By Viji Sundaram / ACoM
Más de 200 participantes se concentraron en el Capitolio estatal el 20 de mayo para exigir financiación para ayudas para víctimas de violencia doméstica
Arriba: Más de 200 manifestantes de una veintena de grupos de defensa de las mujeres se concentraron en el Capitolio estatal el martes 20 de mayo para solicitar a la legislatura 250 millones de dólares de financiación única en el presupuesto de 2025-26. (Foto: Viji Sundaram)
SACRAMENTO – “Soy una superviviente de la violencia sexual y doméstica. Me retuvieron como rehén, me golpearon, me violaron, me torturaron y me dispararon”, escribió Elvira Herrera, de la red de soporte de la violencia doméstica del Sur de California.
“Si no existieran los centros de crisis por asalto sexual, nunca habría podido contar mi historia. El personal del centro de crisis por violación me levantó del suelo donde me dejaron morir”, continuó.
La declaración de Herrera se incluyó en una carta enviada el martes 20 de mayo por grupos de defensa de las mujeres de todo el estado, en la que se insta a los principales legisladores a cubrir la importante insuficiencia de fondos creada por los recortes en la financiación federal de los servicios de apoyo a las supervivientes de violencia doméstica y violación como Herrera.
Los grupos, que se concentraron ese día en la escalinata occidental del Capitolio estatal, esperaban que la revisión presupuestaria del gobernador Newsom del 14 de mayo cerrara la brecha.
Los grupos, que se concentraron ese día en la escalinata occidental del Capitolio estatal, esperaban que la revisión presupuestaria del gobernador Newsom del 14 de mayo cerrara la brecha.
No fue así. No había nada en el presupuesto asignado a los servicios para víctimas de violencia doméstica.
“Estos programas son tan esenciales”, dijo Krista Colon, directora de políticas públicas de California Partnership to End Domestic Violence (Alianza de California para Acabar con la Violencia Doméstica), una de las organizadoras de la concentración celebrada para expresar la preocupación por los recortes presupuestarios.
Los más de 200 participantes de aproximadamente 20 grupos de defensa de las mujeres pidieron a la legislatura 250 millones de dólares de financiación única en el presupuesto 2025-26.
“Es una cuestión de seguridad pública”, dijo Colon.
La senadora Susan Rubio habla en el mitin. A su derecha está Krista Colon y a su izquierda Sandra Henriquez, directora ejecutiva de Valor, uno de los cuatro copatrocinadores del proyecto de ley SB 841 de Rubio. (Foto: Becky Wolf)
California recibe subvenciones a través de la Ley federal de Víctimas de Delitos (VOCA) para prestar servicios esenciales a los supervivientes de delitos, incluidos los supervivientes de violencia doméstica y sexual.
Estos fondos ayudan a proporcionar a los supervivientes servicios esenciales como refugios de emergencia, asesoramiento y ayuda económica.
Sólo en California, más de 800,000 supervivientes se benefician de los fondos de la VOCA.
La disminución de las ayudas federales a las víctimas de delitos ha sido motivo de preocupación para los proveedores de servicios en los últimos años. Sin servicios financiados, muchos supervivientes acaban sin hogar.
En 2024, los grupos de apoyo a la violencia doméstica presionaron con éxito al estado para que cubriera un déficit de $200 millones de dólares en el presupuesto del año fiscal anterior.
“No están solas”, dijo a los participantes en la manifestación la senadora Susan Rubio, demócrata por Baldwin Park. Añadió que el trauma que sufren los supervivientes de violencia doméstica “no desaparece sin más”. Necesitan que los proveedores de servicios les guíen en el proceso”.
Autora desde hace tiempo de proyectos de ley para programas contra la violencia doméstica y superviviente ella misma, Rubio levantó el ánimo de los participantes cuando les dijo que el proyecto de ley SB 841, que había presentado dos meses antes, había llegado al Senate Appropriations Committee (Comité de Apropiaciones del Senado) con apoyo bipartidista.
Su proyecto de ley prohibiría a los empleados permitir a los funcionarios federales el acceso a las zonas no públicas de esas instalaciones de los refugios para personas sin hogar, los centros de crisis por violencia sexual, los refugios para víctimas de violencia doméstica y los refugios para víctimas de tráfico humano, excepto cuando lo exija la ley estatal o federal para actividades de aplicación de la ley de inmigración.
De ser aprobada, “los agentes de inmigración que se presenten en esas instalaciones tendrán que tener una identificación válida y una orden judicial” antes de que se les permita la entrada, dijo Grace Glaser, directora de asuntos públicos y política de la coalición nacional de prevención de violencia sexual Valor, uno de los cuatro copatrocinadores del proyecto de ley de Rubio.
Según Glaser, la semana pasada se produjeron dos incidentes en los que funcionarios del ICE lograron acceder a dos centros de acogida para víctimas de violencia doméstica en California.
La oportuna intervención de los abogados de inmigración impidió que se produjeran detenciones.
“En un momento en que estamos viendo la administración federal atacar a las comunidades de inmigrantes, queremos asegurarnos de que todos los sobrevivientes – documentados e indocumentados – son capaces de acceder a tratamiento para sanar y servicios de apoyo”, agregó.
Otras personas que intervinieron en la manifestación fueron la asambleísta Blanca Rubio, demócrata por Baldwin Park y presidenta del Comité Selecto de la Asamblea sobre Violencia Doméstica; la asambleísta Pilar Shiavo, demócrata por San Fernando Valley y Sandra Henríquez, directora ejecutiva de Valor.
Henríquez recordó a los participantes que, ante el déficit de financiación del año pasado, los defensores de víctimas de violencia doméstica consiguieron convencer a los legisladores estatales para que les concedieran los 200 millones de dólares que pedían.
Tras la concentración, muchos participantes se dirigieron a las oficinas de legisladores clave para solicitar apoyo a su petición de financiación.
