La Coalición Immigrants Are Los Angeles (IRLA) hace un llamado a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles y a la Oficina del Director Ejecutivo para apoyar de una manera más equitativa la segunda ronda del rescate estadounidense del American Rescue Plan Act ( ARPA) que se asignará a finales de este verano.
Para lograrlo, piden que esos organismos se asocien con organizaciones que sirven a los inmigrantes para brindar servicios adicionales, cambios en el diseño del programa y mayor infraestructura.
La IRLA aglutina más de 90 organizaciones de derechos y servicios para inmigrantes y ha desempeñado un papel vital en la implementación de iniciativas a gran escala en todo el condado para promover y expandir el acceso a programas críticos y servicios legales de inmigración.
American Rescue Plan Act ( ARPA) permitirá a los inmigrantes en el Condado de Los Ángeles alcanzar la meta de una recuperación equitativa.
“Estoy emocionada y contenta de hablarles de esta segunda fase que se aprobó la semana pasada, sin duda es el resultado del trabajo arduo de la Asociación de immigration Coalition. Tuvimos la oportunidad de conversar no solo con ellos, sino también con el Departamento de Asuntos Comerciales del Consumidor, y con Iniciativa contra el racismo, la diversidad y la inclusión (ARDI)”, dijo Estefanía López Pérez de Inclusive Action for the City.
Informó que debatieron las diferentes formas de servir mejor a las comunidades de inmigrantes.
“El resultado de esta reunión fue gratificante porque tuvimos la oportunidad de dirigirnos en nombre de estas organizaciones para que sigan adelante y busquen diferentes formas de hacerlo.
“Al mismo tiempo, este grupo de trabajo de diferentes organizaciones abordamos con los titulares comunitarios de los estados los principales problemas que enfrentan los inmigrantes en el Condado de Los Ángeles, y también de cómo podemos servirles mejor”, expresó.
López Pérez explicó que acordaron tres puntos: racismo, recopilación de datos y mejorar el diseño del programa y los servicios son los puntos que acordaron.
“La primera integra a los inmigrantes a los trabajos y estrategias de los condados como el racismo y la diversidad, e identifica las barreras que actualmente enfrentan los inmigrantes al tratar de acceder a los servicios”, dijo.
Con el segundo punto, comentó que lo que desean es mejorar la recopilación de datos para los informes porque teníamos dificultades para obtener información específica de las comunidades de inmigrantes.
“Por lo que queremos trabajar con ARDI para ver cómo podemos tener mejores herramientas de registro para reflejar lo que son nuestras comunidades, y lo que están enfrentando, por lo que incluye las herramientas que están actualmente en línea como la vulnerabilidad COVID-19 y el tablero de índice de recuperación, así como la variedad de otras herramientas”, dijo.
Y finalmente, con el tercer punto buscan encontrar una manera para poder mejorar el diseño del programa y los servicios para nuevamente servir mejor a las comunidades de inmigrantes porque muchos de estos programas que están financiados se ven bien en el papel, pero cuando se trata de distribuir, se encuentran con muchas trabas.
“Hablamos realmente sobre cuáles son esas barreras y de cómo podemos mejorar los programas, así como los servicios para servir mejor a nuestras comunidades”, dijo.
López Pérez indicó que todo se incluirá en un informe que se enviará a los supervisores con recomendaciones, con recopilación de datos, métricas, informes, recomendaciones de políticas y programas,
“Y esperamos que este sea el primer paso de la colaboración continua con estas organizaciones para que podamos continuar con los representantes de los estados de la comunidad brindando información sobre lo que está sucediendo en el terreno, y eso se reflejará en nuevos programas y servicios y fuentes de financiación en todo el condado”, comentó.
Por su parte, Gloria Cruz de la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), habló sobre el presupuesto de 40 millones de dólares, el proceso y el desafío potencial que consideren incluir.
“Queremos asegurarnos de que nuestra Coalición está en comunicación con la junta de supervisores, ya que todos sabemos que los inmigrantes constituyen aproximadamente el 35 por ciento de la población del Condado de Los Ángeles», informó.
Lo que incluye, añadió, a los 805 mil inmigrantes indocumentados que residen en nuestro Condado, y que es un desglose entre los que forman parte de los programas migratorios como: TPS, los beneficiarios de DACA y otras personas que son los condados TDP.
En cuanto al presupuesto actual, dijo que los supervisores están adelantando su moción con el presupuesto recomendado que es de 39.7 millones de dólares.
“Parte de este fondo se destinará a la recuperación de la pandemia de COVID-19 y la recuperación del enfoque de renta variable, así como también de más inversiones en iniciativas impulsadas de manera muy convincente.
“Por lo que queremos ver parte de las conversaciones que hemos tenido con los supervisores dentro de esta asignación, que realmente trabajen en una programación específica que sea inclusiva para nuestra población”, señaló.
Cruz dijo que el plan es seguir trabajando con los supervisores hasta el 4 de octubre, fecha en la se conocerá el presupuesto final.
“Incluidos los presupuestos suplementarios, dónde habrá dólares adicionales invertidos que no fueron invertidos en esta primera ronda, y también estamos analizando los dólares ARPA que se implementarán en los próximos meses”, manifestó Cruz.
Francisco Moreno, del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica COFEM, también urgió que se incluya a los inmigrantes del Condado de Los Ángeles en la distribución de fondos de la segunda fase del Plan de Rescate Estadounidense (ARP), aprobado el año pasado por el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden.
“Seré puntual en nuestras demandas. Pedimos a la junta de Supervisores de Los Ángeles y a la oficina ejecutiva principal para garantizar que los inmigrantes angelinos alcancen la recuperación equitativa de la COVID mediante el desarrollo de un programa de estímulo para proporcionar dinero en efectivo a más de 300 mil hogares inmigrantes que no calificaron para el estímulo federal COVID 19”, dijo.
Al mismo tiempo, agregó, ayudar a las personas sin número de seguro social, y brindar representación legal universal para todos los inmigrantes.
Ayudar a la población especialmente vulnerable que está en peligro de ser deportada del país, y también con servicios legales.
Invertir en infraestructura que se enfoque especialmente en los inmigrantes que enfrentan barreras comunes como la incapacidad de hablar Inglés, las preocupaciones sobre su estatus migratorio, la tecnología, los requisitos de documentación, la discapacidad y más.
En general, brindar servicios de educación sobre los recursos disponibles, seminarios web y brindar la oportunidad disponible para aprender más sobre su preocupación por la carga pública.
Reducir la brecha digital para lograr la equidad digital y continuar con la protección de los inquilinos y la asistencia de alquiler.
Si bien algunos inmigrantes son elegibles para muchos programas públicos que están disponibles, la falta de inversión o acceso a estos programas ha dificultado en gran medida que la mayoría de los inmigrantes aprovechen estos recursos.
Los miembros de la coalición han escuchado historias complejas de inmigrantes que apenas se están enterando de estos programas de recuperación, pero muchas veces después de haber sido rechazados, o también porque no han podido ingresar a los portales en línea. Y sin duda pedimos que ofrezcan programas de asistencia completa a las comunidades de inmigrantes.
Para obtener más información: https://www.immigrantsarela.com
