Tras la victoria judicial que consideral ilegal el uso del ejército de parte de la Administracion de Donald Trump, ahora el gobernador presentó la solicitud para detener la orden
Sacramento.- Tras la decisión de hoy de un tribunal federal de bloquear el uso ilegal del ejército por parte de Trump en Los Ángeles para actividades de aplicación de la ley, el gobernador de California Gavin Newsom presentó una orden preliminar pidiendo al tribunal que detenga por completo la extensión del despliegue de estos soldados en Los Ángeles hasta el 5 de noviembre.
Tras la baja de la mayoría de los soldados de la Guardia Nacional a principios de agosto, el Secretario de Defensa extendió el despliegue de 300 miembros de la Guardia en Los Ángeles para que continuaran cumpliendo su «misión de protección federal» al menos hasta el día de las elecciones. Como explicó hoy la Corte, la Administración Trump viola la ley al enviar tropas federalizadas a ejercer «protección federal».
«El momento elegido por Trump para extender el número de soldados de la Guardia Nacional no es casualidad: los mantendrá hasta el día de las elecciones. Nunca hubo necesidad, ni la hay ahora, de desplegar soldados contra sus comunidades.
«El gobierno federal ni siquiera ha intentado justificar el mantenimiento del ejército en Los Ángeles porque no puede. La realidad es esta: quieren continuar con sus tácticas de intimidación para amedrentar a los californianos y obligarlos a someterse», dijo.
El fiscal general, Rob Bonta dijo que la Administración Trump continúa manteniendo como rehenes a los miembros de la Guardia Nacional como parte de un intento sin precedentes de militarizar las calles estadounidenses.
“La federalización y el despliegue inicial de estas tropas fueron injustificados; su redistribución por 90 días adicionales es absurda. Solicitamos al tribunal que bloquee la implementación de esta última orden, y confiamos en que, dados los hechos, o la falta de ellos, que la sustentan, el tribunal estará de acuerdo”, comentó.
Hoy martes 2 de septiembre, un tribunal federal concedió la orden judicial de California que bloquea el uso ilegal por parte de Trump del ejército estadounidense como fuerza policial nacional. El fallo deja claro: Trump está infringiendo la ley al intentar crear una fuerza policial nacional con él mismo como jefe.
“El Tribunal ORDENA que se prohíba a los Demandados [ADMINISTRACIÓN TRUMP] desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California, y a cualquier tropa militar desplegada anteriormente en California, para ejecutar las leyes, incluyendo, entre otros, participar en arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de evidencia, interrogatorios o actuar como informantes”, dice una parte de la sentencia.
El 10 de junio de 2025, tras la intensificación de la militarización del área de Los Ángeles por parte del presidente Trump mediante la toma de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California y el despliegue ilegal de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, el gobernador Newsom y el fiscal general Bonta presentaron una solicitud de emergencia ante el tribunal para impedir que el presidente Trump y el Departamento de Defensa amplíen la misión actual del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina.
Esta misión obliga a los soldados a participar en actividades ilegales de aplicación de la ley civil en comunidades de toda la región, más allá de la simple vigilancia de edificios federales.
Los impactos: Policía fuera de las calles, profesores fuera de las aulas
De los más de cuatro mil miembros de la Guardia Nacional de California enviados a Los Ángeles bajo la orden de Trump, la Guardia Nacional de California estima que sus miembros del servicio habían sido retirados de tareas civiles esenciales, como personal médico y de primera respuesta, trabajadores de servicios, contratistas de la construcción, personal policial, funcionarios penitenciarios, trabajadores del servicio civil y del gobierno, especialistas en tecnología, educadores y maestros, y trabajadores agrícolas.
Normalmente, bajo el mando del gobernador, casi 450 militares se despliegan en todo el estado, incluyendo los puertos de entrada, para combatir organizaciones criminales transnacionales e incautar narcóticos ilegales.
Los militares de CalGuard, dedicados al Grupo de Trabajo Antidrogas del estado, fueron reasignados por el presidente Trump para militarizar Los Ángeles. Las consecuencias fueron nefastas, ya que CalGuard contribuye a garantizar la seguridad pública de las comunidades de todo el estado.
