Los Angeles.- Un fallo de un tribunal federal que determinó que el despliegue de miembros de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina por parte de la Administración de Donald Trump en Los Ángeles fue ilegal.
El juez federal Charles Breyer de la Corte de Distrito Norte de California dijo que tomó decisión porque el Congreso se pronunció con claridad en 1878 al aprobar la Ley Posse Comitatus, que prohibía el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para ejecutar la legislación nacional.
Trump autorizó el despliegue de los militares sin un acuerdo con el gobierno estatal para ejecutar acciones policiacas, incluyendo arrestos, allanamientos y control de multitudes, luego de manifestaciones contra los operativos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Efectivamente, hubo protestas en Los Ángeles y algunas personas participaron en actos de violencia”, dijo Breyer. “Sin embargo, no hubo rebelión, ni las fuerzas del orden civil fueron incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley”.
La decisión de Breyer fue sobre la demanda presentada por el gobierno del demócrata Gavin Newsom, que logró demostrar el uso “sistemático” de soldados armados para la aplicación de la ley.
“Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los acusados utilizaron sistemáticamente soldados armados (cuya identidad a menudo se ocultaba tras blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y demostrar de otro modo una presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores”, agregó el juez. “En resumen, los acusados violaron la Ley Posse Comitatus”.
“Hoy, el tribunal federal falló a favor del pueblo de Los Ángeles”, dijo la alcaldesa Karen Bass . “La Casa Blanca intentó invadir la segunda ciudad más grande del país. Eso fue ilegal. Los Ángeles no cederá ni se derrumbará. No nos dividiremos ni seremos derrotados”.
Bass ha luchado por la defensa de las familias angelinas desde que la administración Trump inició sus imprudentes redadas migratorias y federalizó la Guardia Nacional en Los Ángeles este verano.
En julio, anunció que la ciudad se unió a una demanda para detener las redadas inconstitucionales. Jueces federales han dictaminado que es ilegal discriminar racialmente y atacar lugares de trabajo específicos. La alcaldesa Bass también firmó una directiva ejecutiva para apoyar a las comunidades inmigrantes de Los Ángeles, que incluye:
- Exigir a todos los departamentos que refuercen los protocolos y la capacitación en cumplimiento con la ley de la Ciudad que prohíbe el uso de los recursos de la Ciudad en la aplicación de la ley de inmigración y que entreguen planes de preparación.
- Establecer un grupo de trabajo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde, organizaciones de derechos de los inmigrantes y líderes comunitarios para recopilar comentarios a fin de proporcionar orientación adicional para los agentes de policía cuando responden a actividades de control de inmigración.
- Buscando registros clave del gobierno federal relacionados con las redadas ilegales.
- Ampliar el acceso a los recursos de los departamentos de la ciudad a las familias inmigrantes aprovechando el enlace de asuntos de inmigrantes designado de cada departamento.
Aunque es probable que la Administración Trump apele, el fallo establece claramente que la administración violó la ley federal:
El Congreso se pronunció con claridad en 1878 al aprobar la Ley Posse Comitatus, que prohibía el uso del ejército estadounidense para ejecutar la legislación nacional. Casi 140 años después, los Demandados —el Presidente Trump, el Secretario de Defensa Hegseth y el Departamento de Defensa— desplegaron la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles, aparentemente para sofocar una rebelión y garantizar el cumplimiento de la ley federal de inmigración. De hecho, hubo protestas en Los Ángeles y algunas personas participaron en actos de violencia. Sin embargo, no hubo rebelión, ni las fuerzas del orden civiles pudieron responder a las protestas y hacer cumplir la ley. No obstante, por orden de los Demandados y en contra de las instrucciones explícitas del Congreso, las tropas federales ejecutaron las leyes… En resumen, los Demandados violaron la Ley Posse Comitatus”
