Por: Pilar Marrero / EMS
Muchos se comprometen a seguir luchando para proteger la diversidad en la enseñanza superior y advierten a los responsables políticos y a los educadores de que no se extralimiten en la interpretación de la controvertida sentencia
El jueves 29 de junio, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó 45 años de precedentes al dictaminar que las universidades ya no pueden tener en cuenta la raza a la hora de admitir a los estudiantes.
La histórica decisión, que establece que la acción afirmativa viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución, fue inmediatamente criticada por una amplia mayoría de organizaciones estadounidenses de derechos civiles de todos los grupos raciales y étnicos, cuyos representantes advirtieron a los responsables políticos y a los dirigentes de la enseñanza superior que no se excedieran ni se extralimitaran en la interpretación de la sentencia.
También hicieron un llamamiento a los estudiantes de color, los más afectados por esta sentencia, para que “no ajusten sus ambiciones en modo alguno” como consecuencia de esta decisión.
Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), señaló la opinión mayoritaria escrita por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que establece que los programas de admisión a la universidad pueden considerar cómo la raza ha afectado el carácter de un solicitante específicamente, pero no puede ser una consideración general en las admisiones.
“Eso sería un reconocimiento crítico de que la raza sigue siendo relevante, la discriminación racial sigue siendo relevante. Y eso es una clara indicación de que no se trata de un mandato ni siquiera de una invitación a ignorar la raza en el contexto de la educación superior”, explicó Sáenz durante una entrevista con Ethnic Media Services.
Añadió que “los responsables políticos no pueden utilizar esta decisión como excusa para ignorar la disparidad racial o para ignorar el imperativo de abordarla; esto no cambia la normativa de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964”.
La gaslighting racista
Las facultades y universidades de todo el país, en particular las de aquellos estados en los que la raza aún podía utilizarse como parte de los criterios en las admisiones universitarias antes de esta decisión, deberían evaluar sus prácticas en aras de la equidad, afirmaron líderes en el ámbito del acceso a la educación superior.
“Sabemos que la acción afirmativa era una de las mejores herramientas para garantizar que hubiera un alumnado diverso”, dijo Michelle Siqueiros, presidenta de la Campaña para la Oportunidad Universitaria a EMS, “SCOTUS también debería haber prohibido el uno del legado en admisiones, que hace que más de un cuarto a un tercio de la clase en algunas instituciones selectivas, incluyendo Harvard”.
Añadió que prácticas como el legado (conceder la admisión a los hijos e hijas de antiguos alumnos), la decisión anticipada, las políticas de interés demostrado y el uso extensivo de pruebas estandarizadas “no son buenas para los estudiantes y no amplían las oportunidades a los estudiantes negros, latinos y asiático-americanos de bajos ingresos.”
J. Luke Wood, académico y presidente entrante de la Universidad Estatal de Sacramento, dijo, hablando sólo en su calidad de académico, que el fallo era “el epítome de la gaslighting racista”.
“Si les preocupa la discriminación, deberían alejarse de las pruebas estandarizadas, que indican mejor los recursos de un estudiante” y no sus capacidades. “Esto tendrá sin duda un impacto en el acceso a los colegios y universidades por parte de los estudiantes de minorías”, dijo Wood.
Enviar un mensaje a los estudiantes de color
Los líderes indicaron que les preocupa que los estudiantes reciban un mensaje equivocado de la sentencia y, además, las repercusiones que esto tendría en los estudiantes de minorías étnicas que ya están en centros de enseñanza superior.
“Queremos asegurarnos de que los estudiantes sepan que siguen perteneciendo a la sociedad, que lucharemos por ustedes, y los animamos a que soliciten plaza en la universidad de su elección, y que no se asusten por este dictamen”, dijo Marita Etcubañez, vicepresidenta de iniciativas estratégicas de Asian American Advancing Justice AAJC.
Etcubañez, al igual que otros líderes de los derechos civiles de los asiático-americanos, también se mostró preocupada por el mensaje que envían estas demandas de que estos casos se presentaron en nombre de los asiático-americanos y el argumento de que estos programas de acción afirmativa discriminan a los estudiantes asiáticos. “Esto es sencillamente falso”, afirmó.
“El Tribunal de Distrito examinó todas las pruebas y no encontró ninguna que apoyara la afirmación de que había discriminación contra los asiático-americanos”, dijo Etcubañez. “También quiero asegurarme de que la gente sepa que los asiático-americanos no estaban detrás de este caso; este caso fue presentado por un grupo llamado Estudiantes por una Admisión Justa dirigido por un caballero llamado Ed Blum, que ha participado en una campaña para acabar sistemáticamente con la acción afirmativa durante años. No se trataba de un caso orgánico para corregir un error”.
Blum es un magnate financiero republicano que también estuvo detrás del caso Shelby, resuelto hace diez años por el Tribunal Supremo, que cercenó el derecho de voto de las personas de color.
En una mordaz disidencia del fallo de la mayoría, la jueza Sonia Sotomayor escribió: “Los tres jueces de color de este Tribunal se graduaron en universidades y facultades de Derecho de élite con programas de admisión con conciencia racial, y lograron exitosas carreras jurídicas, a pesar de tener antecedentes educativos diferentes a los de sus compañeros”.
Se refería a ella misma, al juez Ketanji Brown Jackson (ambos disintieron en esta decisión) y a Clarence Thomas, que es afroamericano y lidera el ala ultraconservadora del tribunal.
Estaremos atentos
“Thomas fue a la Facultad de Derecho de Yale, mi alma mater, en una época en la que casi con toda seguridad la facultad utilizaba un sistema de acción afirmativa que le beneficiaba”, dijo Sáenz, de MALDEF. “Esto indica hasta qué punto puede ser una limitación para nuestro futuro. Futuros jueces, futuros líderes, líderes electos y futuros profesionales se verán mermados en sus filas por la decisión equivocada del tribunal”.
Michelle Siqueiros, presidenta de la organización Campaña por la Oportunidad Universitaria, dijo que su organización y muchas otras lucharán para contrarrestar los efectos de esta sentencia, como han hecho en California y otros estados donde las leyes locales limitaron el uso de la raza en la admisión a lo largo de los años.
“No aceptaremos un regreso a los años 40 y 50, cuando las universidades discriminaban descaradamente a mujeres, afroamericanos, judíos estadounidenses, latinos e indígenas en sus campus”, dijo Siqueiros. “Estaremos atentos, y esperamos que los dirigentes universitarios sepan y apoyen y valoren el hecho de ofrecer oportunidades a todos los estadounidenses. Sabemos que esto es un gran paso atrás, cuando tenemos más del 50% de la población en las escuelas K-12 son latinos, afroamericanos y asiático-americanos, entre otros grupos de color”.
