Por Jenny Manrique, Ethnic Media Services
El sur de Texas, que se extiende a lo largo del Río Grande desde San Antonio hasta el Golfo de México, alberga al 25% de la población del estado. Más del 65% de los hogares de la región no tiene acceso a Internet, lo que ayuda a explicar por qué el subconteo del Censo de 2020 es el más alto en esta zona fronteriza. (Solo el 61.5% de los hogares de Texas en total habían completado la encuesta a mediados de septiembre).
En tiempos normales, los empadronadores del censo habrían tenido seis meses para ir de puerta en puerta y los activistas lo habrían podido promover después de un servicio religioso o en bazares, conciertos o supermercados. Pero la pandemia ha trastocado la normalidad y la Oficina del Censo acortó el calendario de los enumeradores en un mes. El 30 de septiembre marca el último día para completar el cuestionario.
Un conteo insuficiente de solo el 1% significará para Texas la pérdida de US$300 millones por año durante la próxima década.
En los últimos días de la divulgación de esta herramienta, Jenny Manrique entrevistó a tres “héroes del censo” quienes a pesar de la pandemia, siguen alentando a las familias a que respondan el cuestionario del censo 2020 para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida durante el próximo decenio.
Las restricciones a la normalidad que el enemigo silencioso del coronavirus ha traído a la vida de los estadounidenses, dejó a los promotores y organizadores del censo decenal sin una de sus herramientas más vitales: los encuentros cara a cara.
En épocas normales, los encuestadores habrían tenido seis meses y no solo dos (la nueva fecha límite para completar el cuestionario es el 30 de septiembre) para ir puerta a puerta a los hogares que no lo hubiesen llenado de manera voluntaria. Y los promotores habrían podido fomentarlo después de un servicio religioso, en bazares, conciertos o supermercados, lugares claves donde la población latina se congrega.
Aun con todas estas limitaciones, activistas en el sur de Texas, donde vive el 25% de la población del estado pero más del 60% de los hogares no tiene acceso a internet, se han dado a la tarea maratónica de impulsar esta herramienta que le garantiza a las comunidades fondos para un total de 16 programas federales en los próximos 10 años.
Desde Medicaid hasta CHIP, pasando por becas para educación y programas de cuidado tutelar y vivienda, el censo define además el número de sillas en el congreso y los votos electorales. También los recursos para carreteras, escuelas y hospitales. Incluso en medio de una pandemia como la actual, los programas de asistencia laboral, servicios de discapacidad y cheques de estímulo del gobierno federal, llegan a las personas con base en datos del censo.
Texas recibe un poco más de $400,000 millones en fondos federales al año, gracias a los números obtenidos en el censo de 2010, según un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad George Washington. Pero un subconteo de tan solo el 1%, le haría perder al estado $300 millones por año en la próxima década.
Datos del Centro Demográfico de Texas en Houston, demuestran que desde el mismo 2010, los hispanos han contribuido en un 53% al crecimiento total de la población.
A pesar de esta fuerte presencia, el subconteo en esta comunidades es rampante y los impulsores han redoblado esfuerzos para que más personas llenen los formularios a solo dos semanas de la fecha límite. De acuerdo a cifras federales, hasta el 14 de septiembre el 61.5% de los hogares tejanos completó el censo de auto-respuesta en línea, un número ligeramente por debajo del promedio nacional de 65.9%.
Aquí compartimos tres perfiles de estos héroes del Censo, quienes a pesar de la pandemia y gracias a su profunda conexión y trabajo con la comunidad hispana, siguen alentando a las familias a que respondan el cuestionario del censo 2020 para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida durante el próximo decenio.
Juanita Valdez-Cox, la voz de 2,000 familias inmigrantes
Yo cuento! Con esa frase los jugadores del Censo Lote reemplazaron el grito de triunfo del bingo mexicano en las colonias y centros comunitarios de todo el Valle del Río Grande. Allí llegaron con tarjetas coloridas y descripciones educativas los activistas de LUPE (La Unión del Pueblo Entero), quienes desde septiembre del 2019 se dieron a la tarea de promover el censo en una de las zonas fronterizas más pobres y subcontadas del país, donde un poco más del 90% de la población es latina .
“En vez de las figuras de la lotería, todas las tarjetas del Censo Lote educaban sobre el censo, lo que significa para nuestras áreas cada 10 años y la importancia de contarnos al 100%”, dijo Juanita Valdez-Cox, directora ejecutiva de LUPE, desde su casa en Donna, Texas a solo ocho millas de la frontera con México. Esta mujer de 72 años, incansable luchadora por los derechos de los latinos desde hace casi 40, trabajó al lado de los emblemáticos líderes César Chavez y Dolores Huerta en la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW en inglés).
“(El Censo Lote) lo creamos y lo ofrecimos a varias organizaciones comunitarias. Lo jugaban en la casa entre las familias, debajo de un árbol, en el parque. Hasta que la tercera semana de marzo, nos entró lo del coronavirus, y dijimos, y ¿ahora cómo lo hacemos?”
Desde entonces Juanita y un ejército de voluntarios de LUPE, una organización que trabaja en cuatro condados en la frontera con México (Cameron, Hidalgo, Starr y Wellesley) donde viven 2,000 familias inmigrantes, se han inventado de todo para promover el censo decenal.
Como respuesta al distanciamiento social, comenzaron a hacer caravanas, con altavoces y grandes letreros de plástico en sus carros para pasar por los barrios promoviendo la auto-respuesta del cuestionario. Llevaron hotspots a las áreas rurales donde líderes de la comunidad entrenados por LUPE, ayudan a las familias a responder en las tabletas que algunas escuelas proveyeron a los niños.
Han hecho concursos de dibujo infantil para premiar a niños que mostraban a su familia contándose; y los colegios que contaron el mayor número de familias en su colectividad, recibieron becas de 1,000 dólares.
Mientras la gente va a recoger bolsas de comida en las iglesias y los bancos de alimentos, aprovechan para dejar al alcance folletos en inglés y en español sobre el censo. Un abogado de inmigracion contesta preguntas via zoom semanalmente, y allí el mensaje también es compartido.
“Somos una zona con altos contagios de coronavirus y para gente sin documentos que no puede acceder a ayudas federales, fue vital que les reuniéramos fondos”, contó Juanita. “Se dice que los campesinos son esenciales, pero no había ni mascarillas ni guantes para ellos…Al darles tarjetas con dinero para pagar la renta o la luz, les pedimos a cambio que nos traigan una lista de 10 personas que contaron para el censo”, anotó Juanita.
El trabajo de campo no ha sido fácil. Estos condados tienen el mayor número de comunidades no incorporadas, es decir aquellas que ocupan terrenos donde no hay gobierno municipal local. Muchas de estas colonias carecen de alumbrado público, una infraestructura propia de alcantarillado y acceso a internet.
Hasta hace apenas unos años, las viviendas comenzaron a ser enumeradas, es decir que antes en caso de una emergencia no había siquiera como dar una dirección para que llegaran los bomberos o la policía, por ejemplo. Juanita, quien nació en Mercedes de manos de una partera y le costó mucho tiempo regularizar su propio estatus migratorio, se crió en una de estas comunidades llamada Colonia Seca. Recuerda que “nos tocaba hasta robarnos el agua, no teníamos parques ni calles, y nos rociaban con pesticidas”. Hoy dice que los mínimos avances en la calidad de vida en estos territorios han sido precisamente gracias a la lucha campesina.
“Ahora estamos promoviendo fuerte la campaña de conexión a internet. El condado de Hidalgo aprobó 18 millones de dólares para todas las colonias, y las escuelas serán las aliadas. Los niños hoy se sientan afuera de un McDonalds o un Burguer King para agarrar señal para sus tareas. Ahora vamos a vigilar que no se malgasten ese dinero”.
Pese a las limitaciones de conectividad, los organizadores de LUPE siguen usando Facebook, Whatsapp y Messenger para difundir campañas educativas a través de líderes comunitarios que tienen la tarea de contar al menos 10 grupos familiares en sus vecindarios.
Por cuenta de la inmigracion desde México y Centroamérica, muchas familias aquí son mixtas, es decir que sus integrantes pueden ser ciudadanos, residentes o indocumentados, y esta complejidad ha hecho que decidan no participar en el censo por temor a afectar a uno de los suyos. “Desde el 2016, el gobierno sigue poniendo retos, bloqueando que nuestra gente se cuente… ya habían tratado con la pregunta de ciudadanía que querían incluir y que LUPE demandó y testificó en corte federal en Maryland y ganamos… pero para muchas áreas ya era muy tarde, ya el daño estaba hecho”.
En el condado Starr, los habitantes decidieron que no querían contarse. Allí la auto-respuesta quedó en un pálido 37% porque la gente piensa que sus datos, específicamente el estatus migratorio, serán compartidos con el gobierno, lo que los pone en riesgo de deportación. Y en pueblos como Laguna Vista en el condado de Cameron, el porcentaje no ha pasado del 30% porque el acceso es muy limitado.
“Seguimos haciendo miles de llamadas a las áreas más complejas y monitoreamos con una lista para insistir las veces que se pueda”, subrayó Juanita al referirse a las maratones telefónicas que adelanta con un equipo de 43 personas. También han grabado anuncios televisivos junto al Obispo, una monja de la diócesis y otras figuras reconocidas en la comunidad, en la que hablan no solo del censo, sino de las elecciones de noviembre. “No hay cosa que no hayamos tratado, y le vamos a echar ganas hasta el último minuto”, concluyó.
Nestor López, el promotor que le madrugó al conteo
Todos los viernes, estudiantes de distintos distritos escolares del condado de Hidalgo, Texas, cambiaron el espíritu de rivalidad de las competencias deportivas por un desafío más realizable en tiempos de COVID-19: ganarle a las ciudades grandes esta vez recolectando el mayor número de respuestas del censo.
Llamada “Friday Night Lights”, esta campaña de 13 semanas impulsada por la oficina del juez del condado de Hidalgo, puso a los deportistas a dedicar sus esfuerzos a completar cuestionarios hasta llegar a las eliminatorias en las que el distrito escolar de Hidalgo le ganó al de Pharr-San Juan-Alamo.
“Esto nos ayudó a llegar a comunidades pequeñas que no son parte de una ciudad, sino de un distrito”, dijo Nestor López, analista de desarrollo económico de esta oficina y uno de los promotores del censo. “La respuesta fue muy positiva porque no había escuela en este tiempo y los estudiantes aceptaron entusiasmados”.
López, de tan solo 27 años, lidera un equipo de siete personas cuya campaña por el censo comenzó como bien dice “más temprano que en casi todo Estados Unidos”, a finales de 2017. Entonces convocaron a líderes de diferentes sectores educativos, gubernamentales y no gubernamentales, y hasta medios de comunicación que compartían la idea de que “el censo bien hecho nos permite proveer servicios a un número preciso de gente… hoy en día el dinero y la ayuda federal y estatal, está calculado para una cantidad muy baja (de población) frente a lo que es real”.
Aunque el condado de Hidalgo tiene un tamaño parecido al de Harris, donde se encuentra la poblada ciudad de Houston, aquí casi una cuarta parte de la población, es decir cerca de 250,000 personas viven fuera de la jurisdicción de una ciudad. Según datos del censo el 92.5% es de origen hispano. Los problemas del conteo radican en la vasta geografía de 22 jurisdicciones y la posibilidad de que los enumeradores federales puedan tocar las puertas en ciudades como McAllen por ejemplo, pero no así en áreas como Perezville.
Estos distritos no tienen acceso de ningún tipo a Internet, y el panorama se complica por barreras de lenguaje y el desconocimiento mismo de la tecnología. Los planes de ir a iglesias, parques, librerías, bibliotecas, incluso para ayudarlos a conectarse, fueron reemplazados por la presencia de funcionarios con mascarillas y guantes llevando hotspots a eventos escolares, donde las familias van por útiles y comida.
“No es lo más óptimo porque no podemos estar enfrente de alguien ayudando por las regulaciones de distancia, pero llevarles internet, nos ha dado algunos buenos resultados… ahora les toca a los trabajadores federales que pueden tocar puertas manteniendo unas regulaciones diferentes a las nuestras”.
Los mensajes enviados desde la Casa Blanca también han hecho eco aquí erosionando la confianza de quienes no tienen estatus legal, aun cuando ellos saben que la pregunta de ciudadanía no está incluida en el cuestionario. “Mucha gente prefiere no participar, porque tenemos hogares donde viven hasta 12 personas y si ahí vive un tío sin documentos, no van a querer abrir la puerta para no arriesgarse”, aseveró Nestor.
Su oficina está redoblando esfuerzos para contrarrestar el mensaje con presentaciones para padres y estudiantes, videos, gráficos y mensajes de radio en inglés y en español. Voces de pastores y hasta de celebridades, hacen parte de estos materiales. “Cuando le decimos a un padre que si su niño tiene 3 o 4 años y no se cuenta ahora, la siguiente oportunidad no será sino hasta cuando esté en preparatoria o secundaria perdiendo así recursos para su propia educación, eso tiene un efecto positivo”, sostuvo Nestor.
El otro gran reto que enfrentan estos activistas es la movilidad de la población fronteriza. Mucha gente vive en México, pero trabaja en Estados Unidos o vive a este lado de la frontera y cruza a México para visitar familiares o por negocios. Los llamados “Winter Texans” son pobladores que pasan la temporada de invierno en estos distritos del sur que son más cálidos, a veces hasta por seis meses. Y luego hay una población itinerante de estudiantes que viene hasta tres veces al año a vivir en dormitorios de las universidades -una práctica alterada por la COVID-19- que sin duda consume recursos del estado.
“Cada caso es diferente, pero la gente debe ser contada donde vive la mayoría del tiempo, aun cuando eso sean solo cinco meses del año. Hay gente que divide su tiempo hasta en tres lugares”, explicó Nestor. “Si alguien tiene una casa aquí, seguramente necesitará recursos del gobierno”.
El mayor reto de su oficina quizá es que la realidad de la pandemia que ha devastado a estas comunidadescon un alto número de infectados y muertos, es que la gente ha desplazado al censo como prioridad frente a la preocupación por el virus. Pero para Nestor lo que hay que reforzar es su íntima relación. “Si no somos contados no vamos a recibir recursos para emergencias como el COVID-19,, ¿cómo van a llegar dineros para recuperar los sistemas hospitalarios después de esto?… Hace unas semanas nos tocó el huracán Hanna. Sin números precisos, el gobierno no va a saber cómo distribuir elementos de emergencia”, concluyó.
Julie Bazan y un ejército de jóvenes voluntarios
Una caravana de carros decorados con materiales del censo desfila por distintos barrios de los condados de Webb, Dimmit, La Salle y Duval en el sur de Texas. Una oficina de promotores del conteo atiende todos los sábados en Laredo a quienes necesitan ayuda para llenar el cuestionario sin bajarse de su carro, al estilo Drive-trhu, siguiendo las reglas de distanciamiento social por el coronavirus.
Juntas virtuales via Zoom tienen lugar cada viernes con líderes de 35 condados del sur de Texas. Voluntarios participan en bancos de llamadas. Vecinos toman el reto del censo, en el que cada persona contada se compromete a contar a 10 familias en su comunidad. Todas estas estrategias para promover el conteo decenal en estas zonas fronterizas, ocupan la agenda de Julie Bazan, directora ejecutiva del centro de educación para la salud del área fronteriza del Río Grande de Texas (AHEC en inglés) con sede en Laredo, desde 2010.
La acompaña un equipo de cuatro trabajadores de planta y casi 100 jóvenes voluntarios bilingües, estudiantes de secundaria hasta universidad, quienes se han convertido en “la voz de nuestra comunidad con su familia, amigos y compañeros de escuela”, aseveró Julie.
“Si un día te puedes sentar con un joven adulto a platicar algo de provecho, esa persona lo va a compartir con los miles de contactos que tiene, directos e indirectos… su autoestima se transforma porque se sienten más listos para contestar cualquier pregunta. Hoy se sienten con autoridad para hablar del censo”.
Otros cuatro programas similares al de AHEC les ha permitido llegar a 35 condados con ayuda especial de las promotoras, que son valiosos enlaces en las colonias, es decir las comunidades no incorporadas. En estas áreas, donde el 92% de la población es latina, el censo de 2010 apenas contó entre el 56% y el 68% de los habitantes en ciertos distritos. Julie dice que si todos tomaran el reto, llegar a un conteo del 80% sería posible.
En el camino les ha tocado desmentir los mitos sobre este ejercicio: las familias hispanas creen que un enumerador que va a tocar la puerta les va a pedir las escrituras de la casa, o recibos de impuestos, o incluso vender seguros de vida. También hay mucha incredulidad sobre el verdadero servicio que el censo presta. “Hay gente que piensa que es basura, y que sus comunidades no reciben sino las sobras del gobierno federal”.
Pero lo que Julie reitera es que estos fondos no son solamente para gente de bajos recursos “sino que nos sirven para servicios que todos usamos incluyendo calles, carreteras, parques, y las áreas donde vamos a recibir servicios médicos… Aquí (en Laredo) nada más tenemos dos hospitales, si tenemos fondos adecuados habrá más lugares para recibir esos servicios”.
Julie, quien tiene más de 25 años de experiencia en la administración de organizaciones sin fines de lucro, constantemente comparte su número telefónico personal para que la gente la llame por cualquier pregunta. Los miedos frecuentes por el estatus migratorio y los posibles encuentros con funcionarios del gobierno federal, hacen parte de sus conversaciones a lo que ella les recuerda que las respuestas del censo “están más protegidas que ningún dinero de cualquier institución financiera”.
“El congreso aprobó una ley que dice que la persona que divulgue información podría recibir una multa de hasta US$250,000. La información no es compartida con nadie, es para decirle al congreso qué recursos necesitamos”.
La falta de conexión a internet también impera en estas comunidades, aunque hay un acceso más parejo a redes sociales como Facebook. Por eso la campaña de AHEC en esta red social ha sido la más intensa incluyendo mensajes en las páginas de las iglesias y posteando vídeo “selfies” de estudiantes universitarios que promueven la importancia del conteo.
“Tenemos que seguir contándonos, esto no se ha acabado, pero cuando se acabe no vamos a obtener oportunidad de revisar esos números hasta dentro de 10 años, y eso es mucho tiempo”, concluyó.
