Los Ángeles.- La Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA) del Condado de Los Ángeles en el Departamento de Asuntos del Consumidor y Comerciales (DCBA) elogia la implementación de la nueva regulación de «carga pública», que entró en vigencia el 23 de diciembre de 2022.
La carga pública es una “prueba” que los funcionarios de inmigración utilizan para determinar si un no ciudadano dependerá del apoyo del gobierno.
Esta evaluación se realiza cuando una persona solicita el estatus de residente permanente legal («tarjeta verde») o para ingresar a los Estados Unidos.
Esta nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) fortalece las protecciones para las familias inmigrantes que buscan acceder a programas, recursos y servicios críticos ofrecidos por el Condado de Los Ángeles y las agencias públicas en todo el país.
Si bien la administración de Biden revirtió la política de carga pública de la era Trump en marzo de 2021, esta nueva regla aclara qué programas se consideran en una prueba de carga pública, así como los muchos programas y recursos importantes que no se consideran en la prueba. Por ejemplo, el uso de programas de red de seguridad por parte de un niño u otro miembro de la familia no afectará el estado migratorio de un pariente o miembro del hogar bajo la nueva regla.
Este cambio de regla es un recordatorio importante de que los inmigrantes elegibles y los miembros de su hogar pueden usar los programas de vivienda, nutrición y atención médica sin preocuparse por su estado migratorio. Esto es especialmente importante a la luz de la reciente expansión de Medi-Cal en California a todas las personas elegibles por ingresos que tienen 50 años o más, independientemente de su estado migratorio.
La nueva regla aclara que solo la atención institucionalizada a largo plazo a cargo del gobierno o el uso de asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, como SSI, TANF (CalWorks) y asistencia en efectivo estatal, local y tribal, pueden considerarse en una determinación de carga pública.
“Desafortunadamente, muchas familias inmigrantes en nuestras comunidades tienen miedo de usar recursos críticos debido a preocupaciones de carga pública, incluso después de que la administración Biden revocó la regla de la era Trump. La implementación de esta nueva regla es un paso en la dirección correcta para deshacer ese daño”, dijo Rigoberto Reyes, Director Ejecutivo de OIA. OIA se está asociando con las partes interesadas de la comunidad para ayudar a las familias inmigrantes a aprender sobre este importante cambio de reglas y alentarlos a buscar acceso a muchos programas y recursos importantes sin preocuparse por las consecuencias del estado migratorio.
Para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre la regla de carga pública actualmente en vigor, visite el sitio web de la OIA o comuníquese con la OIA al 800-593-822 para hablar con un consejero.
