Los Ángeles.- La revisión del caso de redistribución de distritos de Luisiana por la Corte Suprema este 24 de marzo es considerada crucial para la lucha por una representación justa de los votantes afroamericanos con posibles consecuencias que se extenderán mucho más allá del estado, de acuerdo activistas.
Este caso surge inmediatamente después del histórico caso Allen contra Milligan en Alabama, donde la Corte Suprema confirmó la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, afirmando la necesidad de una representación justa de los votantes negros.
El caso de Luisiana presenta ahora la siguiente prueba importante en esta batalla legal en curso.
Varios líderes convocados por Ethnic Media Services junto a la Coalición de Poder para la Equidad y la Justicia y a Alabama Values, coincidieron en señalar que trabajan activamente en la promoción de mapas de distritos justos y la rendición de cuentas del sistema, garantizando que los votantes negros y otras comunidades minoritarias reciban la representación que merecen.
Lucha tortuosa
Victoria Wagner, asesora del Fondo de Defensa Legal y Educativa de la NAACP, Inc. (LDF), dijo que el camino para llegar a la Corte Suprema con el caso Luisiana contra Callais ha sido largo y tortuoso, e incluyó varias demandas separadas a lo largo de varios años en múltiples tribunales.
Wagner explicó que el camino por el cual llegaron a este momento inició después de que el censo de 2020 revelara que la población negra en Luisiana había crecido mientras que la población blanca había disminuido.
“La legislatura de Luisiana siguió dibujando un mapa que negaba a los votantes negros una representación justa para su delegación en el Congreso”, expresó.
Dijo que esto ocurrió a pesar de que organizaciones como la Coalición de Poder para la Equidad y la Justicia, miembros de la comunidad y abogados habían testificado durante todo el proceso de redistribución de distritos sobre la vulnerabilidad que enfrentaría el estado al violar la Ley de Derecho al Voto.
Wagner agregó que el grupo minoritario más grande de Luisiana son los votantes negros.
“De hecho, aproximadamente un tercio de la población de Luisiana es negra”, comentó. “Tienen seis distritos congresionales, y si bien, la Ley de Derecho al Voto no promete proporcionalidad, sí protege la equidad y busca contrarrestar la discriminación”.
Añadió que en 2022, después de que la legislatura aprobara un mapa con solo uno de los seis distritos que representaba a la mayoría de los votantes negros y les brindaba la oportunidad de elegir candidatos que realmente representaran sus intereses, presentaron una demanda.
La NAACP alegó que el estado violó la sección dos de la Ley de Derecho al Voto.
“Antes de llegar al fondo del asunto, pudimos demostrar que probablemente se violó la VRA, específicamente la sección dos de la Ley de Derecho al Voto. El tribunal prohíbe el mapa”, dijo.
Explicó que pidieron a la legislatura dibujar un nuevo mapa justo, pero no lo aprobaron.
Por dignidad y poder
Alanah Odoms, directora ejecutiva, Unión Americana de Libertades Civiles-Luisiana (ACLU-LA), opinó que la lucha por el derecho al voto sigue estando lejos de terminar tras 60 años de que inició el movimiento.
“Estuve en Selma, Alabama para el 60 aniversario del Domingo Sangriento. Marché con mis hermanos y hermanas de la ACLU de 13 estados del sur con carteles y pancartas exigiendo el derecho al voto como lo hicieron quienes arriesgaron su vida por algo más grande que ellos mismos en 1965.
“Era imposible no sentir la energía de quienes nos precedieron”, manifestó. “Ahora, 60 años después, aquí estamos. Seguimos marchando, luchando y litigando porque, si bien algunas cosas han cambiado, la lucha por el derecho al voto está lejos de terminar”.
La líder de derechos civiles agregó que la historia de Luisiana con el voto es un doloroso reflejo de esta verdad marcada por la exclusión, la discriminación y un esfuerzo intencional por impedir que las personas negras participen plenamente en nuestra democracia.
“En pocas palabras, la supresión del voto en Luisiana es como ponerles una bota en el cuello a los votantes negros”, comentó.
Odoms dijo que activistas y abogados por el derecho al voto piden que se retire esa bota, no temporalmente, sino permanentemente, de acuerdo con la Constitución y la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.
“La historia nos enseña que cuando se avanza, a menudo hay una reacción negativa. Tan pronto como los votantes negros comenzaron a ejercer una influencia real, los legisladores blancos actuaron rápidamente para despojarlos de ese poder”, expresó.
Dijo que votar es más que solo papeletas y elecciones.
“Se trata de dignidad y poder”, señaló. “Se trata de si somos vistos, de si nuestras voces importan, de si este país realmente nos pertenece a todos o solo a unos pocos, por eso no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados esperando que los tribunales hagan lo correcto.
“La justicia no es automática. Es algo por lo que debemos luchar generación tras generación”, agregó. “Es algo que debemos exigir”.
Aumenta participación electoral
Ashley Shelton, directora ejecutiva, Coalición de Poder para la Equidad y la Justicia, brindó perspectivas cruciales sobre las implicaciones del caso de redistribución de distritos de Luisiana para las comunidades negras y minoritarias.
Añadió que la Coalición de Poder ha aumentado significativamente la participación electoral entre las comunidades de color e influido en cambios políticos tanto a nivel municipal como estatal.
Como demandante en el caso, Shelton destacó los esfuerzos de base que han impulsado esta lucha por una representación justa.
“Nuestra coalición se ha dedicado a involucrar a ciudadanos históricamente marginados, asegurándonos de que comprendan el poder tanto de su voto como de su voz”, comentó.
Dijo que la organización trabajó incansablemente durante el proceso del censo movilizando a las comunidades incluso en medio de los desafíos de la COVID-19, para asegurar un recuento preciso de la población.
“A partir de ahí, comenzó la labor esencial de educar a la gente sobre la redistribución de distritos y su impacto en la representación política”, expresó.
Shelton describió la ardua batalla legal que ha conducido a la audiencia ante la Corte Suprema, comparando el proceso con un juego de toboganes y escaleras, con numerosos giros legales.
Dijo que mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar el caso Robinson contra Calais, la Coalición de Poder ha estado educando y movilizando activamente a las comunidades.
“Muchos asumieron que la lucha había terminado tras la exitosa elección de un candidato predilecto en el Distrito seis, sin embargo, con otra impugnación legal en curso, es necesario una participación continua para garantizar la visibilidad y la defensa”, comentó.
Más allá del 24 de marzo, destacó la necesidad de una educación y una defensa sostenidas durante el período de espera para la decisión de la Corte Suprema.
Movilización
Davante Lewis, comisionado de servicio público, Distrito 3 de Los Ángeles, comentó que un cambio político exitoso requiere un enfoque de participación activa de todos: abogar, movilizar y litigar simultáneamente para combatir las desigualdades sistémicas.
“Veo que nuestro futuro requiere mayor participación. Nos exige plantear la cuestión, y que asumamos el riesgo”, expresó. “Vamos a movilizar a los votantes, a impulsar políticas de presión política, a litigar”.
