan a 91 países, y subraya la necesidad de contar con representación legal.
Prevén nuevos retrasos
Gelatt dijo que otro aspecto importante a considerar es que el nuevo memorando contempla trasladar gran parte de la carga de trabajo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS), que operan dentro del país, a los consulados en el extranjero.
“Dado que estos consulados no cuentan con planes para aumentar su personal ante esta carga adicional, cabe esperar que, si la medida se implementa tal como está redactada, se produzcan retrasos cada vez mayores para conseguir citas para dichas entrevistas consulares”, comentó.
Otro desafío, dijo, es que, al solicitar la residencia permanente (la *green card*) dentro de Estados Unidos, si el gobierno niega la petición, uno cuenta con más derechos para impugnar esa decisión negativa dentro del país.
“Si la persona se encuentra fuera de los Estados Unidos, entra en juego el principio de la no revisión de las decisiones consulares.
“Es mucho más difícil impugnar la denegación de una visa que impugnar una denegación ocurrida dentro de los Estados Unidos”, opinó.
Desafíos legales
Xiao Wang, cofundador y director ejecutivo (CEO) de Boundless Immigration, dijo que el memorando genera incertidumbre y plantea desafíos legales, especialmente para las personas en categorías de “doble intención”, como los titulares de visas H-1B.
“Esta medida podría disuadir a inmigrantes altamente cualificados, afectando así la competitividad y la innovación de Estados Unidos, dado que el 50 por ciento de las empresas de la lista Fortune 500 están dirigidas por inmigrantes o sus descendientes”, expresó.
Opinó que el memorando altera la planificación empresarial y la estabilidad familiar, lo que podría derivar en una disminución tanto de las solicitudes como de las inversiones.
También subrayó la necesidad de que el Congreso modernice las leyes de inmigración.
“Todos deberíamos instar al Congreso a modernizar el proceso de inmigración y adaptarlo a las necesidades actuales del país, pero ese cambio conlleva un proceso, y dicho proceso no consiste en publicar, antes del fin de semana del Día de los Caídos, un memorando confuso y opaco que sirva de globo sonda, para luego esperar y seguir haciendo ajustes según la reacción que se reciba”, dijo Wang.
