Expertos coinciden en señalar que solicitudes de información con agencias oficiales son difíciles, pero que se pueden conseguir con insistencia, calma y cortesía
Los Angeles.- Conseguir información oficial sobre las denuncias contra elementos de los departamentos de policía locales y del Sheriff por supuestamente apoyar algunas redadas masivas y violentas delServicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, se ha vuelto difícil, pero no imposible, señalaron expertos.
Dijeron que desde el inicio de la Administración Trump se incrementaron los operativos y se observaron elementos locales en los operativos.
Para comprobar esa participación de las fuerzas locales junto a las federales, activistas solicitaron pruebas a las autoridades, que en un principio les fueron negadas.
Los ponentes de la conferencia “Tracking ICE–Police Collaboration: Tools for Journalists, Lawsuits and What Authorities Don’t Want You to See”, organizada por America Community Media, coincidieron en señalar que recibir la información requerida de parte de las autoridades no fue fácil, pero con insistencia, calma y cortesía, tampoco imposible.
California cuenta con una ley muy estricta, conocida como SB 54, que limita rigurosamente la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Los ponentes agregaron que con frecuencia la información solicitada se les entrega incompleta, con retraso o se las retiene, lo que deja a periodistas y comunidades sin una imagen clara de cómo opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a nivel local.
Presión cortés
El director legal de la organización comunitaria First Amendment Coalition (FAC por sus siglas en inglés), David Loy, dijo que casi un año después lograron que las pruebas de la denuncia que presentaron ante el condado de Ventura confirmaron la presencia de elementos de la policía local estuvieron presentes en una redada masiva en la que murió un trabajador agrícola y fueron arrestados unos 361 migrantes migrantes.
“A través de personas que estuvieron presenciando, documentando o protestando contra dicha operación, nos enteramos de que los ayudantes del sheriff del condado de Ventura también habían estado presentes”, informó.
Las inquietudes se sumaron porque California cuenta con la ley SB 54 que restringe rigurosamente la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración, explicó Loy.
En junio del 2025, el mexicano de 56 años Jaime Alanís García murió tras caer desde el techo de un invernadero mientras intentaba huir de una redada masiva de agentes del (ICE).
La FAC representó a la organización sin fines de lucro de derechos de los inmigrantes Buen Vecino y solicitó información al condado de Ventura de los registros pertinentes, las grabaciones de las cámaras corporales y cualquier otra comunicación escrita que documentara y explicara el motivo de la presencia de los ayudantes del Sheriff en el lugar.
“Pero la respuesta pública fue negativa”, comentó. “Se negaron a compartir los registros que explicaban la presencia de los agentes”.
Mediante una demanda que se resolvió el mes pasado, la FAC logró la divulgación de los registros públicos, incluyendo 10 horas de grabación de cámaras corporales.
“El Sheriff del condado de Ventura dijo, incluso, antes de que presentáramos nuestra demanda, había declarado públicamente, de manera muy clara y según su versión, que sus ayudantes no estaban allí para colaborar en la operación de control migratorio, sino simplemente para mantener la paz, tal como él alegó.
“Se podría debatir si eso fue realmente lo que ocurrió, pero esa fue la versión del Sheriff”, explicó.
Loy dijo que por lo general, los registros de las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden no están sujetos a divulgación bajo la Ley de Registros Públicos de California.
“Por ello, presentamos una demanda impugnando dicha negativa”, expresó. “Nuestro argumento fue que si bien es cierto que se trataba de agentes del orden, en realidad no estaban llevando a cabo ninguna investigación sobre la comisión de delito alguno, dado que el propio Sheriff había afirmado que no estaban investigando, sino simplemente realizando labores de seguridad y control de multitudes, lo cual difiere de una investigación propiamente dicha”.
El activista dijo que bajo ese argumento es que se están desarrollando y promoviendo en otras partes del estado.
»En resumidas cuentas, el condado de Ventura llegó a un acuerdo con nosotros muy rápidamente, no fue necesario llegar a juicio», agregó. “El condado accedió a divulgar los videos y a abonar una determinada suma en concepto de honorarios de abogados”.
Loy recomendó que los interesados en solicitar la divulgación de información sean corteses, pero insistentes con las autoridades de las corporaciones adecuadas.
“El gobierno trabaja para el pueblo, no al revés”, comentó Loy.
Brindan ayuda
Elizabeth Clemons, directora de Capacitación y Habilitación de Muck Rock, explicó que la agencia que representa se fundó en el 2010 para ayudar al público y periodistas a presentar, dar seguimiento y utilizar solicitudes de registros públicos en todo Estados Unidos, desdeel nivel del gobierno federal hasta el nivel de su distrito escolar local con las solicitudes de La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
El FOIA es una herramienta legal en Estados Unidos que permite a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, solicitar copias de sus propios expedientes a agencias federales como USCIS, ICE o CBP.
Clemons explicó que la misión de Musk Rock consiste en promover la transparencia y la participación cívica.
“Se creó con el objetivo de apoyar a periodistas, investigadores y al público en general a presentar solicitudes de registros públicos en todo el país, desdeel nivel del gobierno federal hasta el nivel de su distrito escolar local”, comentó.
Dijo que la agencia cuenta con nuestro equipo editorial para colaborar con otros medios para realizar trabajos periodísticos basados en registros que generen impacto.
“Y a través del equipo editorial también adoptamos el Proyecto de Liberación de Datos (DPL por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa para identificar, limpiar, documentar y publicar conjuntos de datos gubernamentales de interés público.
Clemons dijo que a través del DLP trabajan para identificar conjuntos de datos específicos sobre inmigración y también para hacerlos públicos y para desarrollar y mantener diversas herramientas adicionales.
“Más allá de las solicitudes de MuckRock y del DLP, esto incluye también a DocumentCloud, la plataforma de análisis y alojamiento de documentos que también es utilizada por miles de redacciones”.
La ejecutiva de Musk Rock enfatizó en que la comunidad constituye una parte fundamental para la agencia.
Clemons dijo que quienes se quieran unir a una de las tres sesiones de capacitación gratuitas que incluyen el “FOIA Friday” (Viernes de FOIA), “Investigando con Sunlight” y “Construyendo con MuckRock”.
Mas información: https://www.foia.gov/faq.html
“De hecho, dentro de aproximadamente un mes, abordaremos en el “FOIA Friday”, un tema centrado específicamente en el ICE y los registros públicos.
No es nuevo
Austin Kosher, profesor asistente de Investigación de la Universidad de Syracuse, dijo que no hay nada nuevo en lo que respecta a las fuerzas del orden locales porque la colaboración política a nivel federal se remonta a finales del siglo XIX.
“Puedes remontarte a las décadas de 1910 y 1920 y consultar los estudios exhaustivos que la Fundación Carnegie financió en aquel entonces, así como las audiencias confesionales.
“Había alguaciles en las zonas rurales de Ohio que retenían a inmigrantes en cárceles locales, sin imputarles cargo alguno, durante semanas y semanas, y eso enfureció a un buen número de jueces federales”, recordó.
De hecho, agregó, la repatriación masiva de un millón de mexicanos desde el suroeste de los Estados Unidos fue facilitada, en gran medida, por alguaciles y policías locales.
“No fue algo exclusivamente federal. No hubo realmente una operación de aplicación de la ley a escala federal masiva. Así que no, este es un problema muy, muy antiguo”, expresó.
Acuerdos engañosos
Kocher opinó que los acuerdos formales 287 (g) actualmente tienenmuchas diferencias y son engañosos.
Explicó que esos convenios voluntarios entre ICE y agencias del orden locales o estatales en Estados Unidos permiten a oficiales locales entrenados actuar como agentes de inmigración, identificando,interrogando y deteniendo a personas indocumentadas con antecedentes penales o sospechosas de violar leyes migratorias, principalmente dentro de las cárceles.
Dijo que hay que tener en cuenta que existen diversas formas en que las agencias colaboran entre sí, así como distintas maneras en que los inmigrantes pueden terminar bajo custodia federal y acabar siendo deportados a raíz de una interacción con las fuerzas del orden.
Eso, agregó, puede iniciar con una interacción en la calle, tras una llamada al 911 desde un domicilio o algo similar, que no tiene absolutamente nada que ver con el programa 287(g).
“Por lo tanto, existen todo tipo de acciones de control migratorio que desembocan en esa situación, ya sea mediante órdenes de detención o a través de las cárceles locales”, informó. “Sin duda existe el programa 287(g),y se trata de una iniciativa que ha crecido de manera explosiva, superando cualquier previsión que hubiéramos podido imaginar”.
Indicó que, de hecho, hay más de mil 500 acuerdos 287(g) vigentes en todo el país, distribuidos entre unas 1300 agencias diferentes.
“Hemos sido testigos indudables de una explosión en este ámbito, y en particular de un auge de la modalidad más agresiva del 287(g), conocida como el ‘modelo de grupo de trabajo’ (task force model)”, expresó.
Kocher opinó que aunque se trata de un fenómeno de una magnitud realmente enorme, no está claro si el programa 287(g) por sí solo es realmente el motor detrás de un gran número de detenciones realizadas por ICE.
“Esto se debe a que gran parte de la participación en el 287(g) es lo que nosotros calificaríamos como ‘performativa’”, explicó. “Es decir, los alguaciles (sheriffs), y las agencias en general, se adhieren al programa más bien para señalizar su postura política, afín a Trump y al movimiento MAGA, en lugar de generar un cambio sustancial y masivo en sus prácticas operativas reales”.
El catedráticodijo que en estados como Florida y Georgia existe una ley a nivel estatal que exige que todas las entidades busquen obtener un acuerdo 287(g) porque hay muchas agencias que poseen un acuerdo 287(g), pero que no cuentan con una forma significativa de implementarlo.
Solicitudes FOIA: Lentas y engorrosas
Thadeus Greenson, especialista en educación para la Prensa FAC, dijo que debido a que las solicitudes FOIA suelen ser lentas y engorrosas y corrían el riesgo de paralizarse casi por completo bajo la administración actual, especialmente cuando se trataba de registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se realizó un compendio de mecanismos para ayudar a los periodistas a realizar su trabajo.
“La periodista Paloma Esquivel, quien trabajó en LA Times, ayuda a los reporteros locales con herramientas para acceder a registros que permitieran arrojar luz sobre las actividades de aplicación de las leyes de inmigración a nivel local, así como sobre el grado de cooperación existente entre las agencias locales y los esfuerzos federales de control migratorio”, compartió.
Explicó que Esquivel se centró específicamente en cuatro tipos de registros: supervisión, contratos, comunicaciones y de las fuerzas del orden.
“Documentos que, según la Ley de Registros Públicos de California, deberían estar disponibles para su consulta”, agregó. “Y consideramos, al igual que, probablemente, la mayoría de las leyes de registros públicos en todo el país, en el ámbito de la supervisión, identificar ciertas leyes estatales que introducen algún nivel de vigilancia sobre los centros de detención federales en California”.
En California existe la ley que autoriza a las autoridades sanitarias del condado a realizar inspecciones en los centros de detención y establece que los informes derivados de dichas inspecciones, así como todos los registros relacionados, constituyan registros públicos.
“Del mismo modo, existe una ley que autoriza al Departamento de Justicia de California a revisar e informar sobre las condiciones imperantes en los centros de detención de inmigrantes, asimismo, los informes del Departamento de Justicia son de carácter público.
“Además, existe otra ley que estipula que los centros de detención que operen bajo cualquier contrato con una ciudad, condado o agencia del orden público local están sujetos a la Ley de Registros Públicos”, comentó.
En lo que respecta a los contratos, Greensondijo que Esquivel señaló que en cualquier ocasión en que el DHS, ICE o CBP celebren un contrato o firmen un memorando de entendimiento (MOU) con una agencia local, los registros correspondientes a dichos acuerdos serán susceptibles de ser divulgados a través de dicha agencia local.
