San Francisco.- El juez de distrito estadounidense, Charles Breyer, ordenó la restricción temporal de detener temporalmente la militarización de Los Ángeles que el presidente Donald Trump impuso sin la autorización del gobernador Gavin Newsom.
Luego de que el Presidente Donald Trump redobló la apuesta por la militarización del área de Los Ángeles, Newsom y el fiscal General Rob Bonta obtuvieron hoy una orden que bloquea la toma de control de la guardia estatal.
Trump ordenó el despliegue ilegal de cuatro mil soldados de la Guardia Nacional de California y Marines de Estados Unidos con el fin de intervenir en las protestas por las redadas de ICE.
«Nuestro éxito de hoy en los tribunales es una victoria para todos los estadounidenses. La decisión del presidente de usar a las fuerzas armadas contra sus propios ciudadanos amenazó nuestra democracia y nos acercó peligrosamente al autoritarismo. Seguiremos defendiendo nuestra democracia y los derechos de todos los estadounidenses. El país nos observa», expresó Newsom.
La decisión de hoy concedió la solicitud de emergencia del gobernador Newsom de devolverle el control del personal de Cal Guard después de que el presidente Trump y el Departamento de Defensa se apoderaran de manera ilegal e inconstitucional.
La solicitud se presentó como parte de la demanda del Gobernador contra el Presidente Trump, el Secretario de Defensa Pete Hegseth y el Departamento de Defensa (DOD), alegando violaciones a la Constitución de los Estados Unidos y la autoridad del Título 10 del Presidente, no solo porque la toma de control ocurrió sin el consentimiento o participación del Gobernador, como lo exige la ley federal, sino también porque no estaba justificada.
La demanda fue presentada luego de que el presidente Trump declarara la federalización de dos mil miembros del servicio de Cal Guard después de que miembros de la comunidad comenzaran a protestar contra las violentas y generalizadas operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región de Los Ángeles, que comenzaron el 6 de junio.
Militarización ilegal
El 7 de junio, un día después de que comenzaran las protestas, el presidente Trump emitió un memorando que pretendía autorizar al Departamento de Defensa a convocar a dos mil efectivos de la Guardia Nacional al servicio federal por un período de 60 días, y declaraba una «forma de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos» y ordenaba al Secretario de Defensa coordinarse con los gobernadores estatales y la Guardia Nacional para comandar las milicias estatales.
La acción pone en peligro la soberanía de todos los estados del país, ya que su orden no era específica para California y sugiere que el Presidente cree que puede asumir el control de cualquier milicia estatal.
La Constitución de los Estados Unidos y la autoridad del Título 10, invocada por el Presidente en el memorando, exigen que el Gobernador consienta la federalización de la Guardia Nacional, algo que Newsom no tuvo la oportunidad de hacer antes de su despliegue y que confirmó no haber otorgado poco después.
La orden ilegal del Presidente vulnera el rol del Gobernador Newsom como Comandante en Jefe de la Guardia Nacional de California y viola el derecho soberano del estado a controlar y disponer de su Guardia Nacional en ausencia de una invocación legítima del poder federal.
Además, el Departamento de Defensa ha ampliado las funciones de Cal Guard, ordenándoles ayudar a los agentes del ICE en actividades de aplicación de la ley civil, incluido el arresto y la detención de inmigrantes y otras personas que puedan ser sospechosas o acusadas de interferir con el ICE, una violación directa de la Constitución de los EE. UU. y los derechos de los ciudadanos estadounidenses.
