La presidenta pro tempore del Condado de Los Ángeles y supervisora, Hilda L. Solis; la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California Gavin Newsom, se manifirestan sobre la resolución de una jueza federal de bloquear temporalmente de las tácticas de inmigración ilegal
Los Ángeles.- El gobernador Gavin Newsom dijo que la decisión de un juez federal de suspender las redadas y arrestos masivos y violentos pone fin temporalmente a las violaciones de los derechos de las personas y al perfil racial por parte de los funcionarios federales de inmigración.
“Hoy prevaleció la justicia”, expresó el mandatario estatal.
Dijo que la agenda migratoria de Stephen Miller se basa en el caos, la crueldad y el miedo.
“En lugar de centrarse en las personas más peligrosas, los funcionarios federales han estado deteniendo arbitrariamente a estadounidenses y trabajadores, separando familias y desapareciendo a personas en crueles detenciones para cumplir con cuotas de arrestos escandalosas, sin respetar el debido proceso ni los derechos constitucionales que nos protegen a todos de la crueldad y la injusticia.
“Esto debería terminar ya”, sentenció.
Aseguró que California se atiene a la ley y a los cimientos sobre los que los fundadores construyeron Estados Unidos.
“Exhortó a la administración Trump a que haga lo mismo”, dijo en un comunicado.
La orden de restricción temporal impide que la secretaria del DHS, Kristi Noem; el director de ICE, Todd Lyons, y el director de la Oficina Local de Los Ángeles, Santacruz permitan que sus agentes hagan perfiles raciales de los angelinos para detenerlos e interrogarlos por su raza o por el tipo de trabajo que desempeñan.
Además, la corte ordenó que las personas detenidas en el Edificio Federal del centro de Los Ángeles tienen derecho a visitas legales por un número mínimo de horas al día y a realizar llamadas telefónicas gratuitas y no grabadas con sus abogados.
En las últimas semanas, se han registrado un alarmante patrón de redadas llevadas a cabo por agentes fuertemente armados y, a menudo, no identificados.
Muchos residentes, incluyendo residentes de larga data de la comunidad sin antecedentes penales e incluso ciudadanos estadounidenses, han sido retirados de espacios públicos y lugares de trabajo sin explicación alguna.
Han sido prácticamente desaparecidos y se les ha negado el acceso al debido proceso y han atacadas únicamente por el color de su piel.
Las familias se quedan sin respuestas, con la incertidumbre sobre la seguridad y el paradero de sus seres queridos.
“(La resolución temporal de la jueza) es un paso vital para restablecer las protecciones constitucionales y poner fin a las redadas de inmigración ilegales”, dijo la presidenta pro tempore del condado de Los Ángeles, Hilda L. Solis. “Esta conducta no sólo viola derechos constitucionales, sino que ha creado un ambiente de miedo e inestabilidad”.
Dijo que el fallo de la Juez Frimpong confirma lo que siempre han sospechado, que las redadas son ilegales y deben detenerse.
“Me mantengo firme en mi compromiso de garantizar que el condado continúe protegiendo a los angelinos, defendiendo las libertades civiles y la dignidad de cada residente afectado por estas peligrosas redadas de inmigración”.
Karen Bass opinó que la orden judicial de restricción temporal para detener las redadas imprudentes e inconstitucionales es un paso importante hacia la restauración de la seguridad, la protección y la defensa de los derechos de todos los angelinos.
“La Corte falló a favor de la Constitución de los Estados Unidos, de los valores estadounidenses y de la decencia. Los Ángeles ha estado bajo asalto por parte de la Administración Trump, mientras hombres enmascarados agarran personas en la calle, persiguen a trabajadores en estacionamientos y marchan por campamentos infantiles de verano.
“Acudimos a la corte contra esta administración porque nunca aceptaremos estos actos escandalosos y antiestadounidenses como algo normal”, manifestó.
A principios de esta semana, la alcaldesa Bass y la abogada de la ciudad Hydee Feldstein Soto anunciaron que la Ciudad de Los Ángeles se unió a la demanda colectiva “Perdomo v. Noem”, presentada en nombre de personas que han sido detenidas o interceptadas ilegalmente por agentes federales.
La demanda alega que agencias federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han llevado a cabo redadas migratorias inconstitucionales e ilegales, al enfocarse en angelinos basándose en su raza o etnicidad percibida, y al negar a los detenidos el debido proceso garantizado por la Constitución.
