Temen que senadores ‘jueguen’ otra vez con tema de legalización de millones 

Por: Nora Estrada
El proyecto de ley para legalizar a millones de indocumentados esta en manos del Senado de Estados Unidos.

Los Ángeles.- Con la aprobación de la Cámara de Representantes del proyecto de ley para legalizar a millones de indocumentados, pro inmigrantes piden a los senadores que no jueguen a la política y dejen de usar a los migrantes como peones de las elecciones de acuerdo a sus conveniencias.

El 18 de marzo, la Cámara aprobó el proyecto de ley HR 6, conocido como la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021 que tiene como objetivo proporcionar alivio de la deportación a casi tres millones de personas, incluidos los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS y a los hijos de DALCA, dependientes de trabajadores extranjeros altamente calificados que envejecen fuera de su estatus una vez. cumplen 18 años. 

La Cámara también aprobó HR 1603, la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que permitiría a los trabajadores agrícolas, y sus cónyuges e hijos, obtener un estatus legal. 

Varios expertos y pro inmigrantes participaron en una conferencia virtual organizada por Ethnic Media Services para analizar ambos proyectos de ley y ofrecieron perspectivas sobre si los proyectos de ley serán aprobados por el Senado, junto con posibles compromisos y estrategias.

La verdadera batalla por ambos proyectos de ley, HR1603 y HR6, es en el Senado, donde los proyectos de ley requieren una mayoría de 60 votos para aprobarse. 

Para superar las limitaciones de una división 50/50 en el Senado, los demócratas deben reclutar los votos de al menos 10 representantes.

NO HAY TIEMPO PARA EXCUSAS 

José Muñoz, director de Comunicaciones de United We Dream, opinó que la única manera de realmente dar protección a la gente indocumentada es que el Senado pase el proyecto para un camino a la ciudadanía.

“Y lo deben hacer pronto. No hay tiempo para excusas. Nuestras comunidades necesitan ayuda, alivio y lo necesitan ahora.

“Los demócratas que están a cargo de las Cámara, el Senado y la Casa Blanca deben hacer todo lo que se requiera y que esté en su poder para que nuestras comunidades obtengan todo lo que necesitan.

DACA dreamers
El proyecto de ley HR 6, conocido como la Ley de Promesa y Sueño Americano, daría alivio a casi tres millones de personas, incluidos los beneficiarios de DACA, los titulares de TPS y a los hijos de DALCA.

El protegido bajo el programa DACA que llegó a Estados Unidos a los tres años de edad, agregó que en este caso los demócratas no deben permitir a los republicanos que obstruyan este proyecto. 

“Han pasado 35 años desde que se pasó un camino a la ciudadanía para la gente en general, ya es tiempo que los demócratas usen todas las herramientas para asegurarse que esto pase. No podemos seguir excluyendo a millones de personas cuando este país va hacia la recuperación. Biden y los demócratas deben tomar acción pronto manifestó Munoz.

Theresa Cardinal Brown, directora general de Inmigración y Política Transfronteriza, en el Bipartisan Policy Center, explicó que el proyecto de ley HR6 otorgaría el estatus de residente permanente condicional por 10 años a quienes que tenían 18 años de edad o menos cuando ingresaron por primera vez a Estados Unidos y han estado físicamente presentes de manera continua en el país desde enero del 2021.

“Deben aprobar una verificación de antecedentes y completar sus programas educativos, o el período de servicio militar o estar empleados”, explicó.

Indicó que quienes reciban la cancelación de la deportación bajo el estado de TPS o DED, serían elegibles para la residencia permanente dentro de los tres años a partir de la fecha de promulgación (de la ley)”, dijo. 

“Las estimaciones del Instituto de Política Migratoria indican que hasta tres millones de personas serían elegibles y también deben aprobar una verificación de antecedentes y completar sus programas educativos, o el período de servicio militar o estar empleados”, añadió.

LA LEGALIZACIÓN DARÍA DIGNIFICACIÓN SALARIAL A CAMPESINOS

Para Laydy Rangel, de la Fundación de trabajadores Agrícolas Unidos y protegida bajo el programa DACA, si el Senado aprueba la enmienda aprobada por el Congreso, la HR1603 permitiría dignificar el salario de los trabajadores agrícolas.

La medida fue aprobada el pasado 18 de marzo en la Cámara con 247 votos a favor (30 republicanos) y 174 en contra y busca dar un camino hacia la residencia legal y a la ciudadanía a cerca de 1.1 millón de campesinos.

“Cobijaría a quienes certifiquen 180 días de trabajo agrícola durante los dos años anteriores al 8 de marzo de 2021 y pasen una verificación de antecedentes penales. El estatus tendrá una vigencia de cinco años y medio y podrá prorrogarse”, dijo Rangel en una teleconferencia organizada por Ethnic Media Services.

El proyecto, explicó, también modifica la H2, una visa agrícola temporal para futuros trabajadores. 

“Les garantiza un número mínimo de horas de trabajo independiente del clima y otras circunstancias atenuantes, y les ajusta el salario. Sus familiares inmediatos también podrían solicitar ese permiso de trabajo y así protegerse de la deportación.

“Durante la pandemia”, añadió, “los trabajadores agrícolas han sido mas vulnerables que nunca y son más vulnerables que muchas otras comunidades en cuanto a contraer Covid-19”.

Explicó que este segmento de la población generalmente viven hacinados y viajan en grupos en autos para trasladarse a los campos.

“Con la aprobación de ese proyecto ellos podrán mejorar sus condiciones de vida y evitar los abusos y otros problemas relacionados, que aunque son profesionales, se les paga muy poco”, comentó.

La activista dijo que ella decidió romper con el ciclo de pobreza educándose.

“Yo también he sido trabajadora agrícola y mi madre, mi padre, hermanos y primos  siguen trabajando también en la agricultura, y todos ellos se beneficiarían.

“Yo trabaje en eso para ir al collage”, expresó Rangel, quien ha trabajado en la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos por 15 años movilizado a trabajadores agrícolas en todo el país abogando por políticas equitativas en cuanto a leyes de migración, y derechos laborales.

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