Nora Alicia Estrada
Los Angeles.- “Tengo miedo a un desalojo porque ya casi debo ocho mil dólares de renta», ¿Qué voy hacer? ¿A caso mi familia y yo formaremos parte de la lista de homeless? Dice desesperada Luz Galván, una de los millones de trabajadores despedidos debido al Covid-19 que no han podido pagar su alquiler.
Luz, madre de tres hijos, está al borde de un colapso porque las dudas aumentan y ni ella ni científicos ni políticos ven el fin de esta crisis de salud que ha llevado a millones a la pobreza.
La angelina, vecina del Este de Los Ángeles, cuenta que ella y su marido rentan una casa de tres recámaras y que no han podido pagar el alquiler los meses de abril, mayo, junio y julio.
“Y ya viene agosto y la situación nos preocupa mucho, al grado del insomnio”, dice. “No tenemos trabajo suficiente como para pagar el alquiler. No queremos dejar de pagar, pero necesitamos más tiempo de moratoria”.
Políticos estatales y locales han promulgado moratorias de desalojo, pero muchas de esas protecciones expirará en agosto, lo que desencadenará una ola de desalojos, como el que teme Luz.
Cerca de 24 millones de estadounidenses podrían ser desalojados de sus viviendas a fines de agosto, mientras 15 millones de inquilinos ya viven en hogares afectados por la pérdida de trabajo o la reducción de ingresos debido a la pandemia del COVID-19.
Margot Kushel, doctora en la División de Medicina Interna General en el Hospital General y Centro de Trauma Zuckerberg en San Francisco, dijo en la teleconferencia organizada por Ethnic Media Services, que el peor desenlace de los desalojos para las familias es sin duda, quedar sin hogar y terminar en la calle.
Anticipó que en California los desalojos pueden contribuir a un aumento del 40 por ciento en la población sin vivienda, de la que hoy en día solo una tercera parte termina en algún albergue.
“Al principio las familias se mudan a casas más inestables, amontonados con familiares o amigos, pero en un periodo de uno o dos años, irremediablemente, terminan en la calle”, comentó.
Dice que la situación es especialmente difícil para familias con niños, no sólo porque los menores deben dejar de ir a la escuela y por ende interrumpir su educación, sino porque los adultos evitan a toda costa terminar en refugios ya que el estado les puede quitar la custodia de sus hijos.
“Esto lo vemos mucho en la comunidad latina, donde familias de hasta 12 o más personas comparten una sola habitación y un baño para evitar que las cuenten como personas sin hogar y les quiten sus niños… Esto es un sopa caliente para el virus”, añadió.
El 18 de marzo el gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó el proyecto RoomKey para asegurar que la población sin hogar tuviera un techo y así evitar la propagación del coronavirus.
Hasta el momento, el programa ha logrado albergar a cerca de 15 mil personas en los tres meses desde su lanzamiento.
SIN PROTECCIONa
En varias ciudades de California, donde el control de renta ha sido una de las victorias de los sindicatos de inquilinos, 17 millones de ellos no podrán pagar la renta al final de la moratoria, y el sistema judicial tampoco los protege.
Nisha Vyas, abogada principal de vivienda en el Western Center on Law and Poverty, dijo que en la Corte casi el 60 por ciento de los desalojos se resuelven dentro de un mes.
“Y casi siempre a favor del arrendatario, y el inquilino tiene solo cinco días para presentar una respuesta en la corte o perder su caso y por defecto su hogar.
“Además”, agregó Vyas, “los inquilinos raramente tienen abogados que los representen”.
La abogada dijo que las cortes tienen audiencias de desalojos virtuales a raíz del coronavirus.
“Pero muchos inquilinos no pueden acceder por la barrera del lenguaje, las restricciones tecnológicas o incluso la inhabilidad de pagar la cuenta del celular”, añadió. “Y aunque desde el 1 de abril, más de 80 condados y ciudades en California adoptaron algún tipo de protección para los inquilinos, ellos todavía tienen que demostrar en los tribunales que están cobijados por estas medidas”.
La abogada dijo que las amenazas que los arrendatarios lanzan a los inquilinos de llamar a la policía o cambiarles las cerraduras son ilegales.
Explicó que las organización Western Center on Law and Poverty co-patrocina el proyecto de ley estatal 1436, diseñado para dar a los inquilinos una oportunidad justa de pagar el alquiler adeudado, y al propietario a perseguir su caso a través de un acción civil en oposición al proceso penal de desalojo. También busca prevenir los impactos negativos al crédito para los inquilinos.
AL BORDE DEL COLAPSO HABITACIONAL
Emily Benfer, directora de la Clínica de Justicia de Salud de la Facultad de Derecho de Wake Forest, dijo que Estados Unidos enfrenta un panorama aterrador para las familias de bajos recursos, especialmente afroamericanas y latinas.
“Nuestro país está colapsando, está al borde de una crisis de vivienda de magnitud sin precedentes y sin una red de seguridad que nos soporte.
“Principalmente las familias afroamericanas y latinas se enfrentan al fin de los aplazamientos de desalojo que el gobierno federal y varios estados extendieron solo hasta agosto, para quienes no han podido pagar la renta en medio de la crisis económica causada por la COVID_19”.
Dijo que existe un aumento del 92 por ciento en la solicitud diaria de asistencia o ayuda (financiera) de arrendamiento en comparación con la misma fecha pero el año pasado.
“Y los programas de asistencia financiera se agotan a los pocos minutos de estar disponibles”, dijo.
La pandemia, añadió, agravó las condiciones que ya eran insostenibles para los arrendadores.
“De hecho”, comentó, “más de 20 millones de familias tenían dificultades para pagar la renta.
Explicó que solo una familia de cada cuatro recibía asistencia federal y en la última década las unidades de viviendas de bajo precio se redujeron en cuatro millones.
Dijo que el 44 por ciento de los afroamericanos y el 61 por ciento de los latinos vive en casas arrendadas,
“Esa cifra llega sólo al 38 por ciento en el caso de los blancos”, enfatizó. “Cerca del 75 por ciento de las familias de afroamericanas e hispanas no tenían ahorros de emergencia para cubrir gastos por un promedio de alrededor de tres meses, mientras el 53 por ciento de las familias blancas sí pudieron contar con esos fondos para enfrentar los compromisos y la crisis”.
Dijo que actualmente menos de la mitad de los estados tiene alguna política de moratoria de desalojo.
La ley CARES del Congreso estableció 120 días de prórroga y si bien previno una ola de desalojos, está a punto de vencer.
Por su parte, la ley Herodes, que vislumbra un presupuesto de ayuda financiera para el arrendamiento, pasó en la Cámara de Representantes pero está detenida en el Senado.
“Una de las peores consecuencias del desalojo para estas familias es que terminan en albergues donde es imposible mantener la distancia social, lo que las expone aún más al Coronavirus”, añadió.
