La administración de Biden reducen gran medida la regla de carga pública, pero aún así los inmigrantes tienen miedo
Con la eliminación de la política de carga pública que el presidente Joe Biden eliminó la semana pasada regresa la tranquilidad y esperanza a millones de inmigrantes sin estatus migratorio que durante la administración de Donald Trump vivieron con miedo, estrés, ansiedad y muchas necesidades.
El 9 de septiembre de 2022 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla final que implementará la causal de inadmisibilidad por carga pública.
La regla final entrará en vigencia el 23 de diciembre de 2022, y se aplicará a las solicitudes con matasellos (o enviadas electrónicamente) en esa fecha o después.
Hasta la fecha de inicio de vigencia de la regla final, USCIS aplicará la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública de conformidad con la Guía Provisional de Campo de 1999.
La regla reduce en gran medida la definición de carga pública a sólo dos criterios: asistencia temporal para familias necesitadas e instituciones en especialización para cuidados a largo plazo.
La administración Trump había ampliado la definición de la regla de 1999, que rara vez se usa, para incluir a los inmigrantes que reciben Medicaid, ayuda para vivienda pública o los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), como parte de la determinación de inadmisibilidad de carga pública, incluso, si estaban solicitando esos beneficios en nombre de sus hijos nacidos en Estados Unidos.
La regla que otorgaba a los funcionarios de inmigración la discreción de determinar si una persona que solicita una tarjeta verde podría volverse dependiente del gobierno también se habría impuesto a las personas que intentaran ingresar permanentemente a Estados Unidos.
Las demandas y los mandatos judiciales impidieron que la política de Trump se impusiera, excepto por un breve lapso en 2020. La Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó la regla de Trump en 2021, poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.
Pero a pesar de la falta de implementación, la regla tuvo un efecto paralizador en las comunidades de inmigrantes indocumentados. Millones de personas se dieron de baja a sí mismos y a sus familiares de los beneficios federales a los que tenían derecho por temor a invocar la inadmisibilidad por carga pública cuando regularizaran su situación migratoria.
“Esta acción (de hoy) garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado de prensa del 8 de septiembre.
Además, agregó: “De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
La prueba de carga pública impacta potencialmente a aproximadamente 10 millones de inmigrantes y 12 millones de niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, pero nacidos en familias de estatus mixto.
Impacto positivo
“Estamos seguros que este tan esperado cambio de política tendrá un impacto beneficioso en millones de inmigrantes, principalmente mujeres y niños”, expresó Essey Workie, director de la Iniciativa de Servicios Humanos del Instituto de Políticas Migratorias.
“Mientras la regla avanza en la dirección correcta, “las comunidades de inmigrantes aún temen lo que pueda suceder en el futuro. Un cambio en la administración podría traer de vuelta las reglas restrictivas, lo que afectaría el estatus migratorio”, dijo Workie en entrevista con Ethnic Media Services.
“Definitivamente se esperan demandas y medidas cautelares, pero deben basarse en cuestiones técnicas o de procedimiento. “No veo que eso se aplique a esta situación”, agregó Workie.
Del miedo a la tranquilidad
Al mismo tiempo, Zenobia Lai, directora ejecutiva de Colaboración de Servicios Legales de Inmigración de Houston añadió; “El Departamento de Seguridad Nacional se ha dado cuenta de los efectos escalofriantes de la regla de carga pública en las familias inmigrantes, especialmente aquellas con hijos nacidos en los Estados Unidos. Debemos pasar de ese miedo a la tranquilidad”.
La ejecutiva señaló que los beneficios recibidos por los niños u otros miembros de la familia no contarían cuando un oficial de inmigración determina si un solicitante se considera una carga pública.
Lai aclaró que solo contaría la asistencia del gobierno y, según la nueva regla, se limitaría a TANF y la institucionalización médica a largo plazo; y expresó su esperanza de que esas dos categorías se eliminen en el futuro.
Lai aclaró también que los beneficios recibidos durante la pandemia de la Covid -19 no serían considerados inadmisibles bajo la regla de carga pública.
Señaló que los oficiales de inmigración tienen la orden de evaluar la totalidad de los recursos financieros y las perspectivas de ingresos futuros de un solicitante. A casi el 60 por ciento de las personas que solicitan el ajuste de estatus se les pedirá que proporcionen una declaración jurada de apoyo de un familiar u otra persona.
“Esto será muy considerado para la aprobación de la solicitud de ajuste de estatus”, enunció Lai.
Tuvo efecto escalofriante
“La retórica de la administración Trump tuvo un efecto escalofriante en las familias inmigrantes. Por ejemplo, durante la administración de Trump, más de 240,000 niños en Texas fueron desafiliados por sus padres de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para Niño”, indicó Anne Dunkelberg, Directora de Programas del Equipo de Salud y Bienestar de la organización sin fines de lucro Every Texan.
“En Texas, uno de cada cuatro niños tiene un padre que no es ciudadano estadounidense. Muchos de ellos son indocumentados, agregó Dunkelberg en una conferencia de prensa el 13 de septiembre.
También señaló que “Los padres ya no deben temer inscribir a sus familiares elegibles en los beneficios públicos. No afectará su propio estatus migratorio”.
‘Es una pequeña victoria’
“Ha habido tanta información errónea sobre la regla de carga pública, que ha disuadido a las personas de inscribirse para los beneficios a los que tienen derecho. En base a la desinformación las familias todavía tienen miedo. La nueva carga pública es una pequeña victoria en una batalla en curso”, dijo Jennifer Duarte de Project Vida, el cual está en Texas.
“Los políticos han avivado el miedo en la comunidad inmigrante y seguirán haciéndolo. La nueva regla se ha escrito de manera que sea mucho más difícil para las futuras administraciones intentar cambiarla”, expresó Esther Reyes Martínez, directora de política de inmigración y defensa en Children’s Defense Fund en Texas
Varias organizaciones aplaudieron la nueva regla, por ejemplo, la Asian Americans Advancing Justice emitió un comunicado señalando que la regla anterior de carga pública era “cruel por diseño”.
La organización dijo que “No solo tenía la intención de favorecer a los inmigrantes blancos y ricos que solicitaban admisión o una tarjeta verde, sino que también tenía como objetivo crear miedo y confusión sobre el uso de programas críticos que salvan vidas dentro de las comunidades de color de bajos ingresos”.
“Trágicamente, la emisión de la última regla provocó que muchos inmigrantes de color, incluidos los asiático-estadounidenses, se retiraran de la atención médica, los programas de nutrición, los servicios de vivienda y otros beneficios”, y señaló que la nueva regla simplifica enormemente la carga pública.
‘Un gran paso’
“La regla de carga pública de la administración Biden se alinea con los principios de larga data en la ley de inmigración y brinda aclaraciones útiles a la orientación preexistente”, indicó Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio,
“Esta política es un paso importante para avanzar en la prioridad de la administración de Biden, de abordar las desigualdades socioeconómicas y raciales que se han visto exacerbadas por la actual pandemia de la COVID-19”, finalizó.
¿Qué es la carga pública?
La expresión “carga pública” es manejado para referirse a una persona que probablemente dependerá principalmente del gobierno para satisfacer sus necesidades básicas. La carga pública está determinada por una combinación de muchos factores, como la edad, la salud, los ingresos / recursos, la situación familiar, la educación, las habilidades y el uso de los beneficios públicos de una persona.
Si está preocupado que la regla de la carga pública pueda afectar su estado migratorio, hable con un abogado de inmigración sobre su caso. Visite ImmigrationLawHelp.org para encontrar un abogado de inmigración.
