Expertos también consideran que se desaprovecharán 400 mil trabajadores de alto perfil, muchos en los sectores de salud y tecnológico
Los Ángeles.- En caso de que la Corte Suprema de Justicia decida la validez y permanencia de la orden ejecutiva que busca denegar la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados o temporales, las repercusiones económicas para Estados Unidos serían de unos 7,7 billones de dólares.
Phillip Connor, investigador asociado en el Centro de Migración y Desarrollo de la Universidad de Princeton, informó que a lo largo de un siglo, los nacidos de padres inmigrantes sin estatus migratorio han contribuído significativamente a la economía de este país con 3,1 millones de trabajadores beneficiados.
En su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025,, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que deniega la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y de residentes legales pero temporales, tales como estudiantes, diversas categorías de trabajadores extranjeros y turistas. Desde entonces, diversos tribunales federales bloquearon inicialmente su aplicación. El caso llegó a la Corte Suprema (bajo el nombre Trump v. Barbara), donde los magistrados escucharon los argumentos el primero de abril de 2026, impugnando dicha prohibición.
Se espera que el tribunal emita un fallo definitivo a finales de junio o principiosdejulio de 2026.
En su justificación para la prohibición se han omitido las consecuencias económicas a largo plazo, que podrían ascender a billones, derivadas de la reducción de la fuerza laboral nacida en Estados Unidos, así como el impacto generacional en el flujo de trabajadores que el país necesitará desesperadamente: médicos, enfermeros y cuidadores para la población estadounidense, que envejece con rapidez.
También se han pasado por alto las ramificaciones de crear una subclase de niños nacidos en EU, pero sin estatus legal; niños que, en esencia, serían apátridas.
Actualmente, siete estados están considerando aprobar legislación que prohibiría a los niños sin autorización asistir a las escuelas públicas.
Dicha legislación contraviene un fallo de la Corte Suprema de 1982, el cual garantiza una educación pública gratuita a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
“El caso que tiene ante sí el Tribunal Supremo es uno de los más trascendentales y monumentales que dicha institución ha examinado en su historia moderna debido a que lo que está en juego es que el número de individuos que podrían perder su ciudadanía en virtud de que esta orden ejecutiva se cuenta por millones”, opinó el doctor Hiroshi Motomura, catedrático de Derecho (Susan Westerberg Prager) en la Facultad de Derecho de la UCLA durante una conferencia organizada por America Community Media.
Contribución colosal
Connor dijo que las cifras se extrean de un estudio económico que se realizó en colaboración del Centro de Estudios sobre Migración y se publicó hace unas semanas en la revista Journal on Migration and Human Security para cuantificar a esas contribuciones que los beneficiarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento han aportado a lo largo de los últimos años..
“La cuestión que nos ocupa surge a raíz de que esta orden ejecutiva ha sido elevada ante la Corte Suprema; sin embargo, mis colegas y yo quisimos evaluar el impacto económico —o, al menos, realizar un balance económico— de los beneficiarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento, tanto en el pasado como en la actualidad y de cara al futuro”, comentó.
Dijo que el enfoque se basó en los datos provenientes de encuestas existentes del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau), muchas de las cuales probablemente hayan respondido ustedes mismos a lo largo de los años; tal es el caso de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (*American Community Survey*), que quizás hayan recibido en sus hogares, o tal vez recuerden la Encuesta de Población Actual (*Current Population Survey*), la cual es utilizada habitualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales para medir las tasas de desempleo.
Connor dejó claro que las estimaciones que aportaron los hijos de padres indocumentados o migrantes temporales son cifras conservadoras porque dejaron fuera del estudio a muchas personas que podrían haberse beneficiado de la ciudadanía por derecho de nacimiento de diversas maneras.
“Hay un gran número de personas que podrían estar ausentes de este recuento, por esa razón, deseo subrayar que este cálculo económico es conservador. De hecho, la cifra real podría llegar a duplicar, o incluso superar”.
“En concreto, a partir de estas encuestas, hemos identificado que los individuos nacidos desde 1960 y aquellos que nacerán hasta el año 2045, según nuestras proyecciones, sumarán al menos 4 millones de beneficiarios, una cifra, insisto, muy conservadora.
Connor agregó que los adultos nacidos en épocas anteriores que actualmente forman parte de la fuerza laboral, se concentran principalmente en California, Florida y Texas.
Sin embargo, añadió, a medida que los patrones migratorios han ido evolucionando y la distribución geográfica de estos beneficiarios, ciudadanos estadounidenses hijos de padres indocumentados o migrantes temporales, es ahora mucho más amplia.
“Ahora se encuentran presentes en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos”, comentó.
Explicó que para predecir lo que podrían ocurrir en el futuro con aquellos que todavía son niños y que se benefician de la ciudadanía por derecho de nacimiento, incluyendo los que aún no han nacido, pero que se beneficiarían de dicha ciudadanía en las próximas dos décadas, aproximadamente, se basaron en su participación en la fuerza laboral y en sus ocupaciones.
“Al proceder de este modo y al examinar a toda esa población en su conjunto, los adultos que trabajan actualmente, los que hoy son niños y los que nacerán en las próximas dos décadas, cerca de dos tercios de ellos trabajan o trabajarán en ocupaciones que, por lo general, requieren al menos algún nivel de educación universitaria”, señaló.
Dijo que esto pone de manifiesto su capacidad para lograr avances significativos en el ámbito de la educación postsecundaria en su calidad de ciudadanos estadounidenses, avances que, probablemente, no les estarían permitidos si no gozaran de la ciudadanía de los Estados Unidos.
“Esto representa un gran beneficio, en muchos sentidos, para la economía estadounidense, dado que tienen la posibilidad de acceder a dicha educación para, posteriormente, potenciar sus capacidades profesionales a lo largo de toda su vida laboral”, manifestó.
Connor dijo que en términos numéricos, la cifra total asciende a 3,1 millones de trabajadores beneficiarios, de este total, aproximadamente 2,1 millones, se desempeñan en ocupaciones que se consideran de mayor cualificación, puesto que exigen un nivel educativo superior.
“Logramos estimar que sus ingresos totales aportarán a la economía estadounidense una suma de, al menos, 7,7 billones de dólares a lo largo de este siglo”, dijo. “Se trata de una cantidad de dinero verdaderamente colosal. Se trata de una enorme cantidad de contribuciones a la economía».
“Si nos centramos únicamente en aquellos que nacerán en las próximas dos décadas, tan solo este grupo aportará a la economía estadounidense, durante dicho período, una suma de un billón de dólares o más.
“Por eso, si esta orden ejecutiva llegara a mantenerse vigente, veríamos repercusiones significativas en el futuro, especialmente para aquellos que nacerán en las próximas dos décadas”, enfatizó Connor. “Una posible pérdida de ese billón de dólares, así como la potencial pérdida de 400 mil trabajadores en ocupaciones de alto nivel”.
Incrementaría el número de inmigrantes sin estatus
Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de EU en el Migration Policy Institute (MPI), dijo que si el presidente Trump pretende reducir la inmigración ilegal y disminuir el tamaño de la población inmigrante no autorizada, si se aprueba su orden ejecutiva, pasaría todo lo contrario.
“Lo que hallamos es que dicha orden ejecutiva lograría precisamente lo contrario dado que nacerían niños en Estados Unidos sin estatus legal y no gozarán de la ciudadanía por derecho de nacimiento, entonces la población inmigrante no autorizada aumentaría en 2,7 millones de personas adicionales en los próximos 20 años, y en 5,4 millones a lo largo de 50 años.
“Esto en comparación con el escenario que observaremos si se mantuvieran las interpretaciones actuales de la Enmienda 14”, señaló.
Inclusión en juego
Motomura dijo que uno de los aspectos que están en juego con esta orden ejecutiva del presidente es el abandono de dicha visión para retornar a la noción de que este país no es, en realidad, un lugar para todos, sino únicamente para un grupo relativamente reducido de personas.
“De hecho”, explicó, “el número de individuos que podrían perder su ciudadanía en virtud de esta orden ejecutiva se cuenta por millones,estamos hablando de una cantidad enorme de personas, se trata de una cifra colosal.Reviste una importancia, tanto histórica como numérica”.
Dijo que en un sentido más amplio, considera que representa un cambio radical en la visión de lo que significa ser estadounidense.
“En este contexto, el caso que tiene ante sí el Tribunal Supremo es, a mi juicio, uno de los más trascendentales y monumentales que dicha institución ha examinado en su historia moderna”, manifestó.
Motomura añadió que a su juicio,el espíritu de la Decimocuarta Enmienda es que todos los individuos deberían sentirse incluidos.
“Muchas personas en Estados Unidos se sienten excluidas por el hecho de no tener los padres o abuelos “adecuados”.
“Todo individuo posee un fundamento jurídico para pertenecer a la sociedad, para participar en ella y, de hecho, para contribuir a su desarrollo”, expresó.
Dijo que la ciudadanía no basta por sí sola para garantizar el sentido de pertenencia, ni suficiente para lograr la igualdad (aspecto central del movimiento por los derechos civiles).
“Pero sí constituye un requisito previo indispensable”, comentó. “La ciudadanía es de vital importancia, pues encarna la certeza de formar parte del proyecto nacional”.
Motomura dijo que existen dos formas de concebir la Enmienda 14, una de ellas se centra en la situación de los estadounidenses negros.
En lo que respecta a los afroamericanos, existe un caso de la Corte Suprema, el caso Dred Scott, de la década de 1850, que dictaminó que, en esencia, las personas negras no podían ser ciudadanas.
“Esta Enmienda 14 tenía por objeto revocar el fallo del caso Dred Scott o borrar esa mancha de la historia estadounidense. Pero el otro aspecto que logra la enmienda es instaurar una visión muy amplia de Estados Unidos, una visión que trasciende la mera revocación del caso Dred Scott”, señaló. “Se trata de un acontecimiento de magnitud monumental”.
Dijo que aún más monumental resulta la idea de que la Enmienda 14 encarna una visión inclusiva de Estados Unidos y está diseñada para responder a lo que se convertiría en una nación de inmigrantes.
‘Estados Unidos se replega’
Xiao Wang, director ejecutivo y cofundador de Boundless, opino que prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento socavaría aquello que convierte a Estados Unidos en el destino predilecto para el talento altamente cualificado, impondría una carga adicional a un sistema de salud ya debilitado y golpearía con mayor dureza a las comunidades rurales, que son las que cuentan con menos recursos de amortiguación dentro del país.
“Los primeros lugares en resentir este impacto no serán necesariamente los opulentos sistemas hospitalarios de las grandes ciudades, serán los hospitales rurales que ya luchan por reclutar personal, las residencias de ancianos que no logran encontrar suficientes auxiliares y los proveedores de cuidados a largo plazo, quienes deberán decidir si cuentan con el personal suficiente para atender de manera segura una nueva serie de camas o alas de sus instalaciones”, dijo.
Wang agregó quequienes también cargarán con el pesomás pesado de llegar a esa situación, son los estadounidenses de edad avanzada, las personas con discapacidad, las familias de los pueblos pequeños y las comunidades rurales.
Añadió que los estadounidenses experimentarían tiempos de espera más prolongados para acceder a los proveedores de salud y una atención médica más precaria.
“Estos cambios podrían parecer cuestiones a largo plazo; sin embargo, la actual administración está perjudicando simultáneamente el corto plazo con la reciente imposición de una tarifa de 100 mil dólares asociada a las solicitudes de visado para profesionales de la salud (H-1B) tramitadas desde el extranjero, la cual constituye una de las principales vías para que los médicos foráneos puedan venir a ejercer su profesión en los Estados Unidos”, dijo.
Comentó que ya se observa, tomando como ejemplo el caso de las zonas rurales de California, que diversas clínicas están suspendiendo la contratación de docenas de médicos que necesitan desesperadamente debido a su incapacidad para afrontar el pago de esta elevada tarifa inicial.
“El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha representado, desde hace mucho tiempo, algo mucho más profundo que una mera cuestión de estatus legal, es una claridad absoluta, se llama familias”, expresó. “Si su hijo nace aquí, su hijo puede pertenecer a este lugar. Si usted está aquí, su hijo puede quedarse aquí. Y esa claridad importa, porque reduce el miedo y permite a las personas planificar con confianza”.
Dijo que las preguntas que surgen son: ¿Quiere Estados Unidos seguir siendo el lugar y el país al que acuden las personas más destacadas de todo el mundo para construir, descubrir, sanar y establecerse? ¿O quiere ser el país que le dice a un ingeniero brillante, a un médico talentoso o a un enfermero dispuesto a servir en una comunidad desatendida: “Agradecemos su trabajo, pero el futuro de su familia sigue en el aire”.
Wang dijo que Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, que compiten con Estados Unidos y que también necesitan desesperadamente personal sanitario, observan una oportunidad.
“En otras palabras, otros países están apostando fuerte en un momento en que Estados Unidos se está replegando. Por consiguiente, esta prohibición basada en el lugar de nacimiento no solo rompería con una práctica estadounidense arraigada y consolidada desde hace mucho tiempo, también socavar aquello que convierte a Estados Unidos en el destino predilecto para el talento altamente cualificado, impondría una carga adicional a un sistema de salud ya debilitado y golpearía con mayor dureza a las comunidades rurales, que son las que cuentan con menos recursos de amortiguación dentro del país”, dijo Wang.
