By Selen Ozturk/ EMS
Los empresarios de San Francisco afirman que siguen siendo vulnerables a las demandas fraudulentas relacionadas con la ADA, que han afectado a más de 35.000 empresas en todo el estado.
El pasado mes de abril, los fiscales de San Francisco y Los Ángeles demandaron al bufete de abogados de San Diego Potter Handy, LLC por presentar demandas por discapacidad supuestamente fraudulentas a más de 300 propietarios de negocios en SF y a más de 36,397 propietarios de negocios en todo el estado desde 2010.
Sin embargo, desde que el juez del Tribunal Superior de San Francisco, Curtis Karnow, desestimó la demanda del fiscal el pasado agosto, nada ha cambiado para proteger a estos propietarios de negocios que están siendo demandados fraudulentamente por millones más.
Al menos 20 negocios del barrio de Inner Richmond y más de 100 de Chinatown fueron demandados por Potter Handy entre mediados de 2021 y mediados de 2022. Muchos de estos negocios ni siquiera estaban certificados como conformes con la Ley de discapacitados ADA, o fueron demandados por infracciones que no podían haber cometido.
Por ejemplo, Amanda Yan -propietaria de Hon’s Wun-Tun House, en la calle Kearny de Chinatown- fue demandada en abril de 2021 por servir comida en mesas al aire libre demasiado bajas para sillas de ruedas, en una época en la que sólo servía comida para llevar.
Empresas propiedad de inmigrantes y minorías en la mira
Para conseguir acuerdos rápidos de entre 10,000 y 20,000 dólares, el bufete presionó especialmente a empresas propiedad de inmigrantes y minorías que no podían pagar una defensa legal. En virtud de la demanda conjunta de ambos fiscales, el bufete habría tenido que pagar más de 30 millones de dólares para reembolsar los acuerdos alcanzados sólo en el Distrito Norte de California, según cálculos conservadores.
Presentado por el ex Fiscal de Distrito de SF Chesa Boudin y George Gascón de LA, el documento de 58 páginas declaró que más de 800 casos federales en todo el estado fueron presentados por el demandante de Potter Handy Orlando García; más de 1,700 por Brian Whitaker y miles más por otros “Demandantes en serie” – principalmente Scott Johnson, quien presentó más de 4,000 desde 2010.
Dado que esto supone una media de un caso diario durante 11 años, los fiscales alegaron que “es literalmente imposible que los demandantes en serie se hayan encontrado personalmente con cada una de las barreras enumeradas, y mucho menos que tuvieran la intención de volver a cientos de negocios situados a cientos de kilómetros de sus hogares.”
Un abogado de Potter Handy acusó a los fiscales de aprovecharse de la situación mientras ambos se enfrentaban a amenazas de destitución de sus puestos. En su desestimación, el juez Karnow dijo que el “privilegio de litigio” de California amparaba al bufete, “independientemente de la malicia o falsedad”.
Morgan Mapes -presidenta de la Asociación de Comerciantes de Clement Street; secretaria del Consejo de Asociaciones de Comerciantes de Distrito de toda la ciudad y propietaria de la tienda vintage Golden Hour de Clement Street- fue demandada por García por 40.000 dólares en noviembre de 2021.
Mapes dijo que García “era tetrapléjico con parálisis cerebral”. Todas las fotos e información fueron borradas de Internet unos siete meses después de que llegamos a un acuerdo por 20,000 dólares, quizá 25,000 con los honorarios de los abogados… Ya estábamos pendiendo de un hilo, saliendo de la pandemia”.
Cumplimiento de la Ley ADA
Las demandas de Potter Handy se interpusieron al amparo de la Ley de estadounidenses con discapacidad, ADA, que protege a las personas discapacitadas de la discriminación, incluida la imposibilidad de acceder a instalaciones abiertas al público. Aprobada bajo el mandato de George H. W. Bush en 1990. No se creó ninguna agencia (ni impuesto nuevo) para la aplicación de la Ley. Según el Congreso, la aplicación de la ley ADA seguía en manos de particulares “que actuaban como abogados generales privados” y no imponía ninguna sanción económica por las infracciones, sólo medidas cautelares.
Sin embargo, Potter Handy solía combinar sus demandas federales con demandas estatales al amparo de la Ley Unruh de Derechos Civiles de California de 1959, que prohíbe la discriminación por discapacidad y permite a los demandantes reclamar un mínimo de 4,000 dólares por infracción.
“No se puede tener una ciudad con infraestructuras construidas antes de que se pusieran en marcha estas leyes civiles y esperar que los inquilinos carguen con el peso”, dijo Mapes. “Creo que debería ser práctica común que los propietarios asumieran más responsabilidad por la infraestructura. Si yo pongo una mesa demasiado alta o mis probadores no cumplen con las regulaciones, eso me corresponde a mí, pero las escaleras o una rampa de entrada, es responsabilidad del casero”.
“La ciudad tiene que subvencionar algunos gastos de accesibilidad”, dijo. “Como mujer negra queer, es una situación espinosa manifestarse contra una cuestión de derechos civiles, pero esto parece una extorsión. La gran mayoría de estos negocios son propiedad de minorías”.
‘Seguirán demandando’
Jimmy Hsu, propietario de cuatro negocios en la calle Clement cerca de la Cuarta Avenida – The Wishing Well Workshop (con su socio Jake Savas); So Fresh So Clean Laundry; Kinship Salon & Barber (con su mujer); y Blue Danube Coffee House – el cual fue demandado por su salón y cafetería.
Según Hsu, “Brian Whitaker se quejó de que la manija de la puerta del salón no cumplía con los requisitos de la ADA. Mi negocio ni siquiera tiene manija, ¡es una puerta que se empuja! Dividí los 10.000 dólares del acuerdo con mi casero, ya que también le demandaron a él. Yo mismo pagué 10.000 dólares con la cafetería; decían que nuestro cartel móvil en forma de A bloqueaba la puerta. Puse señales de inspección de instalaciones en cumplimiento con legislación para discapacitados en mis negocios porque intentaron demandar a los cuatro y llegar a un acuerdo por 4.000 dólares cada uno”.
Otra tienda de su cuadra, Home Hardware True Value, estuvo a punto de cerrar cuando les demandaron en 2022 por tener pasillos estrechos imposibles de ensanchar adecuadamente.
“Tuve que sugerirles que contraten a un abogado”, dijo Hsu. “Es el único elemento para disuadir que tienen, de lo contrario seguirán demandando. Yo también soy inmigrante asiático: la mayoría de los mom ‘n’ pops (negocios familiares) de aquí los trabajan personas sin tiempo ni recursos para defenderse, así que se conforman.”
Para Hsu, este patrón tampoco empezó con Potter Handy. En 2005, Patrick Connally -un discapacitado que era presidente de la organización sin ánimo de lucro DREES (Disability Rights, Enforcement, Education, Services)—derechos de las personas con discapacidad, aplicación, educación y servicios—con sede en San Rafael y, más tarde, locutor de radio en la KUSF- amenazó con demandar al Blue Danube por no cumplir con las regulaciones para los baños.
“Ese edificio se construyó en 1934”, explica Hsu. “Hice todo lo que pude con mi dinero y mi espacio -ajustes de puertas, barras para sujetarse- y pagué a un abogado para que utilizara su membrete para una respuesta dando las gracias…”.
Hsu dijo: “Creo que la ciudad, el estado o el gobierno federal deberían tener algún órgano de supervisión para retirar el permiso de operar a estas empresas por hacer tantas acusaciones fraudulentas. Si llegan a un acuerdo con 100 tiendas de Chinatown por la módica cantidad de 10.000 dólares, ganan un millón limpio. ¿Qué inconveniente hay?”.
Mientras esta oleada de demandas fraudulentas sigue sin resolverse, los pequeños empresarios de SF ya se enfrentan otra.
Entre el pasado mes de noviembre y el 23 de febrero, 179 negocios recibieron quejas del Departamento de Inspección de Edificios -sobre todo comercios propiedad de minorías de Chinatown, el Tenderloin y el Inner Richmond, en San Franciasco, entre ellos el Golden Hour de Mapes- por toldos o portones de fachadas no permitidos. En el mismo periodo del año anterior se presentaron cinco denuncias.
La alcaldesa Breed ha estado trabajando con la Junta de Supervisores para redactar una ley que quite prioridad a la aplicación no urgente y cree un programa de amnistía para los propietarios de toldos que no tengan permiso, que puede costar hasta 3.000 dólares.
No obstante, Hsu se muestra escéptico: “La culpa es de un sistema judicial que permite esta avaricia, y esto ahora forma parte de tener un negocio en San Francisco, ¿no?”.
