Hay una disminución de 2,3 millones en el número de niños inscritos en Medicaid y CHIP desde que Trump asumió al poder en enero del 2025
Los Ángeles.- La administración Trump reactivó la normativa de «carga pública» generando un efecto disuasorio entre las familias inmigrantes que se han dado de baja de programas esenciales de protección social como la alimentación y la atención médica por temor a verse afectadas por esta normativa.
Esta regla deniega la residencia permanente (tarjeta verde) a los solicitantes que utilizan o utilizarán beneficios públicos, tales como Medicaid, asistencia para la vivienda o cupones de alimentos.
Durante la conferencia “New Public Charge Rules Have Chilling Effects on Immigrants and Their Children “ organizada por American Community Media”, los expertos dijeron que la norma, que entra en vigor el próximo 18 de septiembre, otorga amplias facultades a los funcionarios de inmigración para determinar si un solicitante podría convertirse en una «carga pública».
Xiao Wang, director ejecutivo y cofundador de Boundless Immigration, opinó que la normativa volverá a una definición más amplia que otorga a los funcionarios de inmigración mayor margen de discrecionalidad para denegar solicitudes de residencia permanente basándose en diversos factores, incluida la posible dependencia futura de ayudas públicas.
Añadió que la regla podría prolongar los tiempos de tramitación y aumentar la complejidad del proceso.
“La norma de carga pública volverá pronto en la misma forma que la administración Trump intentó implementar durante su primer mandato. Es más amplia que el criterio que hemos tenido desde 2022”, comentó.
En el escenario anterior, explicó, los funcionarios de inmigración aplicaban criterios específicos para denegar una solicitud de tarjeta de residencia (green card).
Dijo que en ese entonces, si determinaban que el solicitante no demostraba suficiente estabilidad financiera ni capacidad para valerse por sí mismo, es decir, para no convertirse en una carga pública, tenían la facultad de denegar la solicitud.
“Ahora, cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para denegar la tarjeta de residencia, no solo si la persona ya ha recibido beneficios sujetos a pruebas de recursos económicos (como Medicare, asistencia alimentaria o ayuda para la vivienda), sino también si existe la posibilidad de que dependan de estos beneficios en el futuro.
“Además, el temor que genera y su impacto en las familias y en su bienestar en todo el país son tan significativos como el número real de solicitudes que podrían verse afectadas”, expresó.
La última vez que la actual administración intentó aplicar esta medida, muchas familias retiraron a sus hijos de programas de alimentación y salud por miedo.
“Sin embargo, en la mayoría de esos casos, los beneficios recibidos por los niños ni siquiera habrían perjudicado la solicitud de residencia de los padres”, agregó.
Cambios
Wang explicó que lo que cambiará es que se pasará de un enfoque mucho más objetivo y basado en cifras a uno de carácter más discrecional.
Dijo que los funcionarios volverán a evaluar lo que denominan la «totalidad de las circunstancias» de cada caso.
“Esa totalidad consiste en la edad, salud, situación familiar, recursos económicos y activos, formación y habilidades, y cualquier otra prueba de ser autosuficiente”, comentó.
Agregó que ahorase adopta este enfoque integral, que es mucho más matizado y complejo.
“Por tanto, es probable que ocurra lo mismo que la última vez, que las solicitudes se volverán más complejas y extensas, y los tiempos de evaluación y tramitación se prolongarán, ya que habrá más información que leer y considerar”, expresó.
Wangaseguró que han eliminado criterios que eran más objetivos.
Recordó que en la versión de 2019, existía una norma que limitaba la recepción de beneficios a un máximo de 12 meses en un periodo de 36.
“Ahora no existe tal definición, lo que dificulta la preparación de cada solicitud al no haber criterios claros sobre qué califica y qué no”, comentó.
Dijo que el grupo principal afectado está compuesto por personas que solicitan la tarjeta de residencia (green card) desde dentro de los Estados Unidos, proceso técnicamente conocido como «ajuste de estatus”, y por aquellas que solicitan la residencia permanente desde el extranjero.
“Se trata mayoritariamente de casos familiares que involucran a cónyuges, padres e hijos; específicamente, familiares directos e inmediatos de ciudadanos estadounidenses y de titulares de la tarjeta de residencia”, agregó.
Exenciones
Explicó que existen exenciones legales específicas, por lo que la normativa no altera esos casos, como los refugiados y asilados, los menores inmigrantes especiales (niños que han sufrido abuso, abandono o negligencia), las víctimas de trata y de ciertos delitos (como los titulares de visas T y U), así como las personas amparadas por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
“Si se tramita su solicitud a través de una de estas categorías exentas por el Congreso, esta norma no le afecta”, comentó.
Wang añadió que la regla de «carga pública» no se aplica a la naturalización ni a la obtención de la ciudadanía estadounidense.
“Si ya posee la tarjeta de residencia y solicita la naturalización, los beneficios que haya recibido no influyen en dicha decisión”, añadió.
Dijo que en cuanto a la aplicación de la norma, los beneficios recibidos después del 18 de septiembre computan bajo estos nuevos criterios, mientras que las solicitudes de residencia presentadas antes de esa fecha se rigen por la normativa vigente (más limitada), aunque su resolución definitiva tarde seis, 12 o más meses adicionales.
Recomendó que las familias que están listas para iniciar el trámite, el paso más útil es presentar la solicitud antes del 18 de septiembre.
Wang dijo que la última vez que se amplió esta norma, el Urban Institute descubrió que uno de cada cinco adultos o niños en familias inmigrantes evitó solicitar beneficios públicos a los que tenía derecho por temor a perjudicar su estatus migratorio.
“En el caso de las familias de bajos ingresos, la cifra era tres de cada 10”, añadió. “Este es el aspecto que tiene un impacto mucho más amplio en las comunidades inmigrantes; el miedo trasciende la norma en sí.
Por lo general, los beneficios recibidos por familiares, incluidos los hijos ciudadanos estadounidenses, como Medicaid o asistencia alimentaria, no se consideran beneficios recibidos por el propio solicitante.
“Además, la mayoría de los inmigrantes ni siquiera pueden acceder a algunos de estos beneficios de Medicaid o SNAP hasta una etapa más avanzada de su proceso migratorio”, comentó. “Por tanto, las familias renuncian a beneficios para sus hijos, a menudo para protegerse de un riesgo inexistente”.
En resumen, dijo, este es un momento en el que la gente necesita información adecuada, confianza y orientación.
Wang informo que lo que se debe hacer es, si alguien está listo para presentar una solicitud en una categoría afectada por esta norma de carga pública, es decir, una solicitud de tarjeta verde o de residencia permanente legal,, debería hacerlo antes del 18 de septiembre, lo que le permitirá acogerse a la normativa vigente.
“Y en segundo lugar, hay que tratar de encontrar a alguien de confianza que pueda brindar asistencia”, recomendó Wang.
Millones de niños menos inscritos en Medicaid y CHIP
Joan Alker, directora ejecutiva del Center for Children and Families y profesora investigadora de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, resaltó que hay una disminución de 2,3 millones en el número de niños inscritos en Medicaid y CHIP desde enero de 2025.
Agregó que esto está pasando desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025.
“Es una cifra devastadora”, expresó. “Basándome en esfuerzos anteriores para seguir esta cifra, puedo decirles que el número de niños sin seguro había estado disminuyendo durante muchos, muchos años en este país, hasta que el presidente Trump asumió el cargo por primera vez, en aquel entonces también observamos descensos en la inscripción a Medicaid y CHIP”.
Sin embargo, dijo, durante el primer mandato de Trump y antes de la pandemia, la caída fue de aproximadamente un millón.
“Ahora ya estamos en 2,3 millones, y apenas llevamos un año y medio de su mandato”, manifestó.
Alker explicó que esa disminución no tiene nada que ver con la norma de «carga pública» *per se*, ya que esta no entra en vigor hasta el 18 de septiembre.
Considero que hay muchas razones para esto, una de ellas, son las familias de estatus migratorio mixto que temen a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos comparta datos de Medicaid y CHIP con el ICE.
“Los padres temen inscribir a sus hijos en Medicaid y CHIP debido a la agenda de deportaciones extraordinariamente agresiva que afecta a niños y familias”, opinó. “Tienen miedo porque, por primera vez en la historia,el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha declarado que compartirá datos de Medicaid y CHIP con el ICE”.
Comentó que aunque hay litigios en curso al respecto, la medida sigue vigente.
“También influye el hecho de que algunos estados están promulgando leyes severas que exigen reportar a personas y familias inmigrantes; Indiana es el ejemplo más drástico”, expresó.
Alker dijo que no se sabe cuántos de estos 2,3 millones de niños carecen de seguro médico. “Lo que sí sabemos es que, cuando disminuye la inscripción en Medicaid, aumenta la tasa de niños sin seguro, de acuerdo a lo que se ha observado, esto representa un problema”, comentó.
Dijo que cuando los niños no tienen seguro médico, les resulta más difícil acceder a la atención sanitaria, especialmente a la atención primaria y preventiva, para tratar sus problemas a tiempo.
En casos como el asma en niños en edad escolar, agregó, es necesario que acudan al médico.
“Necesitan poder obtener sus medicamentos; de lo contrario, terminarán en urgencias, lo cual resulta costoso para nuestro sistema de salud y muy caro para las familias. Incluso podría llevarlas a la ruina”, expresó Alker.
Efectos devastadores
Giridhar Mallya, médico especialista en salud pública y funcionario superior de políticas de la Fundación Robert Wood Johnson, dijo que antes de que entre en vigor la norma sobre la “carga pública” ya se están observando efectos devastadores en el programa SNAP porque de acuerdo a datos nacionales del Center on Budget and Policy Priorities, la participación ha disminuido en 4,5 millones de personas tan solo en los últimos nueve meses.
Agregó que esa cifra incluye a casi un millón y medio de niños.
“Se trata de descensos enormes, como no se veían desde la década de 1990, y eso que aún no se han implementado todas las disposiciones; por tanto, es probable que veamos muchas más reducciones”, expresó el especialista.
El SNAP, un programa gubernamental que ayuda a las personas a costear sus alimentos y constituye un salvavidas fundamental que beneficia a 37 millones de personas en este país, incluido el 40 por ciento de los niños.
“La norma de carga pública va a agravar aún más una situación ya de por sí difícil, especialmente en lo que respecta a las familias de estatus migratorio mixto, familias con hijos ciudadanos estadounidenses y padres con otro estatus migratorio, y que también sembrará aún más miedo en las comunidades de inmigrantes, que han vivido aterrorizadas durante los últimos 18 meses”, resaltó.
El programa atiende a quienes viven cerca o por debajo del umbral federal de pobreza; de hecho, cerca de cuatro de cada diez participantes son niños.
“No obstante, también presta servicios a personas mayores, personas con discapacidad y a muchísimos adultos que, aún teniendo empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas», dijo Mallya.
El beneficio mensual promedio del SNAP ronda los 350 dólares por hogar, y numerosos estudios demuestran que este programa marca una gran diferencia a la hora de sacar a la gente de la pobreza, proteger su salud e impulsar la economía.
En cuanto a los requisitos de elegibilidad, los ciudadanos estadounidenses, por supuesto, pueden acceder al programa.
Los titulares de la tarjeta de residencia permanente (*Green Card*) son elegibles tras un periodo de espera de cinco años y, hasta hace poco, también lo eran otros inmigrantes con presencia legal, aunque lamentablemente eso ha cambiado.
“Cabe aclarar que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para el SNAP, y nunca lo han sido”, recordó.
En cuanto a la norma de carga pública y el SNAP, medida que afectará a la participación en programas públicos como Medicaid y CHIP, se otorgará un enorme margen de discrecionalidad a los agentes de inmigración.
“Creo que esto conducirá a decisiones erróneas y también a decisiones tomadas deliberadamente para reducir el número de personas que utilizan estos programas vitales de beneficios públicos», señaló.
Dijo que en la primera administración Trump, la norma de «carga pública» tuvo un impacto enorme en los niños de hogares con estatus migratorio mixto porque más de 700 mil niños perdieron el acceso a SNAP en un periodo de solo dos años.
“En general, es probable que la norma original de carga pública provocará que casi dos millones de personas perdieran SNAP”, comentó. “Eso en cuanto a la carga pública y SNAP, creo que es fundamental dar un paso atrás y comprender que esto no es lo único que está sucediendo con SNAP en este momento”.
Mallya informó que durante el último año y medio, la administración Trump ha aplicado recortes drásticos al programa SNAP e instaurar medidas severas e inhumanas contra los inmigrantes y sus comunidades.
“La administración ha deportado a muchísimos inmigrantes indocumentados, pero también se han visto afectados inmigrantes con presencia legal. El ICE continúa realizando redadas en las comunidades y sacando a personas de sus hogares de manera arbitraria y, a menudo, violenta.
“Y la administración está compartiendo datos entre agencias, información que nunca debió compartirse entre las agencias que administran Medicaid y SNAP y aquellas encargadas de la aplicación de las leyes de inmigración”, añadió, “al tiempo que observamos estos enormes recortes en el programa SNAP”.
