Los Ángeles.- Jessica Ramírez y Claude Bailey son de género, cultura, razas y generaciones diferentes, pero tienen más en común: Ambos fueron desalojados de sus viviendas y se convirtieron en homeless por varios meses, lo que le podría suceder a 300 mil personas al término de la moratoria estatal para el pago de renta que vence el próximo 31 de enero.
Las experiencias de ambos son un claro reflejo de lo que sucede en El Valle Central de California donde los inquilinos se enfrentan a altas tasas de desalojos como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia.
Se trata de la región de más rápido crecimiento del estado con 7.2 millones que ha sido visto durante mucho tiempo como un santuario de bajo costo en medio de una crisis de viviendas asequibles, pero los datos muestran que la narrativa es falsa.
El Valle Central en realidad tiene el nivel más alto de hogares agobiados por el alquiler (personas que pagan más de la mitad de sus ingresos para renta) y las tasas de desalojo más altas en California, y prácticamente ninguna ley permanente de protección para inquilinos.
Especialmente las mujeres de color, madres cabeza de familia, se ven afectadas de manera desproporcionada por esta crisis.
Algunos han alzado su voz para demandar el derecho civil a la asesoría, el fin del estigma de siete años en los registros crediticios y de alquiler de los inquilinos, y el establecimiento de fondos fiduciarios de vivienda para aumentar la propiedad comunitaria de la tierra y la vivienda.
MIEDO VOLVER A LA CALLE
Ramírez dijo que a pesar de que actualmente cuenta con una vivienda para ella y sus seis hijos, le preocupa que tuvo un desalojo y eso mancha su registro crediticio.
“Por ahora estoy bien, pero no sé en el futuro, por ese registro,tengo miedo de terminar en la calle”, expresó la latina residente de Fresno que encontró una persona que le ayudó a conseguir un lugar para vivir.
Ramírez se unió a otros inquilinos bajo la organización religiosa comunitaria, Faith in The Valley (FIV), que documenta la crisis de vivienda y representa a familias en los condados de Fresno, Kern, Merced, Stanislaus y San Joaquín y dice que ahora aboga por la comunidad.
“Soy una de muchas personas que está pidiendo ayuda. Cuando me desalojaron a mi y a mis hijos me comuniqué con todos las organizaciones y recursos posibles y nadie me pudo ayudar, el registro de desalojo hizo que fuera imposible para mi encontrar un lugar donde vivir.
“Cuando uno va a la Corte no importa cuántas pruebas lleves porque todo lo que pensé que necesitaba acerca del desalojo ya se había desaparecido, pero no, los dueños de las propiedades son los únicos que pueden deshacerse de eso”, explicó. “Mi desalojo nunca lo sacaron de mi registro, y mis hijos son los que mas sufren aun por esto”.
Durante una conferencia virtual realizada por Ethnic Media Services, Ramirez dijo que se anima a contar su experiencia para que no pasen lo que ella sufrió.
“Recuerdo haber sido homeless y no tener dónde vivir con mis hijos. No quiero que los niños de nadie pasen lo que pasaron mis hijos y yo”, señaló.
Contó que el propietario del lugar donde vivía la forzó a dejar su casa al inicio de la pandemia en marzo pasado.
“No tenía a dónde irme, pague mi alquiler, hice todo lo que pude, pero se había acabado”, agregó. “El dueño puso en riesgo la vida de mis hijos. Ninguna madre o padre debería tener que escoger entre vivienda o la salud de mis niños solamente porque soy una inquilina”.
Dijo que ahora se dedica a dar consejería legal a las personas que corren el riesgo de ser desalojadas.
“Trabajo con líderes en todo Fresno, habló en la radio y voy a reuniones. Estamos en una época de emergencia, necesitamos ayudarnos unos a otros. Mucha gente necesitaba la ayuda antes de Covid-19, y ahora con esta crisis la gente necesita mas ayuda”.
Ramírez comentó que debido a la pandemia la crisis se agudizó y muchas familias no tienen dinero ni para comprar alimentos.
“La gente perdió trabajos y los precios de los artículos siguen a la alza, ya la gente no tiene para comprar artículos esenciales, menos facturas. El punto es que todas las personas tienen el derecho de tener una casa, y un lugar al que llamar mi reino, así me refiero a mi casa”, manifestó la activista.
UNA PESADILLA
Por su parte, Bailey, un ministro de una iglesia que tenía viviendo 20 años en un departamento sin quejas de falta de renta ni de vecino problemático, dijo que de un momento a otro le exigieron que solicitara asistencia para la Sección 8.
“Me dijeron que no calificaba, me dieron hasta el 12 de noviembre para irme. Me mudé, encontré un lugar donde me trataron muy mal, la señorita (que le rentaba) tenía cámaras en todos lados y decidí dejar ese lugar”.
El residente afroamericano de 79 años de Stockton contó que estuvo viviendo en su carro durante 10 meses.
“Fue una verdadera pesadilla. Cada vez que trataba de dormir venían, incluso maleantes a robar algo del carro, o policías o gente de seguridad para decirme que debía moverme de lugar. Siempre me estaba moviendo, no podía dormir, perdí peso porque no podía comer.
“No podía usar de un baños en tiendas, iba a uno portátiles de construcciones y eran horribles, andaba deambulando”, dijo. “Me dije, Dios, me tienes que ayudar, no puedo hacer esto solo”.
Dijo que al menos él tenía un carro donde dormir, pero que en su peregrinar fue testigo como muchas mujeres afroamericanas y mexicana dormían bajo ratones a la intemperie .
“Pero igual las corrían del lugar y les quitaban los cartones. Si ya llegamos a esto, que Dios nos ayude. Esto le puede pasar a cualquiera, la vida es un círculo, de un momento a otro estas sin nada», agregó “Lo que digo, hagan lo correcto, cuiden a las personas mayores que una vez ayudaron a este país pagando sus impuestos y criaron familias”.
Por ahora, Bailey vive en un hotel.
FALTA DE IGUADAD EN EL CORAZON DE CALIFORNIA
El Valle ofrece un microcosmos de cambios de política que podrían ayudar a estabilizar las viviendas en las comunidades más afectadas por la ausencia de viviendas asequibles.
El profesor Edward Orozco Flores, del Centro Comunitario y Laboral Merced de la Universidad de California, proporciona hallazgos de investigación sobre la crisis de viviendas asequibles del Valle Central y cómo la pandemia ha agravado los problemas relacionados con la falta de viviendas asequibles y protecciones para los inquilinos.
El investigador definió lo que sucede en la zona como “Falta de Igualdad en el Corazón de California”, incluso fue el nombre de un estudio.
“En cuanto a crecimiento económico, El Valle Central es el segundo mas alto, pero también tiene la tasa de desempleo mas alta”, dijo. “Por lo que tiene las tasas más bajas de propietarios de vivienda y de las más altas de hogares familiares múltiples.
En la zona, como en todo el país, muchas personas perdieron su trabajo o vieron reducidos sus ingresos por las circunstancias de la pandemia.
Dio que si antes del Covid-19 ya era un problema los altos números de familias viviendo en hogares multifamiliares, ahora se ha recrudecido.
Dijo que el estudio que realizaron está basado en un informe en el que encontraron que encontraron que El Valle Central de California ha presentado un crecimiento bastante grande, pero también baja tasa de salarios de los propietarios de casas.
“Necesitamos tener un crecimiento económico en El Valle, mas negocios, más fuentes económicas. Siempre ha habido mucha actividad, pero poca gente es dueño de su casa”, comentó.
Dijo que el 49.5 por ciento de los habitantes es dueño de una casa, lo que convierte al Valle Central en el tercer lugar con mayor número de inquilinos detrás de Los Ángeles y San Diego.
El Valle Central tiene 10.7 familias múltiples por vivienda por cada 100 dueños de casas, lo que la convierte en la tercera región de California después de Los Ángeles y el Valle Imperial, que tiene 11 por cada cien familias.
Solamente en Merced tiene en promedio 12.6 familias múltiples por cada cien dueños de casas, la tasa de subfamilias más alta de cualquier condado en el estado.
En el mismo rubro, agregó el profesor, Fresno se ubicó en el lugar ocho en el estado, con la tasa de su familias múltiples, con 11.1.
“La tasa de las personas que son dueñas de casa es la mas baja de la nación, y vemos que muchas familias viven en un solo hogar está más bajo de todos los estados, mas bajo que NY, por ejemplo”, dijo.
Orozco Flores dijo que las razones por las que existe tal disparidad son por los bajos salarios debido a que la mayoría de los trabajadores de la zona realizan trabajos esenciales como a la agricultura, procesamiento de alimentos o empacadoras.
“Los trabajos en el área de alimentación está a tal nivel que mucha gente que trabaja en el campo no pueden comprar su propia comida, se apoyan en estampillas de comida porque tienen que invertir entre el 30 por ciento y el 50 por ciento de sus ingresos en pagar la renta.
“Tenemos que renovar esta política o si no vamos a tener desalojos masivos en los próximos meses”, dijo.
SE AVECINA OLA DE DESALOJOS
Falta de Igualdad en el Corazón de California, Asesora Regional, Faith in the Valley, una organización comunitaria de base líder que ha escrito informes de investigación innovadores que documentan la crisis de vivienda del Valle, dijo durante la conferencia de EMS que unas 300 mil personas Del Valle Central de California podrían ser desalojadas cuando termine la moratoria estatal para el pago de renta que vence el próximo 31 de enero.
“Si no se extiende la moratoria, hay registros de que 300 mil personas podrían ser desalojadas, eso es unos cien mil hogares”, comentó. “Se necesita alivios para rentas, hipotecas y pago de servicios públicos para mantener a las familias a flote”.
Dijo que antes de la pandemia había 12 mil casos de desalojo en los condados de Fresno, Kern, Merced, Stanislaus y San Joaquín con base en expedientes judiciales y en momentos en que el desempleo era el más bajo desde la crisis del 2008.
“Sabemos que fuera de las cortes, el número de desalojos es el doble y la pandemia sólo ha exacerbado esa crisis”, manifestó.
Indicó que los desalojos en el Valle Central suceden a tasas más altas que en cualquier otro lugar de California.
kosi dijo que es importante una aprobación de los proyectos AB15 y AB16 en la Asamblea que buscan expandir los plazos para las deudas de alquiler ocasionadas por la COVID-19 y proveer vivienda asequible para estos inquilinos.
Dijo que se buscan leyes que reduzcan los registros de desalojo a seis meses.
“Y que permitan cinco años de moratoria para las deudas”, agregó.
