Los Ángeles – La alcaldesa Karen Bass y a varios alcaldes regionales del Condado de Los Ángeles anunciaron que emprenderán una acción legal para detener las redadas inconstitucionales e imprudentes en la región de esta ciudad.
La demanda solicita al tribunal que impida al gobierno de Donald Trump llevar a cabo lo que los demandantes califican como “redadas inconstitucionales”.
“La Administración está utilizando a Los Ángeles como un caso de prueba para ver hasta dónde puede avanzar con su agenda política, dejando de lado la Constitución,” dijo Bass. “La Ciudad de Los Ángeles, junto con el condado, las ciudades, organizaciones y angelinos de todo L.A. llevan a la Administración ante los tribunales para detener esta clara violación de la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal».
Aseguró que los líderes no se dejaran intimidar: estamos haciendo de Los Ángeles el ejemplo de cómo las personas que creen en los valores estadounidenses se mantienen unidas y firmes.
Hydee Feldstein Soto, abogada de la ciudad de Los Ángeles, dijo que el argumento, es que el gobierno federal concentra a miles de agentes de inmigración armados, muchos sin portar identificación visible, y tropas militares en las comunidades angelinas, llevando a cabo redadas inconstitucionales, detenciones masivas y arrestos anónimos.
«Están sembrando miedo y caos entre nuestros residentes», resaltó. “La moción de intervención presentada hoy demuestra que no nos quedaremos de brazos cruzados permitiendo que estas redadas continúen o se conviertan en la norma en nuestras comunidades”.
El eje central de este esfuerzo es una solicitud para intervenir en una demanda colectiva, Perdomo v. Noem, presentada en nombre de personas que han sido detenidas o interceptadas ilegalmente por agentes federales.
La demanda alega que agencias federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han realizado redadas migratorias inconstitucionales e ilegales, al apuntar contra angelinos por su raza o etnicidad percibida, y negarles el debido proceso garantizado por la Constitución.
A través de un comunicado, el alcalde de Culver City, Dan O’Brien, quien no pudo asistir al evento debido a conflictos de programación, opinó que la extralimitación federal perjudica a la comunidad, fractura a familias y amigos inmigrantes.
“Gracias a la alcaldesa Bass y a la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles por presentar esta demanda. Agradezco que Culver City, junto con otras ciudades del oeste, pueda unirse a ustedes para adoptar esta postura”, comentó.
El anuncio se da después de que agentes federales marcharan por el Parque MacArthur y se desplegaran vehículos militarizados en las calles mientras niños asistían a un campamento de verano, aparentemente con el único propósito de infundir miedo en Los Ángeles.
Bass y otros funcionarios electos dejaron claro que no aceptarán que la presencia de tropas federalizadas y vehículos de estilo militar en nuestras calles se vuelva un comportamiento normalizado, y utilizarán todos los recursos disponibles para poner fin a estas redadas imprudentes.
La alcaldesa también se reunió con el Cónsul General de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, mientras continúa buscando formas de apoyar a los angelinos que se han visto afectados.
