Los Ángeles.- Los cambios radicales en cuanto inmigración que la Administración Trump realiza, incluso, ante la amenaza de quitar a más de dos millones de personas que obtuvieron su estatus legal, refleja discriminacion religiosa y racial, opino Hiroshi Motomura, co director del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA.
“Pero la administración cita la seguridad nacional”, expresó.
Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha atacado a los inmigrantes legales con protecciones reconocidas, empujándolos a la categoría de “indocumentados”.
Esta estrategia se intensificó después de que un refugiado afgano y ex miembro de una unidad de élite afgana entrenada por la CIA disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C., un incidente que la administración utilizó para culpar a los refugiados, restringir las visas para 19 países y congelar las solicitudes de inmigración afganas.
Al mismo tiempo, mientras Estados Unidos se acerca a un conflicto con Venezuela, está eliminando las vías legales y las protecciones para los venezolanos y otras comunidades.
El resultado es una cancelación masiva sin precedentes del estatus legal para personas que cumplieron con todas las normas, creando un camino directo de la legalidad a la “ilegalidad” que podría afectar a más de dos millones de personas y redefinir fundamentalmente el significado de la inmigración legal.
Entre los grupos afectados se incluyen los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS de varios países y las personas con permiso humanitario, que beneficia a cubanos, venezolanos, ucranianos y muchos otros.
Motomura agregó que lo que pretende la Administración Trumpes generar miedo y que algunas personas se sientan excluidas de la sociedad.
“Hay personas que tienen miedo de viajar. Hay personas que cumplen los requisitos para convertirse en ciudadanos, pero conozco personas que tienen miedo de solicitar la naturalización.
“Consideroque gran parte de la intención de la Administración Trump es asustar a la gente y hacer que se sientan indeseadas”, comentó.
Motomura dijo que la administración ha anunciado su intento de redefinir lo que significa ser ciudadano estadounidense, por lo que se podría hablar de la revocación del estatus legal, incluso de la revocación de las tarjetas de residencia.
“Pero la orden ejecutiva que la administración emitió a principios de 2025, de hecho, les quitaría la ciudadanía a las personas a menos que cumplieran con ciertos requisitos. Tradicionalmente, la ciudadanía estadounidense se basa en el nacimiento en territorio estadounidense, y esto requeriría tener un padre ciudadano o un padre residente permanente legal.
La administración ha dicho que esto solo se aplicará en el futuro, pero en realidad la orden ejecutiva redefinirá la ciudadanía para siempre, y en ese sentido, si se aprueba, les quitará la ciudadanía a muchas personas que la tienen actualmente”, señaló Motomura.
Utilizados
Laura Flores-Perrilla, abogada del Centro de Acción por la Justicia, dijo que la libertad condicional ha sido una herramienta que los gobiernos de ambos partidos han utilizado durante las últimas siete décadas.
“No sólo para proporcionar una vía legal y segura a Estados Unidos, sino también para brindar a las personas la posibilidad de trabajar en el país en respuesta a las graves crisis humanitarias que ocurren en otros países”, comentó.
Dijo que en el segundo día del mandato de Donald Trump, anunció su intención de cancelar el programa implementado por la administración de Joe Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que surgió bajo el gobierno de Biden.
“Pero también de cancelar la libertad condicional en general”, expresó.
Considera que todo esto forma parte de la campaña de la Administración Trump para deslegalizar y privar de estatus legal a la mayor cantidad posible de personas, exponiéndose aún más a situaciones como la deportación y la expulsión.
“Y eso es lo que defendemos en uno de nuestros casos para beneficiarios de libertad condicional que, como saben, tienen estatus legal e hicieron todo lo que el gobierno federal les pidió para solicitarla y ser elegibles, y ahora se les está negando la posibilidad de revocar su libertad condicional.
“Esto es cruel y sin precedentes”, comentó.
Como una moneda de cambio político
La activista venezolana, Adelys Ferro, dijo que lo que escucha constantemente entre la comunidad de su país es el sentimiento de terror, miedo, agotamiento, traición e injusticia.
“Unas 600 mil familias venezolanas han pasado años haciendo todo lo que este país les pidió: Se registran para el TPS, solicitan permisos de trabajo, se presentan ante el tribunal, pagan sus impuestos, crean pequeños negocios y sus hijos asisten a nuestras escuelas, iglesias y universidades, y de la noche a la mañana les dicen que podrían volver a cero”, expresó.
Agregó que sobre el TPS, la gente lo describe como vivir en un estatus permanente y temporal, en cada anuncio o cada decisión judicial, puede cambiar su futuro en un segundo.
“Y así ha sucedido hasta ahora, en nuestros grupos de WhatsApp, nuestra línea directa, nuestras reuniones comunitarias, los mensajes son todos iguales”, añadió.
Ferro compartió que las inquietudes que predominan entre la comunidad es lo que sucederá con sus hijos si pierden su permiso de trabajo, si deberían dejar de conducir por miedo a que los detengan, incluso, algunos se cuestionan si es mejor mudarse de su domicilio para desaparecer.
“También hay una profunda sensación de injusticia”, comentó Ferro. “Aquí es donde estamos. Nuestras familias sienten que las están utilizando como moneda de cambio político desde hace meses, de hecho, desde hace años, pero más que nunca en 2025”.
¿Buscan jueces afines a la Administración actual?
Jeremiah Johnson,ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Jeremiah Johnson, quien recientemente fue destituido de su cargo en San Francisco, se cuestionó si acaso la Administración de Trump está intentando llenar los tribunales de inmigración con jueces más afines a su posición política.
“Cuando se ve el despido de jueces, creo que se ve a la administración intentando eludir la ley, eludir a los jueces y a los tribunales para seguir adelante con este programa. ¿Está la administración intentando llenar los tribunales de inmigración con jueces más afines a su posición política?”.
Agregó que si se destituye a los jueces, se eliminan los tribunales y se elimina el proceso de revisión de casos migratorios.
Indicó que con las detenciones, con los procedimientos de expulsión acelerada, volviendo a un estatus anterior, retrocediendo en el tiempo se está convirtiendo a personas que antes tenían estatus legal en personas con estatus ilegal.
Dijo que sin duda se necesitan más jueces porque aunque se han despedido a 100 no se están nombrando jueces de inmigración temporales.
“Aparte de los jueces despedidos, otros han abandonado el cargo porque se han jubilado o han aceptado el plan de jubilación anticipada. En mi juzgado, en todo el piso del juzgado de San Francisco, hay juzgados vacíos, pasillos vacíos, salas de audiencias vacías, así que no los están reemplazando”, señaló.
Johnson dijo que eso significa más, como la acumulación de casos que crece y crece y que demoran hasta ocho años más.
“Luego tienes a personas en esta situación de espera, y como han comentado otros colegas, eso se está eliminando, ¿y quién va a revisar eso? No hay jueces para revisarlo, lo que lleva a la detención.
“No creo que sea descabellado imaginar un futuro en el que el tribunal de inmigración, o el tribunal de inmigración de San Francisco, u otros tribunales más grandes, sean desmantelados por completo”, expresó.
Si eso sucede, añadió, habrá cientos de miles de personas indocumentadas o personas en el limbo.
“Y cuando llegue el día de su comparecencia ante el tribunal, será cuando el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) los arreste, y luego se encuentren ante un juez, o pasen meses detenidos y finalmente acepten una orden de deportación o salida voluntaria debido a las condiciones en las que se encuentran”, dijo Johnson.
Solo intenta sobrevivir en una encrucijada
Justo cuando Andrea, una dreamer y activistapor los derechos de los inmigrantes, estaba a punto de calificar para DACA luego de 20 años de vivir en Estados Unidos, la Administración Trump arruinó sus planes personales y profesionales al rescindir del programa.
“Cumplía con todos los requisitos”, expresó la joven de 25 años. “Luego volví a solicitarlo en 2021, cuando las solicitudes se abrieron brevemente, y mi solicitud ha estado en espera desde entonces”.
Andrea, quien no compartió su apellido, compartió que llegó al país a los cinco años, creció en el área metropolitana de Washington D. C., Maryland, Virginia, y obtuvo una licenciatura.
“Ahora estoy cursando un posgrado para obtener mi Maestría en Ciencias en Políticas Públicas y Gestión, y como la mayoría de los soñadores, me encuentro en una encrucijada sobre qué hacer a continuación. ¿Adónde voy? Ni aquí ni allá, tratando de determinar cuáles son mis próximos pasos”, expresó. “Solo intento sobrevivir”.
Añadió que siente una amenaza inminente sobre su cabeza y se siente perseguida.
Y ahora más que nunca, bajo esta administración, ha quedado muy claro que estamos bajo amenaza, independientemente de si tienes un estatus liminal, si eres totalmente indocumentado, si eres residente o incluso, si ahora eres ciudadano estadounidense”, dijo Andrea.
