Por: Nora Estrada / Kiosko News
Una y otra vez el presidente electo Donald Trump amenaza con realizar deportaciones masivas cuando asuma al poder, con lo que siembra el miedo, pero expertos en inmigración opinan que el gobierno no tiene ni la capacidad ni el presupuesto para cumplir esa promesa porque se requieren hasta billones de dólares.
Desde hace semanas, Trump empezó a armar su gabinete, algunos candidatos se le han caído por su turbio pasado, pero los que aún se perfilan para afianzar puestos prometen seguir la misma línea del presidente electo en cuestión de la seguridad fronteriza y las restricciones a la inmigración, lo que indica es el foco central de la nueva administración.
Pero, ¿qué significa esto para los inmigrantes y las familias de los inmigrantes, sus comunidades? ¿Cómo podrían ser las “deportaciones masivas”? ¿Y cuál es el efecto potencial de algunas de sus políticas sobre los inmigrantes legales y los ciudadanos naturalizados?
Durante la conferencia semanal organizada por Ethnic Media Service, “Qué significa una victoria de Trump para los inmigrantes y qué podría suceder a continuación”, los ponentes también argumentaron que el plan migratorio propuesto por Trump causaría un colapso económico.
“Se está hablando de una deportación masiva, lo que representa salir a buscar y a los inmigrantes, y para eso se requiere presupuesto millonario y simplemente no tienen la capacidad. En primer lugar, no sabemos dónde está la gente. Y es extremadamente caro y se necesita mucha gente que actualmente no existe”, dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración.
Explicó que la capacidad actual de detención de inmigrantes en el país es de unos 50 mil.
“Pero si están hablando de deportar a 13 millones de personas, habría que preguntarse ¿Construir nuevas instalaciones? Eso es necesario, y luego hay que resolver en los tribunales si estas personas deberían estar aquí o no”, dijo.
Robbins indicó que en este momento, el atraso es de más de un millón de casos en los tribunales.
“Se necesitan unos cinco años para determinar si alguien debe obtener asilo. Por lo tanto, se necesita un nuevo grupo de jueces y propietarios de asilo. Luego hay que hacer que la gente regrese a casa. ¿Y cómo lo vamos a hacer?”, expresó.
El ejecutivo añadió que en caso de realizarse las deportaciones masivas como propone el presidente electo costaría 315 mil millones de dólares.
“Y si tratamos de trasladar a un millón de personas al año costaría unos 88 mil millones de dólares al año. Es casi un billón de dólares en una década”, reafirmó Robbins. “¿Dónde está eso?”.
Miedo y devastación económica
Greg Chen, director sénior de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), opinó que la estrategia de Trump es intimidar y amenazar con deportaciones, pero también devastar ia la economía
“El miedo y la intimidación. En segundo lugar, está la legalidad de lo que va a hacer la nueva administración, y, por último, el impacto económico. Al igual que Jeremy opino que las actividades de cumplimiento que la nueva administración está planeando hacer y aumentar, ya sea en la frontera o en el interior, requerirán más recursos”, comentó.
Dijo que la administración de Biden ya ha desplegado al máximo los recursos existentes de ICE y CBP para hacer cumplir la ley.
“Han sido bastante agresivos en lo que están haciendo”, comentó. “No tienen mucho más personal para hacer eso”.
Dijo que en cuanto al factor miedo e intimidación que infunden en las comunidades, ya se deja sentir en AILA.
“Tenemos personas que están llamando a nuestros abogados, incluso, personas con estatus legal que tienen miedo de que los detengan también porque los van a perfilar. Esas son preocupaciones legítimas en este nuevo entorno en el que nos encontramos, y es por eso que menciono el punto de la legalidad. Hay requisitos sobre cómo deben actuar las fuerzas del orden federales. Deben respetar las leyes federales, incluidas las leyes de derechos civiles”, añadió.
Dijo que las amenazas de Trump en cuestión migratoria no están dentro de la legalidad,
“Incluida la movilización de la Guardia Nacional, No la puede movilizar para los fines que dice porque no está capacitada en la ley de inmigración”, dijo.
Chen destacó que eso dará como resultado más violaciones de los requisitos legales federales existentes, tanto en el ámbito de la ley de inmigración, como las evaluaciones adecuadas para SAM, así como para el acoso por violación de los derechos civiles.
En cuanto al impacto económico, dijo que el Consejo de Inmigración Estadounidense ha hecho un trabajo increíble en este ámbito al intentar hacer una estimación.
“Estaba en la frontera sur de Arizona. En la esquina suroeste del condado de Yuma dependen increíblemente de la mano de obra migrante para la agricultura”, comentó.
Dijo que las empresas de la región están muy preocupadas por asegurarse de que la mano de obra pueda satisfacer sus necesidades.
“Vamos a ver la devastación en todo el país de empresas e industrias en casi todos los sectores económicos, y eso es algo que no va a ser bueno para el país.
“Yo le diría a la nueva administración que no sería una política inteligente que ellos impulsarán sus planes, ya que la economía aparentemente era lo más importante para los votantes”, dijo Chen.
Desintegración de comunidades
Elizabeth Taufa, abogada de políticas y estratega del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco, consideró que el efecto de las deportaciones masivas lo que planea hacer la nueva administración republicana no solo será económico, sino también psicológico.
“Creo que existe esta narrativa de camiones que se desplazan por comunidades y personas, redadas en casas, redadas en lugares de trabajo y todo eso es, ya sabes, muy, muy real.
“Pero creo que también debemos hablar sobre el efecto en la comunidad, no solo el efecto económico en las comunidades, sino el efecto emocional y psicológico”, comentó.
Opinó que aunque el gobierno federal no tenga los recursos para poner en marcha un plan de deportación masiva, la campaña de miedo e intimidación está funcionando.
“Y seguirá funcionando”, agregó. “Y obviamente están los impactos económicos. El impacto en el bienestar emocional de las comunidades. Son familiares, miembros de la iglesia, compañeros de iglesia, compañeros de trabajo, los hijos de las personas que van a la escuela.
“Y ¿cómo se ve la deportación masiva a nivel comunitario? Parece que los niños no van a la escuela porque sus padres tienen miedo de ser deportados”, expresó.
Dijo que ya de por si la sociedad enfrenta el problema de escasez de personal en varios sectores, la situación empeoraría significativamente.
“Parece que hay menos profesores. Hay mucha gente aquí con estatus temporal como TPS y DACA que son profesores. Y ya nos enfrentamos a una escasez de profesores. Así que se trata de la desintegración de nuestras comunidades estadounidenses, y esto afectará mucho más a las comunidades rurales que a las urbanas”, señaló Taufa.
¿Deportaciones aceleradas?
Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración del Migration Pocillo Institute (MPI), opinó que solamente la amenaza de Trump de deportar hasta un millón de personas es suficiente para mantener a los indocumentados atemorizados.
“Durante la campaña electoral hemos escuchado amenazas de deportar a todos los inmigrantes no autorizados del país, o un millón al año. En el año de mayor número de deportaciones desde el interior de los Estados Unidos, que fue en 2009, hubo 238 mil deportaciones.
“Por lo tanto, (Trump) necesitaría una enorme infusión de recursos, más personal, más centros de detención, más procedimientos en tribunales de inmigración, más aviones y más autobuses”, dijo.
Gelatt dijo que es bastante difícil imaginar el tipo de escala con la que se ha amenazado, pero el solo ruido a su alrededor puede hacer que la gente tenga miedo”, complementó.
Agregó que por eso creo que es muy importante que se pongan algunos límites a eso.
“Y que todos seamos realistas sobre lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que podría ser posible”, expresó.
La directora asociada del MPI añadió que existen algunas herramientas que la administración entrante de Trump podría usar para intentar aumentar el alcance.
“Podrían usar más un proceso de deportación rápida llamada deportación acelerada”, dijo. “Es difícil saber exactamente cómo se podría llevar a cabo eso o la legalidad exacta de cómo se podría llevar a cabo”.
Y luego, agregó, se verá un desarrollo de manera muy desigual en las localidades.
“Una de las razones es que la mayoría de las deportaciones tienden a ocurrir con personas que han tenido relación con la policía local, ya sea que hayan cometido un delito importante o que hayan sido atrapadas conduciendo sin licencia en un estado donde las licencias no están disponibles para ellos.
“Las políticas que tienen las jurisdicciones locales sobre la cooperación con el ICE se vuelven muy importantes”, comentó.
Gelatt dijo que el solo hecho de transferir a las personas al ICE puede realmente dar forma al nivel de deportaciones en una comunidad que se realizan a través de las fuerzas del orden locales.
“Así que podemos ver que los estados republicanos tienen niveles más altos de personas que son transferidas al ICE, a los agentes federales, y deportadas, contra los estados demócratas donde tienen políticas de no cooperación”, explicó Gelatt.
