Por: Nora Estrada
Los Ángeles.- A semanas de que entre en vigor la segunda administración de Donald Trump, se intensifica la incertidumbre de lo que pasará con el sistema educativo estadounidense debido a las promesas del presidente electo y sus aliados de recortar el Departamento de Educación.
Algunos críticos opinan que puede o no ser políticamente es poco viable que ese departamento tenga cambios, pero otros planes pueden incluir la asignación de fondos federales a las escuelas si utilizan materiales de enseñanza inclusivos y promover la “elección” o los vales para beneficiar a las instituciones privadas.
Los expertos también creen que el poder del erario federal y el sistema de acreditación pueden utilizarse para presionar a las instituciones de educación superior para que desmantelen los programas de diversidad, equidad e inclusión, y la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación se utilizará para preservar los derechos de los estudiantes blancos.
También opinan que las universidades podrían sufrir un posible éxodo de estudiantes debido a las nuevas políticas restrictivas de inmigración, lo que provocaría más problemas financieros.
Incertidumbre
Pedro Noguera, decano de la Facultad de Educación Rossier de la USC, recomendó prepararse para pelear ante el panorama incierto que se avecina en cuestión del sistema educativa.
“Nadie sabe qué será lo próximo”, expresó.
El desmantelamiento del Departamento de Educación (DOE), una promesa central de la campaña de Trump, enciende un intenso debate.
La administración entrante presenta esto como una medida para reducir la burocracia, pero los críticos argumentan que podría poner en peligro programas críticos como la financiación del Título I para escuelas primarias y secundarias de bajos ingresos y las Becas Pell para estudiantes universitarios.
“Estos programas son salvavidas para millones de estadounidenses. Si bien la administración no los ha apuntado explícitamente, eliminar el DOE podría crear brechas de supervisión que podrían socavar su futuro”, agregó.
Noguera comentó que la resistencia también viene de los legisladores republicanos rurales, cuyos electores dependen en gran medida de la financiación federal para la educación.
“También podrían oponerse a cambios radicales”, dijo. “Sin un plan claro, incluso el Congreso podría dudar. El enfoque de Trump no es arreglar la educación, sino usarla como campo de batalla para sus guerras culturales”.
Noguera destacó que la promoción de los vales escolares, defendida desde hace mucho tiempo por los conservadores, también podría enfrentar desafíos importantes.
Mientras los promotores argumentan que los vouchers empoderan a los padres, los críticos señalan evidencia que sugiere que desvían fondos de las escuelas públicas, a menudo beneficiando a las familias adineradas a expensas de los estudiantes de menores ingresos.
“En estados conservadores como Kentucky y Nebraska, las iniciativas de vouchers han sido rechazadas abrumadoramente por los votantes. El público no quiere esto”, expresó Noguera.
La educación no es prioridad de Trump
Thomas Toch, director de FutureE de la Facultad de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, opinó que la educación no es prioridad de Trump, por lo que la educación superior está en un punto de quiebre.
“Muchas universidades enfrentan amenazas existenciales debido a las políticas de inmigración restrictivas que podrían disuadir a los estudiantes internacionales, privando a las instituciones de una fuente de ingresos crucial. Todo esto junto con la disminución de la matrícula nacional y el aumento de los costos de la matrícula.
“La educación superior ya está en un punto de quiebre”, dijo. “Si estas tendencias continúan, podríamos ver cierres generalizados, especialmente entre las universidades más pequeñas”.
Agregó que los ataques de la administración a los programas DEI podrían alienar aún más a los estudiantes y al personal docente.
“Esto exacerbará las dificultades financieras y de reputación de las instituciones”, agregó Toch, ex periodista.
El ahora académico añadió que la educación no es la máxima prioridad para el presidente entrante.
“Es difícil imaginar un enfoque en todo menos en la calidad de las escuelas del país”, expresó.
También señaló que el plan de la administración de gravar las donaciones a las universidades de élite, apuntando a las inclinaciones liberales percibidas de las instituciones ricas, era equivocado.
“Es irónico. Están persiguiendo a un pequeño número de escuelas con grandes donaciones mientras ignoran el hecho de que la mayoría de las instituciones tienen poco o ningún colchón financiero”.
Recordó que en el primer mandato de Trump, se redujeron las protecciones para los estudiantes defraudados por las universidades con fines de lucro.
“Hemos visto esto antes”, añadió. “El propio Trump estuvo involucrado con la Universidad Trump”, dijo. “Era una empresa cerrada por prácticas fraudulentas. Sin embargo, ahora, vemos que la misma administración está dispuesta a diluir las protecciones nuevamente”.
Entre la retórica política y las realidades legales
Thomas A. Saenz, presidente y asesor general del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), dijo que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación puede amenazar con retirar fondos federales, pero no puede hacerlo unilateralmente sin pasar por un difícil proceso legal.
“Los tribunales siguen siendo una protección contra la eliminación precipitada de fondos para cualquiera que participe en medidas progresistas con respecto a la educación”, manifestó. “Abrá un aluvión diario de retórica exagerada contra los inmigrantes, la diversidad, la inclusión y la equidad, los derechos civiles y la educación pública”.
Saenz aceptó que el presidente podrá tener el control de la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, por lo que harán todo lo posible para perseguir las iniciativas progresistas en materia de educación y argumentar que son una violación a los derechos civiles de los blancos”.
“El presidente tiene una autoridad limitada fuera de los tribunales para hacer algo. Hay una gran diferencia entre la retórica y las realidades legales”, dijo.
Saenz agregó que el fallo histórico de la Corte Suprema de 1982, Plyler v. Doe, que garantiza a todos los niños en Estados Unidos el derecho a una educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio, sigue vigente.
“Esto no está en un riesgo inminente en lo absoluto, y también previene redadas del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) u oficiales de migración en las escuelas del kinder al grado 12”.
Dijo que aún cuando la administración puede eliminar un memorando sobre lugares seguros, no significa que tengan el derecho de entrar a las escuelas públicas, porque violarían la ley.
Sobre DACA, Saenz dijo que para eliminarlo implicaría llevar a cabo un proceso formal para hacer una regla.
“Y ningún anuncio de Trump o del abogado general de la nación, le puede poner fin”, resaltó.“Tendrían que pasar por el proceso de elaboración de normas que consiste en publicar su propuesta en el Registro Federal, buscar comentarios públicos durante un período de tiempo razonable, tomarse el tiempo para lidiar con todos esos comentarios públicos”.
Saenz advirtió contra las narrativas impulsadas por el miedo, recordando la resistencia de las protecciones legales y la importancia de la vigilancia en la defensa de los derechos civiles.
Recomendó a los educadores, políticos y a los defensores de los derechos humanos que se mantengan firmes frente a las amenazas injustificadas.
“Defender los principios de justicia e igualdad”, agregó el activista de MALDEF.
