Los Ángeles.- Miedo, confusión, la retórica y las políticas antiinmigrantes impide a muchos inmigrantes acceder a la atención médica y otros servicios relacionados por la Covid-19, coincidieron en señalar varios activistas.
Para opinar sobre las causas por las que los inmigrantes no solicitan los servicios relacionados al Covid-19, en la video conferencia organizada por Ethnic Media Services participaron el doctor Daniel Turner-Lloveras, Profesor Asistente de Medicina en Harbor-UCLA / David Geffen School of Medicine / UCLA, y Luvia Quiñones, Directora de Políticas de Salud de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.
También se unieron Madison Allen, Abogada Principal de Políticas en CLASP, y Connie Choi, Gerente de campo y estratega de campaña de PIF en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración participaron en un foro organizado por Ethnic Media Services.
El pasado 24 de febrero entró en vigor la nueva regla sobre carga pública generando un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos y afecta, tanto a las peticiones de la residencia permanente, conocida como green card, como a las solicitudes de visas no inmigrantes, como por ejemplo las de estudiante, turista, trabajo temporal, intercambio o inversión.
Y es que según la nueva normativa, tanto los oficiales consulares como los de la Policía Fronteriza –CBP, por sus siglas en inglés– o del Servicio de Inmigración y Ciudadanía –USCIS–pueden negar ajustes de estatus, visas de inmigrante para obtener la residencia permanente o ingresos a Estados Unidos si consideran que una persona extranjera puede convertirse en carga pública (solicitado fondos públicos) .
Asimismo, pueden rechazar las solicitudes de visas no inmigrantes y USCIS puede denegar cambios de estatus o extensiones de visas.
Quiñones opinó que la nueva ley de la carga pública por parte de la administración de Donald Trump impide que los inmigrantes accedan a la atención médica y otros servicios necesarios durante la pandemia de la COVID-19.
“El miedo a la deportación y la carga pública impiden que las comunidades inmigrantes accedan a la atención médica y, como resultado, las comunidades latinas y asiáticas se están presentando en hospitales con casos más avanzados de la COVID-19. Es por eso que evitan ir a recibir atención médica, lo que impide aplanar la curva de la pandemia.
“Muchos inmigrantes no saben sobre su elegibilidad para algunos programas debido a la escasez de recursos específicos del idioma”, agregó. “El impacto de la Pandemia ha variado del miedo a la ansiedad por no poder obtener ayudar publica, y por otro lado, no solamente ellos, sino nosotros, no sabíamos exactamente lo que esta enfermedad significaba y qué tanto nos iba a afectar”
Quiñones dijo que además del miedo a solicitar servicios médicos relacionados a la Covid-19, los inmigrantes también enfrentan la barrera del idioma.
“Ha habido muchos estudios que muestran cómo el miedo no sólo impidió a que las personas se hicieran la prueba, sino que cuando empezó la Pandemia nos sabían que la prueba era gratis. Y no fue hasta que abogados y líderes latinos lograron que nuestro gobernador J. B. Pritzker (Illinois) anunciara que la prueba por la COVID-19 era gratis, independiente si tenían o no seguro médico o su estatus migratorio.
“Creo que para la comunidad inmigrante no sólo fue en general un miedo, sino que la información que no se proporcionó e idiomas diferentes”, dijo. “De hecho, aquí en Illionis tardaron algunas semanas en proporcionar información incluso en español”.
Añadió que la organización ha recibido información de profesionales de la salud pública y médicos locales que la comunidad latina y asiática son los que llegan a los hospitales con síntomas graves, más que otras etnias.
“Y creemos que eso es una combinación del miedo a inmigración por ser deportado y también al costo de la hospitalización.
“Voy a resaltar y a enfatizar que desafortunadamente que todas estas barreras que te he mencionado nuestra comunidad las ha experimentado no una, muchas veces, pero por otras situaciones. Y que si es un hecho que la falta al acceso a los servicios médicos ha expuesto a un sistema de salud pública discriminatorio y racista.
“Definitivamente todo eso impacta sobremanera a la comunidad”, expresó.
Para Turner-Lloveras, lo indicado es que se frenen las detenciones de inmigrantes y eliminar los hacinamientos en los centros de detención de ICE.
“Es un hecho bien conocido que allí la infección se propaga fácilmente”, agregó.
TIENEN DERECHOS
Allen dio una visión general integral de los recursos disponibles para las familias inmigrantes, incluida la atención médica y la asistencia financiera y nutricional.
“Los inmigrantes tienen derecho a acceder a una serie de programas sin afectar su estado migratorio. La legislación federal ha financiado los centros de salud y hospitales comunitarios para cubrir las pruebas la COVID-19, y el tratamiento de personas sin seguro médico, independientemente de su estado migratorio.
“El tratamiento de prueba y la atención preventiva relacionada con la COVID-19 no se incluirán en una determinación de la carga pública”, aseguró. “Incluso si los servicios de atención médica están cubiertos por Medicaid”.
El nuevo programa federal Pandemic EBT, que está actualmente disponible en 40 estados, proporciona recursos nutricionales a familias de bajos ingresos durante la crisis de la COVID-19.
“Los niños que ya no reciben almuerzos escolares gratuitos debido a que sus escuelas cerraron por la orden de confinamiento pueden calificar para el programa”, comentó la abogada Abogada Principal de Políticas en CLASP.
Según el Departamento de Servicios Sociales de California, en en el Estado Dorado las familias pueden obtener hasta 365 dólares por niño calificado.
“Los beneficios de P-EBT no se consideran como parte de la carga pública”, manifestó.
Los beneficios de desempleo para aquellos que califican, agregó, tampoco se consideran en una determinación de carga pública o del erario público.
“Es importante señalar que la elegibilidad por desempleo se ha ampliado para incluir a los trabajadores contratados durante la pandemia”, expresó.
Sin embargo, dijo, se requiere un número de seguro social válido, por lo que los trabajadores indocumentados, incluidos aquellos con números de identificación de contribuyente individual, no pueden calificar.
Los préstamos estudiantiles y la ayuda financiera federal para estudiantes tampoco se consideran en la carga pública.
Pido también a toda la comunidad latina a que busquen ayuda a asociaciones sin fines de lucro y asociaciones legales en su área para que se enteren de la ayuda disponible para ellos y las fechas de vencimiento de las solicitudes de todos los programas de ayuda.
