La presidenta Solis y el presidente pro tempore Mitchell advierten que la norma podría poner a miles de niños ciudadanos estadounidenses en riesgo de desalojo y separar a sus familias
Los Ángeles.- La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción oponiéndose a una norma propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) que limitaría el acceso a viviendas subsidiadas por el gobierno federal para familias con miembros indocumentados.
La moción fue redactada por la presidenta y supervisora del primer distrito Hilda L. Solis y coescrita por la presidenta pro tempore y supervisora del segundo distrito Holly J. Mitchell.
La norma propuesta por el HUD, anunciada el 20 de febrero de 2026, restringiría el acceso a fondos federales para vivienda a las familias con algún miembro indocumentado. También exigiría que las autoridades locales de vivienda reportaran al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a los inquilinos que no cumplen los requisitos para recibir asistencia para el alquiler.
Las autoridades del condado advierten que este cambio podría causar que muchas familias con estatus migratorio mixto pierdan su asistencia para la vivienda e incluso disuadir a las familias elegibles de solicitar o mantener el apoyo para la vivienda, lo que pondría a miles de niños ciudadanos estadounidenses en riesgo de desalojo o separación familiar.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esta propuesta amenaza la estabilidad habitacional de niños y familias, socava el acceso a viviendas seguras y asequibles, y corre el riesgo de separar a familias que contribuyen a la vida de nuestro condado”, declaró Solis. “Toda familia merece una oportunidad justa para vivir con dignidad y seguridad, y el Condado de Los Ángeles seguirá luchando por políticas que combatan a esta administración federal deshonesta y protejan la estabilidad y el bienestar de nuestras comunidades”.
El condado de Los Ángeles alberga una de las comunidades más diversas del país, y miles de familias que dependen de la asistencia federal para la vivienda incluyen a niños ciudadanos estadounidenses que cumplen todos los requisitos para recibirla.
«Esta propuesta de regulación del HUD, impulsada por la administración Trump, obligaría a las familias a elegir entre la separación y la pérdida de su vivienda. En un momento en que los costos de la vivienda aquí se encuentran entre los más altos del país, eliminar la asistencia prorrateada pondría a las familias en riesgo inmediato de desalojo y falta de vivienda, sin crear una sola vivienda nueva ni aumentar la financiación. Es imperativo que el condado se oponga firmemente a esta política. Ningún niño debería perder su hogar debido al estatus migratorio de un familiar, y seguiremos luchando para mantener a las familias alojadas y a las comunidades estables», declaró Mitchell.
Según la ley federal vigente, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a recibir ayuda para la vivienda, pero pueden residir con familiares que la reciben, incluyendo hijos nacidos en Estados Unidos y extranjeros con estatus legal. La investigación citada en la moción sugiere que la implementación de la norma del HUD podría afectar a decenas de miles de familias en todo el país y amenazar la estabilidad de la vivienda en comunidades que ya enfrentan altos costos de vivienda y la presión de la falta de vivienda.
La moción ordena a los departamentos del Condado coordinar una oposición formal a la norma y presentar comentarios durante el período de 60 días para comentarios públicos, destacando los graves perjuicios que podría causar a los residentes y a las autoridades de vivienda.
También exige educación y divulgación comunitaria para asegurar que las familias potencialmente afectadas comprendan la propuesta, sus implicaciones y cómo participar en el proceso de comentarios. La moción ordena la preparación de evaluaciones con las autoridades locales de vivienda y agencias asociadas para mitigar el posible impacto de la norma en la falta de vivienda y los servicios de vivienda, y para supervisar y apoyar las impugnaciones legales a la norma, según corresponda.
