Las nuevas directrices federales para la financiación del acceso a la banda ancha suponen un ataque a la California rural

Por: Especial

PorEdward Kissam / ACoM

El nuevo enfoque de la administración Trump para asignar fondos para el programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha perjudicará a los habitantes rurales de California

Crédito de la imagen: Escuela de Ingeniería Jacobs de la UCSD – Katherine Connor (Publicado vía CC 3.0 – Escuela de Ingeniería Jacobs, UC San Diego)

En nuestra era hiperconectada, la equidad digital es crucial. Ya sea que se trate del acceso a la atención médica, la educación, la gestión de las finanzas del hogar o la participación en asuntos cívicos y debates políticos, contar con una conexión a internet rápida y confiable es vital.

Sin embargo, las nuevas directrices federales para una iniciativa de 42.500 millones de dólares destinada a ampliar el acceso a la banda ancha a las comunidades rurales de todo Estados Unidos obstaculizan precisamente estos esfuerzos.

En el caso de California, la postura del estado sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI), el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral y el cambio climático, lo ha puesto en la mira del nuevo enfoque de la administración Trump para asignar fondos para el programa de Equidad, Acceso e Implementación de Banda Ancha (BEAD). 

Las nuevas directrices, anunciadas el 6 de junio, ofrecen oportunidades fáciles para privar arbitrariamente a California de miles de millones de dólares durante los próximos cuatro años. Los hogares de minorías de bajos ingresos en las zonas rurales del estado se encuentran entre los más afectados.

Aún más alarmante es que este revés llega tras dos años de una planificación estatal visionaria para promover la equidad digital. Incluso antes de que se anunciaran las nuevas directrices de BEAD, California recibió la notificación, el 9 de mayo de 2025, de la cancelación de su Programa de Capacidad de Equidad Digital , lo que supuso una pérdida inmediata de 70 millones de dólares y un indicio de que la financiación futura también podría verse comprometida.

“Como lo determinó el Presidente y como acordó el Secretario Lutnick, el Programa de Capacidad de Equidad Digital, 47 USC § 1723, es inconstitucional y las subvenciones emitidas de conformidad con él se crearon y administraron utilizando preferencias raciales inadmisibles e inconstitucionales”, según una carta del 9 de mayo enviada al Departamento de Tecnología de California , que supervisa los proyectos y la planificación de TI para el estado.

El estancamiento del progreso hacia la equidad digital perjudica tanto a los hogares individuales como a comunidades enteras. Las consecuencias de un acceso deficiente a la banda ancha incluyen:

  • Para los hogares de bajos ingresos : formidables barreras para el aprendizaje en línea autodirigido para el desarrollo de habilidades laborales, así como obstáculos para la concientización sobre los problemas de salud y el acceso a la atención médica.
  • Para las comunidades locales: disminución catastrófica en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense y la respuesta del censo decenal que impedirá que las comunidades reciban su parte justa de los fondos impulsados ​​por el censo

La asignación injusta de fondos federales podría tener un gran impacto en el progreso hacia la equidad digital. Más de la mitad del gasto actual de California en infraestructura de banda ancha (4900 millones de dólares de un total de 7800 millones) provino de fuentes federales, y 1900 millones de dólares provinieron directamente de BEAD.

El último mapa de acceso a banda ancha de la Comisión Federal de Comunicaciones muestra que los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas del norte de California serán los más afectados por las nuevas regulaciones.

Por ejemplo, aunque el acceso a internet de banda ancha está disponible en el centro de muchas localidades, grandes extensiones del este del Valle de Coachella, donde los trabajadores agrícolas viven en remolques, carecen de acceso . El mismo patrón se observa en todos los condados agrícolas del estado.

Más al norte, el gobierno tribal Hoopa y Yurok anunció ambiciosos planes de expansión de banda ancha para brindar servicio a la mayoría de sus residentes en mayo de 2025. Estos planes ahora están amenazados por posibles déficits en el actual presupuesto de equidad digital de California.

Mientras tanto, el acceso a oportunidades de aprendizaje en línea es particularmente crucial en las zonas rurales y los programas de instrucción más eficaces dependen del acceso a banda ancha. 

Según Amanda Bergson-Shilcock, de la Coalición Nacional de Habilidades, «El 92 % de los empleos en todos los sectores y ocupaciones requieren habilidades digitales… Esto no es una opción. Todos en la economía necesitan habilidades digitales».  

Bergson-Shilcock agregó que dar prioridad a la disponibilidad del aprendizaje en línea tiene particular sentido cuando la administración propone eliminar Job Corps, el principal programa de capacitación laboral del país para jóvenes, mientras que también busca un recorte de $1.8 mil millones en el financiamiento general de la Ley de Oportunidades de Inversión en la Fuerza Laboral (WIOA).

Ojalá todo se detuviera allí.

La asignación de miles de millones de dólares en fondos federales para programas sociales, educativos y de salud se basa en gran medida en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), que registra tendencias demográficas y económicas clave en todo el país. Se solicita a los hogares que respondan en línea.

El otro componente importante en la asignación de fondos basada en datos proviene del censo decenal, donde ha habido un recuento insuficiente de los hogares raciales y étnicos, especialmente los de inmigrantes.

La diferencia en la respuesta censal entre las zonas con menor y mejor conexión es notable . Esto se traduce en un subregistro censal final del 7 %, mayor que el de las minorías raciales/étnicas en general. En las zonas rurales, la correlación entre la proporción de hogares en una comunidad con acceso a banda ancha y una menor respuesta de la ACS es drástica.

El recuento insuficiente del censo y la subrepresentación de la ACS se traducen directamente en una pérdida de ingresos para programas cruciales como la educación compensatoria para los distritos escolares con los niveles más altos de pobreza.

California merece la financiación que le corresponde y necesita flexibilidad para abordar no solo las barreras al acceso a la banda ancha, sino también el problema de la asequibilidad. El plan de Equidad Digital de California reveló que el 61 % de los hogares que actualmente carecen de acceso a banda ancha (es decir, unos 2 millones) consideraban el costo como el principal obstáculo para estar conectados.

Los esfuerzos con motivaciones políticas para castigar a California por sus esfuerzos por mejorar las vidas de las familias desfavorecidas y el bienestar de la comunidad también son evidencia del desprecio del actual régimen federal por los derechos de los estados, a pesar de su retórica que celebra los beneficios de un gobierno federal más pequeño y el cambio hacia la flexibilidad del gobierno local.

La revisión de las directrices de financiación de BEAD por parte de la administración Trump constituye un ataque político sigiloso contra las comunidades rurales con concentraciones de minorías étnicas de bajos ingresos e inmigrantes. Erosiona el acceso a recursos en línea cruciales para cuidar eficazmente la salud y las oportunidades económicas, y para garantizar una participación política justa e informada.

En efecto, las nuevas directrices obstaculizan el progreso hacia el objetivo constitucional fundamental de lograr “una unión más perfecta” en el siglo XXI , intensamente informado .

Ed Kissam ha investigado temas relacionados con los datos censales durante más de tres décadas y ha publicado extensamente sobre el subconteo diferencial de trabajadores agrícolas y latinos. Es fideicomisario del Fondo de Donaciones Caritativas de la WKF.

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