Por: Nora Estrada
Los Ángeles.- Con el constante aumento del uso de herramientas de vigilancia con el pretexto de combatir el fraude, detener la delincuencia o detectar inmigrantes indocumentados, el gobierno estadounidense pone en riesgo a todos los estadounidenses.
Durante la videoconferencia Expanding Surveillance of Immigrants — At What Cost?, organizada por American Community Media, expertos en la materia opinaron que esta redada digital tiene el potencial de someter a todos los estadounidenses a un escrutinio sin precedentes al recopilar y cruzar información personal.
Dijeron que esa práctica va desde el acceso a las bases de datos del DMV y el reconocimiento facial hasta el rastreo de teléfonos celulares y los contratos con intermediarios de datos, lo que construye una vasta infraestructura que va mucho más allá de la aplicación de la ley migratoria
Atalaya digital
Nicole Alvarez, analista sénior de Políticas Tecnológicas del Centro para el Progreso Americano, denunció que la administración Trump utiliza registros personales sensibles de estadounidenses para construir una “atalaya digital”.
“Es un sistema de vigilancia en rápida expansión que amenaza no solo a las comunidades inmigrantes que actualmente están en la mira de esta administración, sino también el derecho a la privacidad de todos los estadounidenses.
“Lo hacen por registros federales”, explicó. “Me refiero a la información personal que las personas comparten con el gobierno federal cuando solicitan beneficios o declaran impuestos”.
Alvarez agregó que millones de personas se registran para servicios públicos o interactúan con agencias en cualquier función oficial.
“Así que pueden pensar en cosas como sus números de seguro social, sus historiales médicos, su estatus migratorio, sus declaraciones de impuestos», expresó.
La analista dijo que el mes pasado terminó un informe que se centra en dos grandes avances que impulsan esta vigilancia digital: Abuso secundario de datos y la centralización de los sistemas federales de datos.
“Cada avance y los perjuicios de esta expansión, exigen atención urgente”, comentó.
Como contexto, Alvarez dijo que la Ley de Privacidad de 1974 es la principal ley que rige el manejo de los datos personales por parte de las agencias federales y se creó tras el escándalo de Watergate, cuando el Congreso se dio cuenta de la facilidad con la que se pueden usar los datos del gobierno con fines políticos. “En esencia, la ley establece que, al proporcionar información al gobierno federal, ésta sólo debe usarse para el propósito para el que se la proporcionó, a lo que se conoce como limitación de propósito.
“También establece que las agencias no pueden compartir esa información con nadie, a menos que la ley lo permita en circunstancias muy limitadas o ha dado su consentimiento por escrito”, explicó la analista.
Dijo que existen otras leyes de privacidad que se aplican a tipos específicos de datos, como por ejemplo, los registros tributarios se rigen por el Código de Rentas Internas.
Comentó que los registros médicos pueden estar sujetos a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA por sus siglas en inglés), pero la limitación de la finalidad sigue siendo la piedra angular de las prácticas justas de información en la mayoría de las leyes.
Explicó que el problema con la Ley de Privacidad (1974) es que simplemente no se ha actualizado.
“Se escribió antes de que existiera internet, antes del almacenamiento masivo de datos, y antes de que las agencias pudieran vincular bases de datos masivas”, comentó.
Dijo que hoy en día, la ley ofrece una rendición de cuentas muy limitada cuando los datos se reutilizan o cuando se comparten entre agencias de maneras inesperadas.
“Eso nos lleva al primer problema importante que se está desarrollando bajo la administración Trump”, manifestó.
El abuso secundario de datos, explicó, ocurre cuando la información que las personas proporcionan a una agencia federal para un propósito específico, cómo solicitar beneficios o pagar sus impuestos, es reutilizada por la misma agencia.
“Se la pasan a otra agencia diferente o una entidad completamente diferente para un propósito distinto sin su conocimiento y consentimiento”, dijo.
Dijo que un ejemplo es lo que el IRS ha comenzado a hacer, compartir datos de contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a identificar y deportar a inmigrantes que han pagado impuestos de buena fe.
“Esto es un cambio importante, porque esto no fue por lo que los sistemas se crearon para cuando estas personas enviaron su información al IRS, lo hicieron con el entendimiento de que se utilizaría solo para fines fiscales, no para redadas de inmigración.
“Ahora, esos datos que originalmente se recopilaron para financiar las finanzas públicas se están utilizando para la aplicación de las leyes de inmigración” , expresó.
Alvarez dijo que desafortunadamente esto no está sucediendo de forma aislada porque los registros de inscripción a Medicaid se han utilizado de manera similar.
“Supuestamente se han utilizado para identificar inmigrantes para su deportación, a pesar de que, una vez más, las personas involucradas interactuaban con estos sistemas de buena fe”, dijo. “Esto está convirtiendo las redes de seguridad sanitaria en un canal de vigilancia”.
La analista opinó que en general, esto supone una ruptura importante con las normas tradicionales de privacidad y limitación de la finalidad en el uso de datos públicos.
“El daño aquí es que estas prácticas van mucho más allá de las simples violaciones de la privacidad. Erosionan activamente la confianza en las instituciones públicas,
Dijo que con el acuerdo entre el IRS y el ICE el gobierno no solo está socavando la confianza pública, sino que también está abriendo la puerta a un uso indebido más amplio que podría eventualmente afectar a residentes legales e incluso a ciudadanos estadounidenses.
“El acuerdo sienta un precedente peligroso porque erosiona el papel del IRS como autoridad financiera neutral con sólidas protecciones de la privacidad, por lo que en el futuro.
“Podríamos ver acciones para utilizar los datos de los contribuyentes como arma de otras maneras, como para presionar a personas e instituciones, o para tomar represalias contra ellas”, expresó.
Alvarez dijo que además existe el riesgo real de que los ciudadanos estadounidenses también resulten afectados.
“Las bases de datos del IRS no están diseñadas para el control migratorio. Todos estamos sujetos a violaciones de privacidad o acciones migratorias erróneas debido a simples confusiones administrativas y de datos”, dijo.
Comentó que el efecto de esas medidas indebidas desencadenaría que las personas comiencen a renunciar a declarar impuestos o a la atención médica necesaria para ellos mismos o sus hijos.
“Pueden no solicitar las prestaciones a las que tienen derecho, y estas no son decisiones irracionales, son instintos de supervivencia en un sistema que ya no se siente seguro”, comentó.
Alvarez dijo que cuando las personas se desvinculan de los sistemas públicos, estos se debilitan inherentemente, se vuelven más injustos y menos democráticos.
“Y esto tiene un efecto dominó, ya que dificulta que las agencias presten servicios a las comunidades de manera eficaz, socava objetivos a largo plazo como la prevención del fraude y la participación cívica”, añadió. “Así que no se trata solo de proteger la privacidad, sino también de proteger la funcionalidad y la equidad de los sistemas gubernamentales”.
Alvarez dijo que los inmigrantes indocumentados aportan 90 mil millones de dólares de contribuciones fiscales, pero que debido al Memorando de Entendimiento del IRS y el ICE, esta cifra se reducirá a 40 mil millones de dólares.
“Los inmigrantes indocumentados pagan aproximadamente 90 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, de acuerdo a datos que se tomaron en 2022.
“Y se estima una reducción de un punto porcentual en el cumplimiento tributario en la población general, se reducirían los ingresos federales en 40 mil millones de dólares.
También señaló que más de un tercio del dinero de los impuestos de los inmigrantes indocumentados se destina a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder, como el Seguro Social y Medicare.
Alvarez explicó que en el segundo avance que aprecian bajo a la administración Trump, que es la centralización de los registros federales, no solo notan un aumento del abuso de datos secundarios, sino también una transformación estructural de los sistemas de datos federales.
“Tradicionalmente, los datos se guardan en silos, dentro de cada agencia”, comentó. “Los límites legales, como la Ley de Privacidad, así como las normas específicas de cada agencia, actúan como barreras que dificultan el uso indebido de registros confidenciales.
En aumento
Emerald Tse, asociada del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown, dijo que la organización se centra en la legislación y las políticas de privacidad, así como en el impacto de la vigilancia digital en las personas y las comunidades, por lo que asegura que la vigilancia digital gubernamental va e n aumento.
Agregó que las investigaciones a largo plazo del Centro comenzaron descubriendo el uso del reconocimiento facial por parte de las fuerzas del orden, y luego, debido en parte a la superposición entre el sistema legal penal y el sistema de inmigración.
Explicó que la investigación del Centro se ha ampliado para incluir diversas áreas de trabajo, pero relevante hoy en día, se incluye la vigilancia de los inmigrantes y las comunidades en las que viven.
Dijo que, de acuerdo a los informes del centro de privacidad «American Dragnet: Data-Driven Deportation in the 21st Century» y la clasificación del genoma, el gobierno de Estados Unidos abusa de sus poderes migratorios para acumular ADNpara futuras actuaciones policiales.
“El gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional o el DHS, tiene amplios poderes de vigilancia digital. En American Dragnet, que el Centro de Privacidad publicó en 2022, revelamos que el ICE utiliza la vigilancia digital para monitorear la vida de la mayoría de las personas en Estados Unidos”, comentó.
Tse añadió que uno de los hallazgos de este informe fue que el ICE se ha aprovechado de la información necesaria para entregar a cambio de servicios esenciales.
Dijo que en Compatriot… continúan investigando las formas en que el gobierno federal ha ampliado la vigilancia genética.
“En 2024, publicamos «Calificación del Genoma», que detalla la drástica expansión de un programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para tomar ADN de miles de personas a diario.
“Descubrimos que el gobierno federal ha estado recolectando ADN bajo la premisade que las personas cometerán delitos en el futuro. Entonces, lo que sucede es que los agentes federales recolectarán ADN bajo las facultades de inmigración”, dijo.
Explicó que las muestras de ADN se utilizan para crear perfiles que se añaden a una base de datos policial federal llamada CODIS, que las fuerzas del orden de todo el país pueden consultar los perfiles para identificar a personas que han cometido delitos en el pasado.
“Pero también descubrimos que el gobierno federal ha defendido la recolección de ADN de inmigrantes, como una forma de predecir quién podría cometer delitos en el futuro”, señaló. “Con el tiempo, estos vastos poderes de vigilancia digital han aumentado”.
Además de los hallazgos originales, dijo, descubrieron que el DHS estaba añadiendo más perfiles a la base de datos policial federal a un ritmo mucho mayor del previsto inicialmente.
“Estos poderes de vigilancia masiva, ya sea de nuestra información personal o genética o biométrica, está ahora en manos de un gobierno cada vez más autoritario, y hemos visto que ese gobierno ya utiliza estos poderes para no solo la aplicación de la ley migratoria, sino también la represión política”, expresó.
Explicó que mientras que los agentes del gobierno arrestan y detienen a activistas y líderes sindicales, las empresas tecnológicas privadas se benefician, y lo hacen a costa del público.
Dijo que American Dragnet descubrió que, entre 2008 y 2021, el gasto anual de la ISA en tecnología de vigilancia se disparó de 400 millones de dólares a 700 millones de dólares al año.
“Y desde entonces, la industria de la vigilancia ha seguido creciendo”, expresó
Añadió que en la Expo de Seguridad Fronteriza de este año, la secretaria del DHS, Noem, pidió más colaboraciones entre el gobierno y empresas privadas.
“Hemos seguido viendo cómo estas empresas privadas obtienen contratos multimillonarios con el gobierno federal para este tipo de tecnologías.
“Esta vigilancia pone en riesgo a todos, no solo a los inmigrantes”, agregó Tse.Ciertamente, hay comunidades con mayor riesgo que otras. La administración actual ya ha detenido a personas sin importar su estatus migratorio y ha utilizado sus herramientas de vigilancia para el control migratorio.
