Pilar Marrero (Ethnic Media Services)
“Una pesadilla”, es como Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos (NALEO), define lo que la pandemia del Coronavirus significa en relación a los planes de lograr que la comunidad latina del país está lo mejor representada posible en conteo del Censo 2020.
“Seguimos adelante con una nueva estrategia y mensaje, pero en el fondo sabemos que no hay manera de llegar a un conteo total sin las visitas puerta por puerta. Y en este momento no sabemos si el Buró del Censo va a poder estar en la calle haciendo ese trabajo de seguimiento como lo han planeado, en el mes de junio (la fecha original hubiera sido a mediados de mayo). Creo que hacia finales de este mes lo vamos a tener más claro”, apuntó.
A pesar del trabajo que NALEO y otros grupos han realizado y siguen realizando para “voltear el barco” y hacer la transición del anterior plan que incluía cientos de eventos presenciales y seguimientos en persona a la promoción pagada por medios tradicionales y no tradicionales para que los latinos no se queden fuera del conteo del Censo, la confianza en que el resultado sea confiable se está desvaneciendo cada día más.
“Posponer el Censo hasta el año que viene, es una opción que debería estar sobre la mesa”, agregó. “No hay razones para arriesgar la salud de los enumeradores o del público. El Congreso deberá actuar porque los estatutos señalan dos fechas de entrega de estos datos al congreso y a los estados. Brasil ya pospuso su Censo”.
Parte de la pesadilla para Vargas y otros activistas latinos es que hasta ahora la respuesta de esta población ha sido demasiado baja, en promedio. Si bien las comunidades latinas tienden a sufrir de subconteo en cada Censo, este año la situación ya se veía complicada.
El manejo que el gobierno de Donald Trump hizo de los últimos años de preparación del conteo decenal complicó mucho las cosas, incluyendo el intento de incluir una pregunta de ciudadanía que finalmente fue rechazada por la Corte Suprema. No obstante, el daño sigue en pie, ya que las encuestas e investigaciones continúan registrando que muchos latinos aún creen que tendrán que responder una respuesta de ciudadanía en el Censo y los expertos consideran que esto inhibe la participación.
Mientras que a nivel nacional un 48.6% de los hogares del país ya habían respondido al formulario básico de nueve preguntas –cifra hasta el 14 de abril-, las cifras eran mucho más deprimentes en las zonas con alta población latina, explicó Dorian Caal, un investigador y analista de datos de NALEO.
“Si vemos los condados que tienen más de 50% de población latina en todo el país, el promedio de las respuestas es de apenas 23.1%”, explicó. “Para condados con 20% de latinos o más, la respuesta es de 29.8. La verdad es que mientras menos latinos haya en una zona, más alta será la respuesta. En otras palabras, la participación de la población latina sigue siendo muy inferior al promedio, y esto es así en comparación a otras comunidades étnicas”.
Los líderes latinos esperan que la participación latina mejore con el envío de más de 60 millones de cuestionarios impresos a las personas que no han respondido en línea. Las investigaciones señalan que este sistema es más favorecido por esta población.
Algunas ciudades de alta población latina, particularmente zonas rurales con alta presencia de trabajadores agrícolas y migrantes presentan números desesperadamente bajos de respuesta al Censo. Dos ejemplos en el condado agricultor de Fresno: la ciudad de Hurón 6.3% de respuesta y la ciudad de San Joaquín, con 4.6%.
California, como estado, supera el promedio nacional. Aquí, ha llenado el censo el 49.2% de la población, una proporción mayor que la del país, donde es el 48.6%. California ha gastado más de 180 millones de dólares en promoción del Censo para asegurar su pedazo del paste. Estados como Texas, donde el estado no hizo ese gasto, el retorno ha sido menor: 44.2%.
Más grave aún es la situación en las zonas tribales, donde las dificultades de realizar el trabajo puerta por puerta –particularmente cuando muchas naciones tribales están restringiendo el acceso- ha creado un nivel ínfimo de respuesta.
Además, la suspensión de un programa llamado “update and leave” que sirve para reconfirmar las direcciones de hogares altamente móviles o remotos y dejar paquetes del Censo en persona tiene su impacto. A pesar que sólo el 5% de los hogares estaban en esas listas de “update and leave”, algunos estados tienen mayor porcentaje de este tipo de direcciones. Por ejemplo Nuevo México (37.7%) y Alaska (32.4%), dos estados que presentan un bajo nivel de respuesta en estos momentos, dijo Caal.
De un censo exacto depende la distribución justa de más de 1,500 millones de gasto federal y la representación política de los próximos diez años en la nación.
El Buró del Censo no tenía entre sus planes qué hacer si tenía que llevarse a cabo en una pandemia. Apenas tres días después de esta entrevista con Vargas, pasó lo impensable: los líderes del Buró del Censo y el Secretario de Comercio Wilbur Ross, bajo cuyo departamento está el Buró, solicitaron al Congreso un retraso de cuatro meses en las fechas límites obligatorias de entrega de datos de población al ejecutivo y el legislativo.
Al día siguiente, el presidente Donald Trump dijo que quizá ese retraso era “muy poco”, y opinó que quizá “ni hay que preguntarle al Congreso porque se trata de un acto de Dios”, dijo Trump el martes. (El Congreso debe ser consultado porque son fechas estatutarias y establecidas en la Constitución).
Sin embargo para NALEO, el retraso, aunque lógico, presenta serios riesgos para la calidad de los datos resultantes. Y existe el peligro de que el resultado final sea “incompleto e inadecuado”, de acuerdo a un comunicado de la organización.
Vargas hizo un llamado al Congreso a que “intensifique su función de supervisión” de la fase de seguimiento en persona del Censo, para mantener la integridad del proceso. “El Congreso tiene la autoridad y la obligación de trabajar con el Buró para tomar las medidas necesarias para asegurar un Censo exacto de todos los residentes de Estados Unidos”.
La solicitud de los líderes del Censo y el Departamento de Comercio extenderían el período de recolección de datos hasta el 31 de octubre de 2020, la entrega de cifras al presidente y al congreso para el 30 de abril y el 31 de julio de 2021 respectivamente (cuando ya habrá otro período de gobierno, sea de Trump o un nuevo Presidente).
Pero según los expertos “el tiempo no está del lado del Censo”, ya que mientras más se aleja el trabajo de campo de la fecha del 1 de Abril, que es cuando se supone que se toma la “foto” del país (todas las respuestas deben estar relacionadas por ley a quien estaba residiendo en el hogar, en la escuela o en el país ese día, y no después), los datos serán más y más imprecisos.
“La Constitución pone la responsabilidad del censo en las manos del Congreso”, señaló un comunicado de NALEO este martes. “En vista de esa obligación, es tiempo para que el Congreso se aplique a liderar y monitorear intensamente el Censo 2020, si es que vamos a salvarlo”.
