Los Ángeles.- Según destacados académicos de la democracia, durante el primer centenar de días de Donald Trump en el poder en su segunda administración, ya existen serios indicios de que el país se aleja de ser un gobierno democrático.
Los expertos opinaron que la preocupación pública sobre el rumbo del país ha aumentado considerablemente.
Durante la conferencia virtual organizada por American Community Media, los expertos agregaron que de acuerdo a encuestas recientes, se refleja, incluso, una creciente sensación de alarma.
Un sondeo no partidista del Instituto de Investigación de la Religión Pública (PRRI) reveló que el 52 por ciento de los estadounidenses está de acuerdo con la afirmación de que Trump es «un dictador peligroso».
Una nueva encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos revela que el 49 por ciento de los encuestados cree que el presidente está expandiendo su autoridad, violando el Estado de derecho y alejando a la nación de sus principios fundacionales.
Los académicos dijeron que en el centro de esta preocupación se encuentra un patrón: Trump afirma cada vez más que su poder presidencial es absoluto e incuestionable.
Dijeron que la política del republicano ataca rutinariamente al poder judicial, coloca a sus leales en lugar de a expertos cualificados y trata a instituciones cruciales, incluidas las universidades y la prensa independiente, como enemigas del Estado.
Opinaron que la administración de Trump parece utilizar las herramientas del gobierno para recompensar a sus aliados y castigar a la disidencia.
En resumen, dijeron que estos son indicadores clásicos de un país que se aleja de la democracia.
Drástico y rápido
Lucan Ahmad Way, profesor de Democracia del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto dijo que el autoritarismo que se experimenta en Estados Unidos bajo la administración de Trump esmucho más drástico y rápido de lo que se esperaba.
“Es decir, este es un esfuerzo mucho más rápido por imponer el autoritarismo que el que hemos visto en lugares como Turquía, India, o cualquiera de esos lugares. De hecho, esa es la gran diferencia.
“Ytambiéneltipode despreciomanifiestoporlostribunales,susfallosyla legalidad”, añadió.
Dijo que antes de la investidura de Trump se esperaba un camino mucho más acorde con casos como el de Hungría y Polonia.
“Que relativamente fue lento y legal en su ataque al autoritarismo implicó cambios en las leyes sobre cómo despedir a los funcionarios, etcétera”, comentó.
Ataques retóricos y legales vs sistema judicial
Aziz Z. Huq, profesor de derecho de Frank y Bernice J. Greenberg de la Universidad de Chicago, dijo que en los primeros meses de la administración Trump, se ha observado un patrón de incumplimiento parcial de las órdenes judiciales y un amplio ataque, tanto retórico como legal, contra el sistema judicial, en la medida en que actúa como un freno al poder ejecutivo.
“Primero, en el contexto de la inmigración y en el contexto del gasto público donde ha habido órdenes judiciales que han exigido acciones que, en mi opinión, no son plausibles para hablar de cumplimiento de buena fe”, comentó.
Huq explicó que en respuesta a la presión de los tribunales, se observa, no solo ataques retóricos de la Casa Blanca y de sus aliados en el Congreso, sino también ataques de entidades privadas asociadas con el movimiento político del presidente, que han señalado a ciertos jueces y a sus familias para desacato público y amenazas, quizás algo peor.
“Por lo tanto, creo que es importante analizar el patrón de incumplimiento en el contexto de una campaña más amplia para disuadir o intimidar a los jueces federales de emitir órdenes adversas a la administración.
Ante esto, agregó, los jueces no tienen muchas opciones como cuando el juez (James E.) Boasberg del Distrito de Columbia activó lo que generalmente se considera la opción más importante, que es la posibilidad de un procedimiento por desacato mediante el cual se imponen sanciones penales a funcionarios o abogados del gobierno.
“El tribunal de apelaciones de Washington, D.C., suspendió el procedimiento por desacato del juez Boasberg a mediados de abril, por lo tanto, aún está por verse si esta herramienta de los tribunales para forzar el cumplimiento funcionará.
“Aunque hemos tenido múltiples instancias, en cuyo orden las órdenes no se han obedecido”, dijo Huq.
Aterrador
Gloria J. Browne-Marshall, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Justicia Penal John Jay (CUNY), dijo que de acuerdo a los abusos de poder mediáticos, todo indica que se está acostumbrado a estos métodos de socavar la ciudadanía y las protecciones constitucionales en lo que respecta a las personas de ascendencia africana y otras comunidades marginadas política o económicamente.
“Pero siempre se asumió en este país esto tendría un límite, pero lo único que hicimos como nación fue insensibilizarse a los clamores de esas personas y sus argumentos, y en muchos sentidos, preguntarnos ¿qué están haciendo mal para no ser parte de la familia estadounidense y ser ciudadanos de pleno derecho?”, expresó.
Browne-Marshall añadió que la práctica de la crisis constitucional se está extendiendo a otros grupos y eso asusta a muchas personas que estaban acostumbradas o insensibles al hecho de que los derechos constitucionales, las protecciones a la libertad de expresión, la igualdad de protección y otros derechos bajo la Constitución, como el derecho al voto, estaban siendo ignorados en su mayor parte.
“Entonces empezamos a ver cómo se les quita la ciudadanía a los estudiantes internacionales y pensamos que hicieron algo, pero no son solo estudiantes extranjeros, sino estudiantes en general. No estamos seguros de si son ciudadanos o no. ¿Nos estamos haciendo esa pregunta?”, comentó.
Dijo que la preocupación es que quienes votaron por Trump consideran que están acostumbrados a esas personas.
“Quizás dirigidos a grupos de orientación sexual, de negros, latinos, inmigrantes, esos son los que se supone que se llevan la peor parte del desprecio constitucional”, expreso Browne-Marshall. “Al observar la expansión del abuso de poder es aterrador”.
