Por Alicia Alarcón
Arnoldo decidió quedarse a descansar ese sábado por la tarde en casa. Despidió con un beso a su esposa y a su pequeña hija, con la seguridad de que las volvería a ver en unas horas. Aprovechó para llamar a su hermana. En medio de la conversación, sentado en el pórtico de su casa, vio cómo tres agentes de inmigración (ICE) se estacionaban cerca de su casa. Lo primero que se le ocurrió es que venían por alguno de sus vecinos. Para su sorpresa, vio como los oficiales de inmigración lo señalaron a distancia y empezaron a correr en su dirección con instrucciones tan precisas que no vaciló en obedecer.
El teléfono quedó en el suelo, se tiró boca abajo sobre el piso y puso las dos manos atrás como se lo ordenaron. Sin ninguna explicación fue esposado y llevado a la patrulla con rumbo para él desconocido.
Arnoldo tenía ya 50 años de residencia permanente y gustoso siguió la tradición de su papá y abuelo de servir en el ejército estadounidense. Fotos de él vestido de soldado y un certificado de servicio honorable colgados en la pared de su sala daban prueba de ello.
Para su sorpresa, las autoridades del Homeland Security le informaron que su arresto e inminente deportación se debían a un delito que figuraba en su expediente cometido hacía décadas. Fueron inútiles las súplicas de Arnoldo y sus argumentos de que por ese delito había sido ya encarcelado y cumplido su sentencia, además él era un veterano de la guerra y tenía derechos. Inconmovibles, los agentes le dijeron que no había más que hablar.
Arnoldo cometió el error que a diario cometen miles de personas que sin la representación de un abogado solicitan la ciudadanía, y eso alerta a las autoridades para incluirlos en la lista de ¨criminales¨ con tarjeta de residentes permanentes que deben ser deportados.
Un año y medio estuvo detenido en prisión mientras luchaba contra la orden de deportación. Su esposa Sharon lo visitaba cada semana, su hija Blair de dos años, al ver a su papá, brincaba de gusto, le extendía sus pequeños brazos para que la abrazara. Al darse cuenta que un vidrio sólido la separaba de su padre, se frustraba y estallaba en llanto. No entendía lo que pasaba.
Los ahorros de la pareja junto con los de los padres de Arnoldo se agotaron en abogados sin que ninguno pudiera resolver nada. Hizo lo que hacen miles de hombres y mujeres cuando pierden la esperanza: Firmó la salida voluntaria. Arnoldo fue deportado a su país de origen y sus parientes lo recibieron con muchas reservas. ¨Algo grave ha de haber hecho que lo deportaron.¨ Su caso fue documentado por la Union American de Derechos Civiles (ACLU) y se tomó como base junto con muchos otros para demandar al gobierno federal. Todo se resumía en una simple pregunta: ¿Puede el gobierno federal encarcelar a una persona durante meses, hasta años, sin una audiencia frente a un juez que determine si su arresto es justificado? La primera demanda se entabló en mayo del 2007 y no fue sino hasta el 2013 que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito le dijo al gobierno federal, ¨tú no puedes hacer eso. Una victoria para los migrantes. Eso cambió en mayo del 2016 cuando el gobierno del Presidente Barak Obama solicitó a la Suprema Corte que revisara esa decisión a favor de los migrantes y la evaluara. (Ese fue su regalo de despedida.)
Las Cosas se pusieron peor
El primero de enero del 2017 al asumir a la Presidencia Donald Trump, quien hizo del ataque los mexicanos su lema de campaña ¨Most are criminals and rapists¨ las cosas se pusieron peor, se intensificaron aún más las redadas, las deportaciones, aumentaron lo doble, las amenazas a las ciudades consideradas ¨santuarios¨ se convirtieron en noticia diaria y el Presidente cumplió a cabalidad sus promesas de sacar del país a un número aún mayor que el de su antecesor. .(Y eso que el ex Presidente rompió todos los records en deportaciones, principalmente de mexicanos.)
Gracias al nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia y a los ¨buenos¨ oficios del nuevo Presidente, el pasado 27 de febrero del 2018, la Suprema Corte de Justicia determinó que de acuerdo a la ley de inmigración ¨una cierta clase de personas que no son ciudadanas y que enfrentan un proceso de deportación no tienen por qué ser llevados ante un juez para que éste determine su caso.¨ Esto fue una derrota y un golpe para indocumentados y residentes permanentes que llevan años en la cárcel en espera de que su caso sea llevado ante un juez, que muy bien pudiera decidir si la persona no representa un peligro para la sociedad y otorgarle la libertad bajo fianza. Hasta ahora, son 667 000 las personas que tras las rejas esperan que su caso se decida. Con la indiferencia de la población, con este Presidente y este Congreso, Buena Suerte.
