San Rafael, CA.- La coalición comunitaria de defensores de la justicia para inmigrantes que forman más de 25 organizaciones del Condado de Marin se unieron a ICE Out of Marin y Justicia Para Todos para exigir que el alguacil del condado de Marin, Robert Doyle, cese su colaboración con el ICE.
ICE Out of Marin y Justicia Para Todos, la coalición enfocada en terminar con las deportaciones de residentes del condado de Marin y restringir la cooperación de la policía local con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), celebró el 7 de diciembre pasado un mitin de la comunidad ante un foro comunitario abarrotado sobre la ley Thruth Act, presentado por la Junta de Supervisores del Condado para examinar las interacciones de las agencias policiales locales con las autoridades de inmigración federales.
«Reconocemos la humanidad y el valor de cada persona que considera a Marin su hogar», dijo Lisa Bennett, copresidente de ICE Out of Marin. «Las acciones del alguacil Doyle en apoyo al ICE son incompatibles con los valores de Marin, y como nuestro representante electo, exigimos que garantice la libertad y la verdadera seguridad de cada persona en nuestra comunidad».
El alguacil Doyle ha entregado a 133 personas al ICE desde 2017. Estas personas son llevadas directamente a la custodia del ICE sin haber sido liberadas de las áreas de custodia de la cárcel, lo que ha producido una creciente preocupación en la comunidad por el impacto sobre la seguridad y el bienestar de los residentes de Marin.
En nombre de ICE Out of Marin, Laura Eberly de YWCA San Francisco & Marin, apeló al alguacil Doyle para que pusiera fin de inmediato a las prácticas de publicar la información personal de las personas que se encuentran bajo custodia de la cárcel, y de responder a las solicitudes del ICE para obtener dicha información y, en particular, de proporcionarle al ICE el acceso a la cárcel y de facilitarle la transferencia directa de la custodia de los detenidos.
De los 41 miembros de la comunidad que testificaron, todos, menos uno, le pidió al alguacil Doyle que cesara toda cooperación con el ICE, y muchos compartieron testimonios profundamente personales acerca de los devastadores impactos de la deportación.
A pesar de las objeciones del alguacil Doyle de que los «intercambios» en el área de admisión de la cárcel no constituyen transferencias bajo la ley SB 54, el supervisor Damon Connolly no escatimó en palabras:
«No quiero que nuestros funcionarios locales ayuden al gobierno federal a hacer cumplir una política de inmigración disfuncional», dijo en sus declaraciones al concluir. «Me gustaría ver más cambios en la política. El traspaso de una persona al ICE en el área de admisión de la cárcel antes de que la persona sea puesta en libertad tiene el efecto de ser una transferencia en custodia, en mi opinión… ICE debería llevar a cabo sus operaciones fuera de la jurisdicción del alguacil, sin la ayuda de la Oficina del Alguacil».
Los defensores tambiénpidieron a la Junta de Supervisores que adoptara un enfoque más proactivo en lasupervisión de la Oficina del Alguacil, basado en su apoyo expresado el añopasado para la ley SB 54, la Ley de Valores de California, que proporcionaprotecciones de santuario y prohíbe la colaboración de las autoridadespoliciales con el ICE. Con este fin, ICE Out of Marin pidió a la Junta de Supervisores que:
1) Establezca el objetivo de poner fin a todas las deportaciones deMarin,
2) Establezca la supervisión comunitaria de la Oficina del Alguacil,
3) Presente actualizaciones trimestrales sobre toda cooperación local con elICE,
4) Incluya la justicia para inmigrantes en el Plan de Equidad del condado.
ICE Out of Marin planea hacer un seguimiento con el alguacil Doyle y la Junta de Supervisores en enero, con el propósito de determinar los próximos pasos para terminar con la facilitación de las deportaciones en Marín por parte de la policía.
